Propuesta socialista para pagar menos de “luz”

Dirigentes del PS de Luján plantearon a los responsables de la Cooperativa la presentación conjunta de un pedido de derogación de leyes que incrementan el valor de la boleta. Un informe detallado demuestra por qué caducaron esos cobros, pero se siguen facturando.
El miércoles pasado, dirigentes del Partido Socialista de Luján fueron recibidos por integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, encabezado por su presidente Abel Manno.

Desde esa fuerza política se propuso a la Cooperativa trabajar en conjunto: “nosotros desde lo político y la empresa desde lo institucional” en la presentación legal para la derogación de las leyes provinciales y nacionales que a juicio de los socialistas “caducaron”.

Así se lo explicó a EL CIVISMO Ariel Giacoia, uno de los socialistas presentes. Indicó que “para nuestro partido esas leyes han caducado, porque la creación de las mismas fue para un fin determinado, como obras eléctricas, y en la actualidad esos fondos no tienen el destino acordado”.

Según testigos presenciales del encuentro, “el Consejo vio con agrado y con sumo interés el planteo socialista” y se comprometió a trabajar en el tema, previa comunicación a los restantes miembros del Consejo en la próxima reunión.

“El Partido Socialista de Luján, como impulsor del cooperativismo en nuestra ciudad y en particular en la creación de la Cooperativa Eléctrica, se siente comprometido a trabajar por una solución al fuerte incremento tarifario, para beneficio de los vecinos de Luján, quienes se ven perjudicados por los últimos aumentos”, señala un comunicado del PS.

Giacoia agregó que “la institución nos informó que se reducirá la capitalización a un 25% y que está muy adelantado el proyecto que retrotrae las tarifas de las cargas adicionales PUREE a agosto del año pasado, lo que lograría reducir el cargo en un porcentaje importante”.

Al margen de esa discusión puntual, los socialistas acercaron a la Cooperativa (y a la redacción de este medio) una copia del proyecto de ley presentado esta semana en la Cámara de Diputados Bonaerense por el legislador del PS Carlos Nivio, mediante el cual se calcula que se podría reducir el costo de las facturas de electricidad en un 15%.

El dato destacado de la propuesta es el detalle de las razones por las cuales se deberían derogar cargos impositivos que aumentan el monto a pagar cada mes por este servicio básico.

En el extenso informe que constituye la fundamentación del proyecto de ley presentado, se pone en evidencia la magnitud de los montos de dinero recaudados por adicionales en las facturas. Suman un total de 48,70% de recargo -21,6% para la Nación, 21,1% para la Provincia y 6% para los municipios- por los siguientes ítems: IVA (21%), Ley 23.681 (0,6%), Decreto Ley 7.290/67 (10%), Decreto Ley 9.038/78 (5,5%), Ley 11.769 (5%), Art. 74º (0,6%), Art. 75º (6%). La recaudación anual por todos ellos ascendería a más de $ 1.800 millones.

Decreto Ley 7.290/67: hace 37 años, durante el gobierno de facto del general Onganía, se estableció para los habitantes de la provincia de Buenos Aires un impuesto a ser aplicado en las facturas de electricidad a efectos de crear un “Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires”. Inicialmente el cargo era del 2%, pero fue incrementado hasta el 10% con que actualmente se aplica en los consumos de las viviendas. Estaba destinado a costear obras a realizar por las empresas estatales para expandir los sistemas y servicios de electricidad en el ámbito provincial. A partir de la privatización del sistema eléctrico -a comienzos de la década del 90-, el mismo pasó a manos de empresas privadas, por lo que carece de sentido este impuesto debido a que el Estado ya no realiza este tipo de obras.

El gobierno provincial recauda anualmente aproximadamente $ 120.365.000 por este adicional, cifra que durante los 42 años de vigencia del gravamen equivaldría a $ 18.763 millones.

Decreto Ley 9.038/78: en 1978, durante el gobierno de facto del general Videla, se dictó dicho decreto por medio del cual se estableció -en principio- un recargo del 3% en cada factura de electricidad por consumo residencial, aunque luego ese índice se elevó al 5,5%. El impuesto tenía por finalidad la construcción de la “Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava” y, complementariamente, una central eléctrica en el área de Bahía Blanca. Sin embargo, a pesar de cobrarse el impuesto durante más de 30 años, el proyecto a realizarse en Laguna La Brava nunca se concretó, mientras que en Bahía Blanca fue terminada durante la pasada década una central térmica, que actualmente está a cargo de la empresa CT Piedrabuena S.A., motivo por el cual se desconoce cuál es el destino de las sumas recaudadas por este tributo en toda la provincia (se estima en más de 1.600 millones de pesos por año).

La recaudación por este recargo sería de aproximadamente $ 66.201.000 al año. El acumulado durante los 31 años de vigencia para las “obras” mencionadas sumaría unos $ 4.300 millones.

Artículo 74º de la Ley 11.769: en el año 1997, durante el gobierno provincial encabezado por el Dr. Duhalde, fue sancionada la Ley 11.969 por la cual se impuso a los bonaerenses el pago de dos nuevos gravámenes a pagar con cada factura de electricidad. Uno de ellos quedó incorporado a la Ley 11.769 como artículo 74º, estableciendo un recargo del 0,6% sobre el costo de la energía consumida. De manera sorprendente, el mismo tiene por finalidad transferir a los usuarios del servicio el pago de impuestos provinciales que deberían efectuar las empresas distribuidoras. De tal forma, con cada factura los bonaerenses les pagamos los correspondientes a sus inmuebles, a las patentes de sus automotores, por sus sellados y por los Ingresos Brutos.

Anualmente, los usuarios de energía eléctrica abonamos una cifra aproximada a los $ 21.429.000 para dichas empresas.

Artículo 75º de la Ley 11.769: a través de la misma norma aprobada en el año 1997, se dispuso también la incorporación a la Ley 11.769 -artículo 75º- de otro adicional al costo de la energía eléctrica. En este caso se trata de un gravamen del 6% destinado a transferir en forma directa a los usuarios el pago de las contribuciones por Tasas, Derechos y servicios municipales, que les corresponde abonar a las empresas privadas distribuidoras de energía eléctrica (EDEA S.A., EDEN S.A. y EDES S.A.) en la provincia de Buenos Aires.

Respecto a este gravamen en particular, los bonaerenses pagan en forma discriminada como adicional en las facturas unos $ 214.389.000 por año.

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