Prorrogarán la Emergencia hasta el fin de gestión G

Evita ejecuciones judiciales contra el Estado y congela las designaciones. Rige desde 1995.
El proyecto para prorrogar la ley de Emergencia Pública que rige desde 1995, por 2 años más, es decir, hasta que termine la gestión giojista en diciembre de 2011, ingresará la semana que viene a Diputados, probablemente junto con el proyecto de Presupuesto 2010, según fuentes calificadas.

Se mantendrán los mismos parámetros de la ley que rige actualmente, que entre sus ejes más importantes, suspende las ejecuciones de sentencias judiciales contra el Estado, impide los embargos de fondos públicos y prohibe la designación de personal en planta permanente, según las fuentes.

La Ley de Emergencia Económica y Financiera fue sancionada durante la gestión de Jorge Escobar y se mantuvo en las sucesivas gestiones, incluso la giojista que la reeditó en 2003 cambiándole el nombre por "Emergencia Pública" y la prorrogó ya dos veces, la última vez fue en noviembre de 2007 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, antes de fin de año habrá que sacar una nueva norma para sostener sus beneficios.

Justamente por beneficiosa, esta ley que nació como una herramienta extraordinaria, se ha convertido tras 14 años de aplicación en la normalidad para el Estado sanjuanino y no hay quien se anime a darle de baja. "Levantarla sería un poquito menos que suicidarse", dijo José Luis Gioja al justificar la prórroga en 2007.

Con esta norma, el Estado salvaguarda sus finanzas, evitando los costos millonarios de juicios en su contra. Y también crea una especie de cerrojo, al no permitir que se hagan designaciones en planta permanente en la administración pública provincial.

Las áreas de Educación, Salud y Seguridad por considerarse "servicios esenciales" hoy están exceptuadas de la ley, pero sólo en cuanto a designación de personal de planta permanente. Otra de las excepciones, es el régimen de compras de alimentos e insumos para Salud Pública. Cuando está debidamente justificado que se trata de algo urgente, el Estado los puede comprar por concurso de precios y no necesariamente por licitación. Además, en 2007 exceptuaron también de los alcances de la emergencia a la Policía Minera, con el objetivo de mejorar los controles designando más inspectores.

Lo cierto es que la emergencia se justifica en un contexto de crisis, por eso las críticas cada vez que está la ley en el tapete pasan por si se ha desdibujado y manipulado la naturaleza de esta herramienta. En el oficialismo, dicen que "algún día" habrá que salir de la emergencia y hablan de una "salida progresiva", pero no dan ninguna fecha, amparados en la legitimidad de la norma y en que no hay ningún fallo judicial que dicte lo contrario.

El oficialismo tiene mayoría propia en la Cámara, de manera que no se presentan obstáculos para darle tranquilidad a la gestión giojista hasta que termine su mandato.

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