El 27 protestan jueces y funcionarios por una nueva realidad en seguridad y justicia.

Jueces, fiscales, defensores, secretarios y funcionarios de los poderes judiciales y de los ministerios públicos se manifestarán, el 27 a las 13, en todo el país --en el Chaco lo harán a las 12--, en los espacios públicos de los distintos edificios, en apoyo al tratamiento de diversas propuestas para la construcción de una nueva realidad en seguridad y justicia.
Jueces y funcionarios sostienen en su convocatoria que la sociedad está prisionera entre el miedo y la impotencia y también la Justicia padece la situación, atravesada por realidades cada vez más difíciles de gobernar. Argentina produce más de 4.000.000 de conflictos que se judicializan por año. De ellos, una cifra cercana a la mitad se trata de asuntos penales. Con esta cantidad de casos no pueden convivir la población ni el sistema judicial, se haga con él lo que se haga. Las cárceles en todo el país están superpobladas, las leyes penales fueron endurecidas pero la situación no cambia.

Los magistrados y funcionarios explican y brindan su opinión respecto de estos problemas:

Poner en valor la ley reducción de la cifra de conflictos

Debemos reducir, entre todos, la cifra de conflictos con un nuevo pacto respecto de la vigencia de la ley y el respeto por los derechos del otro, los que no pueden quedar librados a la sola acción del control estatal con sistemas judiciales y policías desbordadas. Poner en valor la ley es tarea, antes que nada, ciudadana. La política debe liderar los procesos de acuerdo y cambio, con planes urgentes y concretos que incluyan educación y participación para compartir el esfuerzo en el sostenimiento de la ley. Sobre ellos podemos aportar algunas medidas, aunque reconociendo que excede este campo la competencia y responsabilidad judicial.

Mediación extrajudicial

Llevar la mediación a un punto de actuación que la convierta en el primer nivel de respuesta al conflicto, para que sean las propias partes interesadas las principales protagonistas del hallazgo de la solución. Para eso hace falta más que leyes. Se necesitan planes integrales de fomento a la mediación, con campañas de difusión, alicientes de uso, disponibilidad, gratuidad, junto con consecuentes medidas de desaliento al pleito tradicional. El objetivo por lograr es que el litigio ocupe un lugar subsidiario dentro de los mecanismos de solución de las disputas.

Justicia simplificada

Debemos descargar de los sistemas judiciales 2.000.000 de casos por año, en parte evitándolos mediante prevención eficaz, en parte transfiriéndolos de los pesados y colapsados sistemas formales a un nuevo sistema más ágil e informal, de justicia simplificada y de proximidad geográfica. Para construir este cordón de atención primaria del conflicto resulta imprescindible el concurso de los tres poderes del Estado en los niveles nacionales y provinciales. Imaginamos acuerdos inter-poderes e inter-jurisdiccionales que posibiliten la instalación de nuevos jueces, con base edilicia y apoyatura en delegaciones municipales, que puedan actuar con procedimientos simples, concentrados y orales, privilegiando el acuerdo y la restauración para desplazar el largo y engorroso combate judicial propio de los asuntos complejos.

Priorizar la atención de los casos más graves

En materia de justicia penal se deben realizar las reformas necesarias para que los fiscales puedan priorizar la atención de los casos más graves, seleccionando los asuntos en que acusarán, adecuando en las leyes el rol de la víctima en el proceso, para que pueda ejercer un adecuado control e impulso sobre su marcha.

Mayor velocidad en los casos penales

Resulta imprescindible establecer juzgados y procedimientos diferenciales para los delitos cuyos autores fueran sorprendidos en el momento de cometerlos o inmediatamente después, detenidos por la policía o indicados por el clamor popular. Estos juzgados para delitos de simple comprobación, actuando bajo principios de simplicidad, y sin afectación de derechos, permitirán seguir sosteniendo la presunción de inocencia y el derecho de defensa en juicio en la totalidad de los asuntos, tan esenciales para distinguir la justicia de la venganza privada.

Creación de un fondo estructural

El Estado nacional tiene como misión fundamental, desde el propio Preámbulo de la Constitución Nacional, "afianzar la Justicia y asegurar los beneficios de la libertad" en toda la república. Esta tarea no se cumple con la creación y actuación de la Justicia Federal, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura, órganos previstos para actuar en un número limitado y excepcional de casos. La gravedad de la situación impone la urgente creación de un fondo estructural para la agilización de la reforma judicial y de planes adecuados de seguridad en las provincias, que les permita desarrollar con mayor impacto las medidas en curso, las que aquí proponemos y las que se puedan añadir. Si la seguridad y la justicia importan, no debe serlo sólo para la crítica, sino también para posibilitar soluciones. El modo de hacerlo, sin violentar el diseño federal, es con un fondo compensador o de desarrollo de políticas en seguridad y justicia, que pueda ser utilizado por las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con finalidades específicas y medición de resultados.

Lo que se reclama

Reclaman la atención de los poderes públicos, nacionales, provinciales y municipales en un documento dirigido a la dirigencia política, económica y social. A los actores de la cultura y al ciudadano argentino:

- Por el urgente tratamiento a nivel nacional de nuestras propuestas.

- Por el tratamiento de los problemas estructurales que venimos señalando en cada jurisdicción

- Por la construcción de respuestas integrales a las problemáticas complejas.

- Por la asignación de prioridad política de recursos extraordinarios para completar e implementar la reforma judicial.

El aporte de jueces y funcionarios

Explican jueces y funcionarios que desde la crisis de 2001 venimos reclamando atención y elaborando propuestas de acción para revertir el estado de cosas en materia de justicia, participando con otras organizaciones civiles y autoridades públicas en la elaboración de diagnósticos y propuestas para la reforma judicial. A pesar de los avances, las soluciones intentadas se encuentran todavía en el nivel experimental o de escala reducida. Con urgencia debemos establecer, desde un enfoque global y nacional, un curso de acción con ese norte. Proponemos que los poderes nacionales convoquen los encuentros. Allí podremos desarrollar y desagregar la formulación de medidas complementarias que integran nuestro aporte y que, con el del resto de los participantes, seguramente resultará una elaboración de mejor criterio y valor.

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