Fue aprobada la creación de una comisión de monitoreo de la aplicación de la normativa que estará integrada por los Concejales, representantes de las cámaras empresariales y del municipio.

El proyecto inicial fue modificado en banca para establecer que por un plazo de 120 días el cálculo tributario se establecería sobre los parámetros vigentes en la ordenanza anterior (3501), la conformación de una mesa técnica para consensuar las modificaciones y el pedido del municipio de un plan de aplicación progresiva de la normativa.

Sin embargo no avanzó la propuesta de los concejales Juan Manuel Romano (UCR), Ricardo Garramuño (MPF) y Tomás Bertotto (PRO) quienes coincidieron en que el objetivo era abrir canales de diálogo entre el municipio y los vecinos.

En ese sentido, el concejal Juan Manuel Romano aclaró que “no estoy arrepentido de haber votado la ordenanza, la voté y la volvería a votar pero considero que es primordial abrir la puerta, saber escuchar, tener humildad y corregir aspectos en el marco y lugar que corresponde. No recibí presiones ni del gobierno provincial, ni del Ejecutivo, ni de las cámaras ni empresarios, solo que no veo peligro en la suspensión de la ordenanza en función de las correcciones que el propio Ejecutivo admitió que deben hacerse. Voté convencido de que la ciudad necesita una ordenanza actualizada, se entiende el espíritu y esfuerzo que puso el Ejecutivo en la elaboración de la norma, pero también entendemos que somos un canal en la relación entre vecinos y el Ejecutivo”.

Por su parte Ricardo Garramuño compartió la postura del concejal radical y sostuvo que “con este tema en particular debemos escuchar todas las voces, las del Ejecutivo y la de las cámaras. Todos tenemos en claro que la ciudad está destruida y sabemos que la municipalidad precisa los recursos; y todos queremos vivir en una ciudad mejor pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias y debatir este asunto con todos los actores”, dijo el mopofista.

En tanto el concejal Bertotto entendió que el propósito “era otorgar una alternativa antes de la entrada en vigencia” de la norma, y rechazó las opiniones que adjudican “falta de seriedad” a la propuesta presentada.

En cambio, fue aprobada la creación de la comisión especial de monitoreo de la implementación de la ordenanza tarifaria 2016 con los objetivos de “recibir, atender y estudiar los reclamos y planteos propositivos que surjan por parte de vecinos, instituciones y empresas respecto de la implementación de la ordenanza tarifaria; evaluar correcciones a toda posible distorsión y /o efecto indeseado para los objetivos trazados por la política tributaria de la gestión municipal y que han sido volcados en dicha norma; sugerir a la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas las modificaciones normativas o reglamentarias que se consideren necesarias, trabajar en nuevas formulaciones para la polinómica que sirve de base de cálculo de la tasa por servicios generales, entre otras consideraciones; solicitar informes, estadísticas, proyecciones y otra información que sirva a los objetivos de la comisión, de manera escrita o mediante presencia de funcionarios municipales en las reuniones convocadas al efecto”.

La comisión estará conformada por la totalidad de los concejales que la integrarán, por un representante de cada una de las cámaras de actividades comerciales e industriales radicadas en la ciudad y tres funcionarios del Departamento Ejecutivo municipal.