“Quiero ver la posibilidad si es viable que el gobierno municipal adhiera de manera directa al protocolo de seguridad de Nación. El Estado no puede permitir que se imponga la anomia, es decir el desconocimiento y el respeto de las leyes, porque entonces su existencia no tendría razón de ser”, enfatizó el intendente, al criticar la supuesta “no adhesión” del gobierno de Omar Gutiérrez a la norma.

Sin embargo, desde el gobierno provincial se negó que Neuquén no adhiriera al protocolo presentado por la ministro de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. “En realidad, lo que se está haciendo es evaluar en profundidad, antes de expedirse al respecto”, se informó desde el Gobierno, ante la requisitoria de este diario.

Más allá de lo que el gobierno neuquino dice al respecto (poco, por ahora), es cierto que la coyuntura, de negociación con sensibles dirigentes sindicales del Estado, no es la mejor para abundar sobre un tema que ha sido tildado directamente como “criminalización de la protesta” por los gremios adheridos a la CTA.

En cambio, Quiroga no tiene dudas.  “El Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos formales fijados por la Constitución Nacional y transitar libremente es uno de esos derechos”, dijo el jefe comunal, remarcando que “es el Estado quien tiene la tutela del espacio público porque de lo contrario se impone la ley del más fuerte”.

“Una cosa es la protesta social, que puede tener causas legítimas, pero otra cosa es avanzar sobre los derechos del resto de los ciudadanos, obstaculizando el desarrollo de su vida cotidiana”, dijo Quiroga, reiterando conceptos que ha esgrimido a lo largo de toda su carrera política.