Lordén busca modificar el inciso b) del artículo 7 de la ley 12.569, que establece que de acuerdo al tipo de violencia “y con el fin de evitar su repetición”, el magistrado “ordenar la prohibición de acercamiento de la persona agresora al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o lugares de habitual concurrencia de la persona agredida” y  fija “a tal efecto un perímetro de exclusión para permanecer o circular por determinada zona”.

El proyecto agrega que el juez “podrá ordenar la utilización de pulseras satelitales de monitoreo, rastreo y alerta electrónico para tomar conocimiento inmediato en caso de incumplimiento de la medida antes citada”.

Aclara además que “las pulseras serán de distribución gratuita, la medida tendrá carácter restrictivo y sólo podrá disponerse cuando exista denuncia penal por violencia contra la víctima, se cuente con una medida judicial de prohibición de acercamiento incumplida por el agresor y exista peligro fundado respecto de la integridad física de la víctima”.

La modificación busca combatir específicamente la violencia de género y la violencia familiar, dos de los flagelos más graves de la sociedad argentina, explicaron desde el entorno de la legisladora.

En ese sentido, informaron que pese a que no hay estadísticas oficiales sobre la violencia contra las mujeres en Argentina, especialistas sobre esta problemática advierten que, lejos de disminuir  la cantidad de femicidios en el país, durante este año igualaría o incluso superaría lo registrado en 2014.

“El proyecto tiene como eje central evitar el acercamiento del agresor a la víctima, es decir, que cuando la víctima de violencia cuente con una cautelar de prohibición de acercamiento por parte de su pareja o ex pareja y asimismo se ordene la utilización de un sistema georreferencial de monitoreo, supervisión, rastreo y alerta electrónico,  contaremos con un sistema de aviso inmediato de la violación de aquella restricción”, sintetizó Lordén.