Protesta en el IPAV contra nepotismo

Un grupo de trabajadores del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) realizó ayer por la mañana una ruidosa manifestación en los pasillos del organismo para denunciar el "nepotismo" del gobierno provincial, que frenó el pase a planta permanente de tres empleadas de la Ley 2343 y en su lugar puso a otras personas, entre ellas la esposa de un funcionario provincial.
"Para un joven pampeano común, no hay posibilidad alguna de entrar al Estado, pero a diario vemos como los familiares de los funcionarios o los allegados al poder encuentran la forma de conseguir un cargo". Con estas palabras denunció la situación en el IPAV la secretaria de Actas de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Liliana Abratte, al informar sobre el motivo de la protesta que ayer realizó ese grupo de personas.

Abratte explicó que en el IPAV se produjeron en el último tiempo tres vacantes en la planta de personal de la Ley 643 -esto es, empleados de planta permanente- merced a jubilaciones y fallecimientos. "Esos tres lugares estaban prometidos a gente que hace años que está trabajando allí y de un día para otro nos encontramos con que van a ser para personas que entraron por la ventana", disparó la representante gremial. "Es otro caso de nepotismo, de los tantos que ocurren a diario", refrendó.

Los cargos habían sido prometidos a empleadas que llevan muchos años en el IPAV pero que aún se encuentran bajo el Régimen Transitorio conocido como Ley 2343. "Los expedientes para pasarlas a la Ley 643 se enviaron al Ministerio de Obras y Servicios Públicos", detalló Abratte. "Paralelamente en el Ministerio se abrieron otros tres expedientes con tres designaciones diferentes".

Estos tres nuevos expedientes conllevan otras tantas designaciones para los lugares vacantes en el IPAV y ninguna de ellas se refiere a las empleadas de la Ley 2343. "En vez de hacer las cosas como corresponde, nos encontramos con que no sólo no se cumplió con una promesa, sino que se benefició a personas que entran por la ventana", reiteró. A la hora de ponerle nombre al "nepotismo", Abratte sostuvo que una de estas tres personas es la esposa de Martín Elall, el asesor letrado de Gobierno. A diferencia de las tres empleadas, esta mujer no tiene experiencia laboral en el Instituto de Vivienda.

"Nos sentimos tristes, defraudados, y viendo que esto ya es una práctica habitual, decidimos hacer esta protesta y convocar a los medios para que la gente sepa la realidad de lo que está pasando", reflexionó Abratte.

Injusticia.

Magali Gigena, delegada de ATE en el IPAV, confirmó que uno de los cargos está destinado a la esposa del titular de la Asesoría Letrada, comentó que el otro se "perdió" a manos de la Dirección de Inspecciones -una repartición del Ministerio de Obras Públicas- mientras que del tercero "no hemos podido determinar hasta ahora dónde está el expediente". "Cada vez que queremos verlo, nos dicen que no lo encuentran", señaló la delegada.

Los tres expedientes originales volvieron al IPAV luego de un breve recorrido por Casa de Gobierno. "Están acá y no sabemos qué va a pasar con ellos", acotó. Gigena detalló que tres mujeres que iban a ser designadas hace más de 10 años que están trabajando en el IPAV. "Recuerdo que cuando el presidente (Julio Rojo) nos prometió esas designaciones, hicimos un brindis para festejar la alegría que teníamos".

"Es una injusticia muy grande, más aún si tenemos en cuenta que en el Instituto tenemos un 50 por ciento de la planta de empleados con personal de la Ley 643 y el otro 50% se reparte entre Ley 2343, monotributistas y pasantes", aseguró.

Convocan a un paro total

El Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y su Cuerpo de Delegados convocaron a sus afiliados a un paro total de actividades para el 17 de diciembre. La huelga incluye una movilización que comenzará a las 10.00 en la plaza San Martín.

ATE resolvió llamar a la huelga general "ante la sordera del gobierno provincial y la política neoliberal de descargar la crisis sobre los trabajadores". Por ello, los reclamos centrales de esta medida de fuerza son "una urgente recomposición salarial, el pago del plus patagónico, doble aguinaldo y actualización de las asignaciones familiares".

"El gobierno de La Pampa se desentiende de la situación de los trabajadores que hacen posible el funcionamiento de la provincia, niega la recomposición salarial necesaria para salir de los sueldos de hambre y proyecta un 2010 donde los trabajadores volveremos a ser los destinatarios de la crisis que beneficia a los mismos pocos de siempre y perjudica a la gran mayoría de los pampéanos", sostuvo el Consejo Directivo en su llamado al cese total de actividades.

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