Un trabajo realizado por trabajadores estatales nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) propone unificar en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) las tareas que realizan la Dirección de Catastro, el Registro de la Propiedad de los Inmuebles, la Dirección General de Rentas y la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, esta última como el organismo que concentra toda la información económica de las sociedades comerciales y civiles que desarrollan actividades en territorio entrerriano. El proyecto fue aprobado en el plenario de trabajadores de ATE de la Dirección General del Notariado que sesionó a fines de 2013 en Villaguay. El paso posterior fue solicitar una reunión con el ministro de Gobierno para su evaluación. Las convulsionadas jornadas de diciembre impidieron su abordaje, que quedó para otro momento.

El informe se denomina Interrelación existente entre los estamentos, Dirección de Catastro, Registro de la Propiedad de los Inmuebles, Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y la Dirección General de Rentas para su integración a la ATER, y su importancia a los efectos tributarios y fiscales y se presenta en el contexto de las propuestas para la Reforma del Estado que impulsa ATE.

Desde la ATER se indicó que “por el momento no se está trabajando en ningún cambio estructural”. Fuentes del organismo informaron que se trata de “inquietudes de algunos trabajadores”, que “no son evaluadas en la coyuntura”; y señalaron que “el Poder Ejecutivo (PE) dio un salto cualitativo con la creación de la ATER” y añadieron que “si este tipo de iniciativas son evaluadas y se logra avanzar en ellas sería otro salto de calidad, pero esa decisión está en manos del PE”.

La información es poder.

Actualmente la labor que realizan estos organismos estatales se hace en forma individual. El documento destaca la importancia que tendría la unificación en la estructura tributaria y fiscal, que optimizaría el entrecruzamiento de la información vinculada a la propiedad de los inmuebles en la provincia. Así, la nueva estructura centralizaría la información económica de la provincia y mejoraría la capacidad de cobro del Estado provincial.

La Ley Nº 10.091 que creó la ATER incluyó en el organismo a la dirección de Rentas y a la de Catastro. El proyecto propone que se incluya a las del Registro de la Propiedad Inmueble y la de Inspección de Personas Jurídicas. Esto se lograría con la modificación de los artículos 1º, 2º y 4º de aquella Ley. Así, se consideraría a los organismos involucrados “organismos inmobiliarios, de competencia estatal y naturaleza básicamente jurídica y tributaria aunque con proyección cada vez más multifuncional, impregnada por los principios jurídicos generales recogidos en la Constitución, las leyes, reglamentaciones, así como por los propios del sistema tributario”.

Los argumentos. El informe señala que “el Catastro Territorial tiene como función entre otras, el conformar y mantener el mapa parcelario con sus respectivas mediciones; el Registro en cambio tiene por objeto una actividad jurídica que consiste en dar Publicidad de las situaciones reales y personales de cada inmueble”. En este sentido precisa que “ambas funciones se constituyen en complementarias por lo que resulta conveniente coordinar las acciones para no caer en contradicciones de orden práctico”.

Los trabajadores indican que “para el cumplimiento de sus fines, ambos organismos están a disposición de los ciudadanos que requieran información sobre el territorio y de las políticas públicas. Esto implicaría que, desde aquí se podría llevar adelante la anhelada unificación de partidas, ya que sabemos que en los tributos inmobiliarios la determinación fehaciente y la aplicación de esta política permitirán una correcta progresión en los costos impositivos de la tierra”.

El informe postula que la relación de complementariedad entre los distintos organismos no debe dejar lugar a “un divorcio” entre aquellos, sino que “al contrario debe haber una íntima relación administrativa entre ambos organismos. Esto a los efectos de pulir desvíos de orden práctico que conlleven a cometer errores, y que por el contrario se vea como un todo integrado, más allá de las diferencias legales y funcionales que existieran”.

Partida única. El estudio destaca la implementación de la Ley Nº 26.737, conocida como Ley de Tierras, que puso énfasis en los Registros de la Propiedad y de Catastro al momento de solicitar información de las propiedades y de la superficie en poder de los extranjeros, lo que “muestra a las claras que no se puede mantener como organismos distintos a quienes por funciones, tienen relaciones viscerales”. Por esto es que, tras reconocer “la complejidad de los tiempos que corren” propone que se eliminen “paulatinamente los sistemas burocráticos que traban estas políticas activas”, lo que se “logrará únicamente readecuando los procesos administrativos, perfeccionando al personal, unificando los sistemas informáticos sirviéndose de los servicios de comunicaciones que se implementan en toda la provincia”.

También destaca que existe “un Registro de la Propiedad en cada Departamento, descentralizando la información para darles mayor agilidad y respuesta a los usuarios; ese camino, pero inverso, se puede transitar para centralizar la información a los efectos catastrales y fiscales”.

Para los trabajadores “se debe tender a una adecuada concentración de la información de forma tal que haga desaparecer las dobles registraciones, por lo que las mismas deben ser simultáneas, oportunas y veraces”; señalando que “esta información unívoca debe tener la dinámica necesaria que surta sus efectos. Cada vez más se hace imprescindible la implementación de la partida única, lo que significa tener en todos los estamentos del Estado un mismo lenguaje”.

Razones. Desde una concepción del rol del Estado como beneficiario de las mayorías populares, el estudio fundamenta su propuesta en que la “concentración informativa, si bien es necesaria por razones económicas, lo es también por razones sociales”. En este sentido señala que “toma una vital importancia para el funcionamiento del cuerpo social donde está inserta; pues sobre la cosa inmueble se asienta y consolida la familia, núcleo esencial de toda sociedad y más en la idiosincrasia de la población argentina”.

En sus apreciaciones, los trabajadores hicieron hincapié en un concepto: “Insistimos en la función que deben cumplir los administradores inmobiliarios estatales y su importancia en lo que se refiere a fijación de políticas públicas activas y acomodadas a los tiempos, habida cuenta de ser precisamente una función dinámica con objetivos sociales y tender a la igualdad y equidad”.

Procrear

El informe destacó que la unificación coadyuvará a la implementación de la Ley Nº 26.209 del Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sustentable y al Programa de Crédito Argentino del Bicentenario (Procrear). En cuanto al primero, se considera que debe ser analizada desde dos perspectivas: como sistema de información territorial y como herramienta para garantizar el derecho registral. Respecto al Procrear, se indicó que es vital la concentración de la información porque aportaría el listado de los inmuebles disponibles para dinamizar este programa.