Gran repercusión –tanto en filas policiales como en La Carlota– tuvo ayer la noticia del relevo de cinco oficiales jefes del departamento Juárez Celman, en el sur cordobés, tras corroborarse que en La Carlota funcionaba un prostíbulo.

La medida, dispuesta por el jefe de Policía, Julio César Suárez, alcanza a toda la cúpula de la Departamental: al jefe, comisario mayor Sergio Wisnievsky; al segundo jefe, Héctor Moyano; al jefe de la Zona 1, comisario inspector Jorge Flores; y a los subcomisarios Román Orlandi y Guillermo Braga.

“Esta situación obedece a que en la provincia de Córdoba rige la aplicación de la ley 10.060 de lucha contra la trata de personas, la cual determina que no deben existir establecimientos o locales de alterne”, se lee en un comunicado oficial enviado a la prensa.

“Se desmiente categóricamente que el cambio de autoridades se deba a cualquier otra circunstancia”, agrega el parte. De esta manera, la Policía rechazó los rumores de posibles connivencias policiales con la prostitución y la trata de personas en esta localidad del sur de la provincia de Córdoba.

Sin embargo, el diario Puntal difundió que los propios jefes de la Departamental Juárez Celman dijeron a los medios locales que en el lupanar sólo había “un menor alcoholizado” y que las mujeres presentes “no tendrían vinculación alguna con el ejercicio de la prostitución, ni serían víctimas de esclavitud sexual”. “Tal contradicción fue analizada en la Plana Mayor de Córdoba y con el paso de las horas se tomó conocimiento del alejamiento de los jefes de la Departamental”, difundió el diario de Río Cuarto.

Todo ocurrió el sábado, cuando integrantes de la Dirección de Investigaciones Criminales viajaron a La Carlota y allanaron el prostíbulo. Allí, se informó, fueron “rescatadas” siete mujeres obligadas a prostituirse y un menor alcoholizado. “Este hecho no fue advertido por las autoridades de la Departamental”, sostiene el comunicado oficial.