Proponen una suba mínima del agua de 22%

El EPAS ha analizado varios escenarios y el ajuste podría llegar a 51,9%. Jaque tiene la palabra y dice que en pocos días se definirá.
Por estos días, el nuevo aumento de la tarifa pedido por Obras Sanitarias y aceptado por el Gobierno parece entrar en terreno definitorio. El acuerdo final requiere del dictamen del EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento), el cual ya evaluó distintos escenarios que van desde el 22% hasta un 51,9% de ajuste, según los costos que se le reconozcan a la empresa y las inversiones que anualmente se comprometa a ejecutar.

La historia reciente indicaba que el propósito era, cualquiera fuera la suba aplicada, que empezara a aplicarse desde el 1 de marzo. Sin embargo, la resistencia oficial a acceder al pedido de OSM (reclamó 78,4% de aumento) y la exigencia de que la firma presente un informe justificando el pedido y así diseñar una carta entendimiento, estiró la decisión.

El ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, lo había dejado en claro: "Habrá aumentos en las tarifas del agua, pero el porcentaje de aumento será menor al requerido por Obras Sanitarias". Ahora, desde el Ejecutivo reconocen escuetamente que "se está analizando", aunque el proceso está en manos del EPAS.

Ayer, el gobernador, Celso Jaque, insistió en la necesidad de una actualización y confirmó que el aumento se conocerá en pocos días.

"Queremos una clara diferenciación según el tipo de usuario. El informe del ente de control refleja una realidad que no se puede esconder", dijo Jaque durante una visita a Lavalle.

Como siempre, la confidencialidad se extrema al máximo. "OSM se encuentra trabajando con el Gobierno y EPAS en diversos temas: entre ellos una carta de entendimiento, el plan de obras y tarifas, entre otros temas. Pero no estamos en condiciones de adelantar nada, hasta no esté definida dicha negociación", señaló escuetamente una fuente de la empresa.

Opciones en estudio

A partir de una "cláusula- gatillo" de la carta que disparó el nuevo pedido de aumento tarifario, el Gobierno derivó al EPAS el planteo y los fundamentos del operador para su consideración. Tanto la gerencia económica y técnico-jurídica del organismo de control están evaluando "una completa y profunda revisión tarifaria", según se explicó.

OSM presta el servicio de agua y cloacas a unos 305 mil usuarios en Mendoza, de los cuales unos 200 mil pagan en promedio $ 12 mensuales (ver aparte). Por lo pronto, los peritos del organismo de control ya descartaron, junto al pedido de subir un 78,4% la tarifa, varias de las pretensiones de OSM. Analizan cuál es el valor que puede darse, siempre hasta un máximo de 51,9%, puesto que "la rentabilidad 0 que venía señalando la empresa es relativa".

¿Qué consideró y qué dejó de lado el EPAS para el análisis? Primero, rechazó un pedido de resarcimiento por atraso tarifario para el período 2006-2007, de $ 32 millones. En segundo lugar, para el estudio de costos empleó índices de precios oficiales, pero además pondera la proyección elaborada por la Universidad Nacional de Cuyo en base a la actualización catastral que comenzó en 2008 y que en el ente consideran "mucho menos conservadora" que la cantidad de nuevos usuarios estimada por Obras Sanitarias.

El criterio que sustenta los distintos escenarios hipotéticos para definir el ajuste se vale de dos variables: qué proporción del mismo se destinaría a inversiones y cuánto de las erogaciones operativas se reconocen. Así, podría darse cualquiera de las siguientes opciones:

* 51,91% como máximo, con $ 14,5 millones a destinar de ese porcentaje en inversión anual.

* 48,29%, con la obligación de invertir $ 10 millones.

* 41,4%, con una inversión mínima de $ 5 millones

* 36,37%, que no contempla inversiones, pero reconoce 90% de los costos.

* 22% de aumento, considerando un 80% de costos erogables y sin inversiones exigibles.

En ese contexto, también se evalúa que el Gobierno ejecute las obras necesarias para luego entregarlas a OSM. Una herramienta sería lograr un crédito del BID que permita subsidiar el 80% de los costos (ver aparte).

Inconstitucionalidad

El análisis también involucra el cumplimiento del plan de obras, cuyo retraso en la etapa anterior de la concesión derivó en la exigencia de volcar $ 48 millones en mantenimiento y ejecución de nuevas redes: al 31 de marzo debieron haber invertido $ 1,5 millón, e idéntico monto hasta 2013.

Sin embargo, un informe previo del EPAS a requerimiento de la Suprema Corte, en el marco de la demanda por inconstitucionalidad interpuesta por algunos legisladores, afirma que el nivel de cumplimiento fue de sólo 12,5% en los últimos doce años.

La carta de entendimiento suscripta el año pasado contempla que la empresa, entre 2013 y 2018, debe devolver en obras $ 5,7 millones anuales, en tanto que para el último lustro del contrato de concesión (2018-2023) la pauta prevé $ 7,2 millones por año.

Ahora, el ente deberá evaluar si se cumplió o no con la primera etapa, vencida en marzo. No obstante, como el proceso ante la Justicia sigue vigente, existe la posibilidad de que el convenio de 2008 quede sin efecto, con lo cual todo, incluido este nuevo ajuste en estudio, puede volver a fojas 0.

Si la Corte rechaza el planteo, entonces el EPAS debe enviar al Gobierno su dictamen para la decisión final. En cuanto a la audiencia pública, su realización está en duda, puesto que, según el ente, "el contrato de concesión no contempla la obligatoriedad de realizarla".

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