Una propuesta para resolver la concesión y gerenciar Obras Sanitarias

Se ha desatado una polémica entre el Gobernador de la Provincia y un accionista de O.S.Mendoza, sobre el futuro de la empresa.
El accionista, uno de los responsables, del fracaso del servicio, por contumacia del operador sostiene que puede haber soluciones para la crisis con intervención de los accionistas y el Gobernador que entiende que debe formarse una empresa mix-ta. El accionista mediante falacia formal aconseja un sistema idílico que ha fraca-sado. Las privatizaciones en Mendoza han fracasado por ausencia del Estado, por inoperancia de los operadores y gestores privados. Éstos no invirtieron un centavo en 13 años de gestión, repatriaron utilidades y demandaron al Estado Nacional. Ha pretendido desvincular la gestión catastrófica del servicio y de la inversión.

El Gobernador, sin experiencia, recuerda las sociedades mixtas del Banco de Mendoza, etc., donde el Estado capitalizaba regalías cada cuatro años para evitar la quiebra y los privados aprovechaban de sus créditos y no pagaban. Los grandes deudores del Banco eran los accionistas privados que no pagaron nunca sus acreencias.

2. Intervención

La Empresa OSM, fue intervenida por Decreto Nº 1069/09 del Poder Ejecutivo en acuerdo de Ministros; empresa controlada por operadores extranjeros hasta hace muy poco tiempo. Por esos nos sorprende la candidez del artículo del Directivo de South Water (Los Andes 18 de enero de 2010) en cuanto sostiene que el problema de lo concesionarios privados es fácilmente solucionable. Nada más extraño y fa-laz. Igual supresa ante declaraciones del gobernador de no estatizar. La empresa mixta en Mendoza ha fracasado

La Empresa, que había sido erróneamente privatizada con serios errores operati-vos, y el Directorio y el Operador, con jactancia de incumplimiento, no quisieron cumplir nunca con sus obligaciones. Desconocieron el contrato de concesión, las superficies que debían servir, el valor catastral de los inmuebles, la autoridad del EPAS, de la provincia a quien negaban el poder de control. No hicieron inversio-nes, pretendió ajustes de tarifas fuera de tiempo, porcentaje impropios mientras tanto repatriaban los montos de sus inversiones.

Los grupos extranjeros valiéndose de los Tratados de Protección Recíprocas de Inversiones espolearon a la provincia con la complicidad de los Gobiernos Partici-pantes, pues nunca los exigieron y fallaron los controles republicanos. El Tratado fue parte de la política del gobierno menemista y su ministro quien suscribiera varias decenas de estos tratados.

Luego de casi trece años de gestión, sin haber, por ejemplo, rendido cuenta del fondo residual de la sociedad del Estado, sin pagar nunca el "canon", tampoco lo impuestos, los créditos etc., ejecutando solo el 17% de las obras que debía reali-zarse, haciéndose pagar los créditos internaciones por la provincia, sumiendo a los usuarios en incumplimientos por falta de provisión y presión de agua, consiguien-do modificaciones catastrales con incrementos de más del 30% de la tarifa (más de 120.000 cuentas sobre un total de 330mil), logrando el reconocimiento por compa-ración de los créditos de jubilados y carenciados que no podía determinar, cuando se encontraban prontos a concursarse, acusando la "cesación de pagos fraudulen-ta", fue intervenida por la provincia

Intervención y sus causas

Con un buen dictamen de la parte jurídica del EPAS del día 7 de julio de 2009, en los autos Nº 3723-S-08, el ente público de control, al que los gobiernos le ataran la mano, aconsejó la Intervención que fue dispuesta por el Ejecutivo.

El operador de la empresa "grupo francés originariamente" había huido del país por inoperante y contumaz. Previo a ello había demandado a la provincia en orga-nismos internacionales del Banco Mundial.

Los fallos arbitrales son lastimosos y vergonzosos. Los actores utilizan como árbi-tros a su favor, los mismos que condenarán a la Argentina en otros reclamos simi-lares. Inclusive, los arbitraros argentinos y encumbrados nacionales fallan y re-suelven contra el país. Por suerte la Corte ha abierto la revisión de los fallos arbi-trales.

a. La Auditoría celebrada ha ratificado los incumplimientos, por ejemplo un total de 221 infracciones, con algo más del 5% de las multas, superando los 100.000, con una de $ 500.000 que no han pagado nunca

b. Presenta un atraso de inversiones en obras del orden de 76 millones de pesos, evaluada respecto del plan de metas de cobertura y calidad estipuladas al inicio de la Concesión.

c. Las condenas en juicios superan los $ 40.000.000. Entre los que están en pro-greso se destaca un juicio de la AFIP por impuestos mal liquidados por $ 20.000.000; entre los que están con sentencia firme se encuentran deudas por im-puestos municipales por permisos de paso aplicados a las redes, como por ejemplo con la Municipalidad de Capital por $ 2.000.000 los años 2007 y 2008. Estos epi-sodios dieron como resultado la afectación de alrededor de 20.000 personas.

d. La propia Empresa denuncia el estado de Riesgo Técnico en que se encuentra el sistema, solicitando formalmente un subsidio por 20 millones de pesos para afron-tar inversiones en obras sobre las redes colectoras de efluentes cloacales de Guay-mallén y Las Heras

e. Los sueldos y gastos pagados en Mendoza, de los Directores, ha sido enormes; se han pagado con cuentas del Banco Regional. Entre Agosto de 2001 y Agosto de 2009 un total de más de 30 millones de pesos, de los cuales algo más de 4 mi-llones de pesos (14,21 %) correspondían a pagos de sueldos gerenciales (Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Recursos Humanos, Gerente Comercial, Gerente de Explotación y Gerente de Ingeniería); otros 4 millones de pesos corres-pondían a débitos varios con sumas menores (14,38 %), y el resto, es decir algo más de 22 millones (72,46 %) correspondía débitos por grandes sumas ( viáticos sin cargo de rendir cuentas – sueldos en negro-). Debe destacarse que entre los dos últimos débitos, se encontrarían otros haberes tales como los del Directorio y Sin-dicatura, la Gerencia General y la Gerencia de Asuntos Legales

3. Rescisión por incumplimiento: causales

El concesionario del servicio público ha incurrido en una enorme cantidad de in-cumplimientos que los hacen responsable de los daños y perjuicios, permitiendo el rescate de la concesión y la resolución por incumplimiento.

Para enumerar algunos diremos:

1. El concesionario ha vendido agua en bloque a un operador privado sin existir capacidad excedente.

2. Ha realizado cambios accionarios no autorizados por la provincia, en el Conce-sionario y el Operador (la venta de la Enron a Azurix y de ésta a Sielecki y de esta a South Water, empresa de la que se desconoce su conformación. Su Director es-tima que puede solucionarse la crisis con Inversiones Estatales-

3. Ha habido incumplimiento grave de disposiciones legales, contractuales o re-glamentarias aplicables al Servicio. Desconoció el contrato, la superficie servida, la autoridad del Epas, etc.

Nunca se pagó el canon, tampoco los impuestos, no se rindió cuentas de los crédi-tos cobrados de la sociedad estatal, no realizaron inversiones, no se permitió el control pues aducían que habían comprado la empresa.

4. Ha incurrido en atrasos reiterados e injustificados en el cumplimiento de las inversiones anuales o las metas convenidas (solo hicieron el 17% de lo exigido).

5. Ha habido reiterada violación al Reglamento del Usuario (falta de servicio, de calidad de agua, de presión y estado deplorable de las plantas de tratamiento (no funciona ninguna y vuelcan aguas cloradas a los ríos y acequias mendocinas).

6. Reticencia u ocultamiento reiterado de información al EPAS.

7. Falta de constitución de la garantía de cumplimiento.

4. Rescate del Servicio

Debe procederse al rescate total del Servicio por causa de incumplimientos graves y reiterados del Operador Técnico, del Concesionario, dando por vencido el perío-do de Concesión vigente, extinguiendo el Contrato, sin derecho a indemnización o resarcimiento alguno. Y sin perjuicio de las multas o acciones legales que pudieran corresponder en contra de éste.

5. Consecuencias: daños y perjuicios

La extinción permite el rescate total por culpa del Concesionario, y exigir que éste deba indemnizar todos los daños y perjuicios causados a la provincia y a los usuarios que deben iniciar las acciones colectivas de la Ley de Defensa del Con-sumidor con motivo del incumplimiento.

Para hacer efectivos los créditos y no repetir experiencias como Aerolíneas Argen-tinas, debe pedirse la quiebra a la Sociedades Concesionarias y Operadora ante los tribunales mendocinos para que asuman las obligaciones impagas de canon, im-puestos, créditos internacionales tomados por ellos y pagados por la provincia.

6. Críticas a la nueva estatización

La necesidad de gerenciar el funcionamiento

El futuro no es la Estatización sino la descentralización y el gerenciamiento por las siguientes razones:

Falta de Sanciones; multas. No se podrán imponer multas pues ello afecta la unici-dad del Estado y no podría hacerla efectiva sino por el procedimiento de la Ley de Conflictos Interadministrativos.

Problemas presupuestarios provinciales; personal, tarifas políticas. La estatización hará que las inversiones deban ser soportadas por toda la provincia

La empresa provincia se le inyectarán recursos soportados por todos los habitantes de la provincia.

Se incrementará la cantidad de personal. En 1980 OSN tenía 3.000 empleados.

Se iniciará el camino al servicio subsidiado sea en la tarifa, en el mantenimiento, en la expansión pese a que sus beneficiarios conforme el 10% de mayores ingresos de la población.

-Problema Tarifario. Tarifas fijadas por consideraciones políticas. Pago de costos.

-Aportes del Tesoro y. Presupuesto Provincial.

-Obligaciones de Medio y de Resultado

-Régimen Sancionatorio que desaparece.

7. La nueva empresa

Debe formularse como política de Estado, un plan maestro para los próximos veinte años, estatizando la Empresa, descentralizándola por Departamentos y dán-dola en gerenciamiento (para evitar que sean el sumidero de punteros) a Munici-pios, Cooperativas, Colegios Profesionales especializados que cobren por su tarea en beneficio del bien común de los mendocinos. Descentralizándola evitaremos los subsidios cruzados y cada departamento deberá hacerse cargo de la gestión.

Serán mucho más eficientes que la gestión central. Guaymallén, por ejemplo, de-berá gestionar su servicio para evitar la falta de presión y de suministro.

El problema no es solo económico, sino político y la responsabilidad es de la Le-gislatura (art. 10 de la ley 5507).

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