La protesta del campo en su laberinto

Mientras algunos dirigentes rurales afilan sus facones para enfrentarse de nuevo con el gobierno, otros están esperando que la soja llegue a los $ 800 la tonelada para comenzar a vender el remanente de la cosecha 2008, cuyo valor supera los 11.000 millones de pesos.
“La soja todavía es rentable”, repiten los funcionarios nacionales para justificar la decisión de no bajar las retenciones. Y es posible que sea cierto. Las últimas cifras de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indican que la superficie que se sembrará con maíz caerá 18,7 por ciento y el área sembrada con girasol descenderá 22,2 por ciento. Sin embargo, la soja tendrá un avance del 7,6 por ciento respecto a la campaña pasada. Si los productores se inclinan a sembrar soja en vez de girasol o maíz es porque el cultivo es más atractivo o menos riesgoso. Lo concreto es que nadie apuesta para perder plata.

La rentabilidad, por supuesto, no es homogénea para todos los productores; los mayores perjudicados por la política agropecuaria oficial son los pequeños agricultores, sobre todo si se encuentran fuera de las zonas núcleo, y es posible que para muchos de ellos ya no sea rentable ni siquiera la soja, como lo fue hasta hace unos años atrás, cuando el monte cubría vastas regiones ahora incorporadas a la producción agrícola. Las reglas de juego vigentes inducen a una mayor concentración de la producción, porque sólo las plantaciones a gran escala de la región pampeana pueden tener una renta importante más o menos asegurada.

Abortada toda posibilidad de que el gobierno baje las retenciones, muchos pequeños y medianos productores estarían esperando que el valor de la soja en el mercado local se afiance sobre los 800 pesos (este viernes cerró a $ 760 la tonelada en Rosario) para salir a vender el remanente de la cosecha 2008, estimado por la consultora Agritrend en unas nueve millones de toneladas (20 por ciento del total cosechado). Factores internos y externos están impulsando una recuperación de su cotización a nivel nacional e internacional. Si se vendiera todo el stock, implicaría una inyección de casi 11.000 millones de pesos para la economía, de los cuales 3.850 millones ingresarían al fisco, que los necesita como al agua. Cualquiera sea la cifra, Agritrend estima que en el próximo trimestre los productores saldrán a vender esa cosecha, debido a la creciente demanda del sector agroindustrial y las necesidades de caja de los agricultores. No obstante, es el mayor stock acumulado de un año a otro, desde por lo menos una década; todo un signo de los tiempos.

Para 2009, se estima que la cosecha de soja podría rozar los 50 millones de toneladas; con los precios actuales, su valor alcanzaría los 60.000 millones de pesos, de los cuales 21.000 millones en teoría pasarían a engrosar las arcas públicas. Pero si los productores nuevamente decidieran acopiar y vender su cosecha en cuentagotas, la asfixia financiera del sector público podría ser agobiante. Difícilmente el campo pueda contar con una mejor herramienta de presión directa sobre el gobierno, sin necesidad de declarar formalmente las hostilidades. Sin embargo, otra vez se escuchan los tambores de guerra. Y la fecha de inicio oficial de la nueva ofensiva es el próximo cinco de enero, cuando se espera que la Mesa de Enlace anuncie detalles de su plan de lucha 2009. Se rumorea que los sectores más díscolos promueven piquetes contra el rally Dakar, se habla de bloqueos totales a las rutas de acceso a los centros turísticos y de “asambleas permanentes” en los habituales puntos fuertes de concentración de los chacareros, como Gualeguaychú, San Pedro y otras localidades emblemáticas. ¿Pero cuál es el objetivo? ¿De-sahogo? Porque es obvio que con piquetes no van a torcer la voluntad de los Kirchner. “Hoy corremos con la ventaja de haber adquirido un gran prestigio como sector”, dijo ayer Hugo Luis Biolcati, titular de la Sociedad Rural. Difícilmente una protesta feroz le genera más apoyo al sector; en realidad habrá que observar cuánto tarda en desvanecerse ese prestigio si la sociedad queda nuevamente de rehén.

Otra vez sopa

En marzo, el campo y el gobierno se trenzaron en una pelea por un botín virtual: daban por descontado un crecimiento indefinido en la cotización internacional de la soja, que eventualmente inundaría de dólares al país, a tal punto que algunos economistas advirtieron que si el gobierno no incautaba esa renta, la Argentina sufriría el denominado Síndrome Holandés, un incremento desmedido de los ingresos de un país atribuido a una materia prima, que aprecia exageradamente el valor de la moneda y licúa la competitividad del resto de la economía. Bueno, nada de eso pasó. Hoy los valores son mucho más modestos. La implosión global dejó a la soja en un terreno anegadizo, pero todavía a flote.

En medio de esta precaria tregua estaban los argentinos cuando el gobierno le sirvió en bandeja a las entidades agropecuarias una excusa para volver a salir con los tractores de punta: el último paquete de anuncios fue evaluado, con bastante razón, la mera repetición de algunas tibias medidas de incontrastables efectos de largo plazo. Claro que lo que terminó de enardecer al chacarero es que se lo cebara durante varios días desde los medios porteños con una eventual rebaja en las retenciones para la soja y al final el “yuyito” no sólo quedó fuera de los anuncios, sino que además el gobierno enarboló otra vez la demonización de la soja; reinició así un debate estéril, dado que hoy por hoy ni el campo ni el gobierno pueden desprenderse de los ingresos que produce esta oleaginosa; un brusca caída en la producción sojera aliviaría los probables perjuicios ecológicos que causa este cultivo, pero los reemplazaría por estragos aún más perniciosos, como el brutal desfinanciamiento de las cuentas públicas y la quiebra o la ruina de buena parte de los productores. ¿Hay algún plan oficial consistente para una “desojización paulatina” que permita al campo sostener su rentabilidad y al gobierno sus cuentas en orden? No, no lo hay. Tampoco hay demasiados justificativos para salir a cruzar las cuatro por cuatro por las rutas argentinas. El país está económica y moralmente golpeado por la crisis global y lo que menos necesita es una disputa como la que se vivió entre marzo y julio.

Efectos adversos

Este nuevo capítulo de la guerra gaucha, con la vieja metodología del piquete o sus eufemismos se anticipa muy poco recomendable: en primer lugar para el conjunto de la sociedad, que tendrá un 2009 bastante complicado como para agregarle al menú de sinsabores un plato de inflación especulativa, desabastecimiento y otros efectos colaterales imprevisibles; para los propios chacareros, porque no encontrarán demasiado eco en sus airados reclamos, e incluso pueden poner en riesgo todo el capital político que acumularon hasta la primera mitad de 2008, una fuerza política que se supone deberían utilizar a pleno en las elecciones legislativas; y lógicamente para el gobierno, ya que está visto y comprobado que su imagen pública y sus lealtades políticas tienden a debilitarse y disolverse a medida que se muestra más belicoso y arrogante contra un sector de la sociedad, cualquiera sea. Y si continúa alimentando deliberadamente el conflicto con nuevas provocaciones contra los ruralistas, finalmente, sí, es probable que la revolución gaucha termine vencida, pero el gobierno estará muerto.

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