A propósito de la transferencia al municipio de la concesión del Catedral

Ante las públicas manifestaciones vertidas días atrás en relación a la posibilidad de que se efectivice la transferencia de la concesión del Cerro Catedral al Municipio de San Carlos de Bariloche, en mi carácter de legislador provincial -en representación de la ciudad de San Carlos de Bariloche- no puedo dejar de señalar algunas cuestiones insoslayables para quienes tengan la responsabilidad de analizar la concreción de la misma.
Debe tenerse aquí muy presente que, la transferencia de la concesión pública Nº 1/92, involucra al recurso económico más importante que tiene la ciudad de Bariloche.

Una cuestión que se impone es la vinculada al doble desafío que implicará para el Municipio ser titular de una concesión pública de gran envergadura que requerirá de un gran manejo en la cuestión macro, en términos de política turística y, también un exhaustivo control del marco contractual al cual se encuentran vinculados ambos contratantes.

En primer lugar el Estado Municipal deberá asegurar una correcta gestión como nuevo titular de una concesión pública, cuestión que lleva, insisto, nada menos que: (i) la potestad de fijar las políticas públicas que se proyecten en relación al Cerro Catedral, y (ii) como contralor del contrato de concesión, deberá desplegar el control de cada una de las obligaciones que el marco contractual fija para la relación.

En este último punto cabe una especial referencia a la particular "obligación de inversión" a la que la concesionaria se encuentra comprometida. Dicha obligación, incorporada bajo la figura de "planes plurianuales de inversión", adquiere esencial relevancia en la temática en análisis. No resulta ocioso en este punto recordar que la empresa concesionaria finalizó en el año 2008 con las inversiones expresamente pautadas para la primera etapa, desde que obtuvo la concesión de la totalidad del cerro Catedral (debe recordarse que a raíz de la readecuación contractual plasmada en la ley nº 3825 se incorporó, al objeto de concesión, la ladera que por muchos años explotara la ex Robles Catedral), debiendo en lo sucesivo determinarse cual será el destino "dentro de la montaña" al que será aplicado el dinero que la empresa se encuentra obligada a invertir.

En segundo orden el Municipio local comenzará a percibir, en su nueva calidad de titular de la concesión, el canon de concesión anual –abonado en forma desdoblada en los meses de agosto y septiembre de cada año- cuyo destino también merece un especial análisis.

Ello así pues, en la situación financiera que actualmente atraviesa el Municipio de San Carlos de Bariloche, resultará tentador echar mano a un recurso fresco como el del canon de la concesión del Cerro Catedral para paliar la crítica coyuntura financiera que vive.

Sin embargo, debe recordarse que, como se mencionó, el Cerro Catedral es el principal recurso económico que posee San Carlos de Bariloche y, como tal, debe ser celosamente controlado en su explotación: dicho control, debe llevarse adelante con idoneidad y alta excelencia, cuestión que si bien implica una inversión de fondos, resulta la única forma garantida de asegurar el éxito y preservación del recurso y, por sobre todo, lograr la certeza de que al finalizar la concesión pública San Carlos de Bariloche contará con un Cerro dotado de una infraestructura moderna y plenamente operable. De lo contrario, una vez más, en unos cuantos años, cuando finalice la concesión el Estado -esta vez Municipal- deberá desembolsar dinero para recuperar el recurso económico más importante que tiene.

Otra cuestión, sensiblemente más técnica que la primera, se encuentra vinculada al interrogante: ¿cómo y de que forma se continuará con el control de la concesión del Cerro Catedral?

En esta materia puede mencionarse la actuación desempeñada por el Ente Regulador de la Concesión del Catedral (Enrecat). Más allá de los vaivenes que ese Ente de Control ha transitado, basta comparar la cantidad de controles –plasmados en actuaciones administrativas- generales y analíticos impulsados por éste último con respecto a aquellos efectuados hasta el año 2004 –fecha de creación y puesta en funciones del Enrecat- para concluir que una figura específica y descentralizada de control es la herramienta administrativa idónea para controles como el que una temática tan particular requiere.

Para finalizar, una última cuestión trasunta en analizar la incidencia que las cuestiones abordadas tienen dentro del marco de división de poderes que, el Municipio -como figura democrática- debe respetar.

Y, entonces, no puedo concluir sin formular un interrogante –abierto- en orden a indagar ¿cual deber ser la participación en todo este proceso del órgano Deliberante? Pues, como puede advertirse, las cuestiones patentizadas lejos están de poder ser encasilladas como "cuestiones de mera gestión de administración". Por el contrario, en ellas va implícita la gestación y destino del recurso más importante que posee el Municipio, por lo que, desde mi punto de vista su abordaje no puede hacerse válidamente desde uno solo de los poderes, en el caso el Ejecutivo.

Más aún, el pleno desarrollo de políticas participativas y gestiones abiertas amerita la participación -en todo el proceso- del sector privado, quien se encuentra estrechamente vinculado al recurso en cuestión.

Es de esperarse que un plazo breve se conozcan pautas públicas claras y precisas, que arrojen certeza y previsibilidad para el destino del Cerro Catedral.

El autor es legislador provincial del Partido Victoria Popular

Comentá la nota