Proponen que los jueces suplentes tengan acuerdo del Senado.

La idea choca con la Constitución y abre el debate sobre los reemplazos de jueces que se extienden por años. Carlos Matteoda De la Redacción de UNO.
Ante la evidencia de que hay jueces suplentes que se desempeñan por dos o tres años hasta que sale el concurso para designar a su reemplazante, y que la designación de esos subrogantes es efectuada por el Superior Tribunal del Justicia (STJ) en soledad, el senador paceño Aldo Ballestena presentó un proyecto de ley que establece que quienes aspiren a ser designados en esos reemplazos deberán estar en una lista que cuente –al igual que en las designaciones de jueces titulares– con acuerdo de la Cámara de Senadores.

"Si te está juzgando un juez que no tiene acuerdo, algo no anda bien. Este proyecto busca darle más transparencia al mecanismo", indicó Ballestena a UNO, asegurando que ignora las razones por las cuales el proyecto habría causado inquietud en Tribunales.

El proyecto del legislador justicialista se propone regular "la cobertura transitoria de los cargos de magistrados del Poder Judicial" que resulten vacantes por renuncia, suspensión o licencia extraordinaria, siempre que sea mayor a 30 días, hasta tanto "se reincorpore el titular o sea elegido el magistrado definitivo conforme el mecanismo establecido en la Constitución provincial".

Hasta ahora, la designación es facultad del STJ, independientemente de la duración del reemplazo. Pero si prospera el proyecto, la cobertura transitoria de los cargos de magistrados deberán ser ejercidas por alguno de los sujetos incluidos en los listados que regula el proyecto de ley.

Esos listados serán remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo provincial, y podrán estar integrados por candidatos ternados en un concurso para magistrado titular y por candidatos que hayan obtenido una calificación superior a 30 puntos en la oposición y 20 en los antecedentes.

"El número de candidatos por listado será establecido por el Consejo de la Magistratura según las características del fuero, instancia y la competencia territorial o material", indica el proyecto.

El Poder Ejecutivo, luego de considerar cada listado y excluir a aquellos candidatos que no seleccione, solicitará el acuerdo del Senado para los candidatos incluidos en el listado definitivo, que remitirá a esa Cámara. Una vez prestado el Acuerdo, el Ejecutivo aprobará la lista de candidatos a subrogantes.

De esta forma, Ballestena pretende que quienes integren cada listado se encuentren habilitados para cubrir transitoriamente las vacantes de magistrados del Poder Judicial "según su competencia territorial, material e instancia".

Si se considera que el autor del proyecto es un legislador oficialista, y tratándose de un aspecto que los gobiernos suelen cuidar, como es la relación con la Justicia, podría pensarse que existe cierto nivel de acuerdo en torno a la propuesta.

Sin embargo, en algunos hombres de la Justicia entrerriana la difusión del proyecto causó cierto fastidio, ya que puso el dedo en una de las llagas que molestan a la estructura de la señora de los ojos vendados.

Según altos magistrados, la morosidad de dos o tres años que dice Ballestena es cierta, y hay varios casos en los que los jueces suplentes superan el lustro de desempeño. Incluso hay uno que, por diferentes razones, estuvo cerca de la década.

Pero no es esto lo que causó molestia, sino por un lado el hecho de pretender modificar con una ley el texto constitucional, y por otro desconocer el verdadero motivo de las demoras, según explican los habitantes de Tribunales.

La Constitución de Entre Ríos mantuvo la redacción del viejo artículo 163 que señala que: "Toda vacante en la Magistratura deberá ser provista dentro del término de 30 días de producida. En caso contrario, el Superior Tribunal proveerá a la designación en carácter provisorio".

Si bien en la reciente Convención Constituyente hubo intención de reformarlo, no se avanzó porque ese artículo había sido declarado pétreo.

Los hombres de la Justicia entienden además que la morosidad en la designación de los jueces titulares se debe en gran medida a la "los tiempos irrazonables que transcurren desde que se produce la vacante hasta que se convoca al concurso", por lo que la mayor responsabilidad recae sobre el Consejo de la Magistratura y, en alguna medida, sobre la Secretaría de Justicia, estructura cuyo cargo máximo recientemente quedó vacante en el gobierno provincial.

En ese sentido, algunos jueces creen que sería de mayor utilidad sancionar una norma que establezca un plazo máximo de 30 días para convocar al concurso para designar a los reemplazantes de los jueces que dejan un cargo.

"Está claro que una ley no corrige la morosidad del Consejo de la Magistratura y de la Legislatura", indicó un alto magistrado en off the record.

Comentá la nota