Proponen inhabilitar para acceder a cargos públicos a ex funcionarios de la dictadura.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura por el diputado justicialista Sebastián Balochi, pretende inhabilitar para acceder a cargos públicos electivos en la provincia a personas involucradas en delitos de lesa humanidad, o que hayan ocupado cargos electivos o políticos durante la última dictadura militar.
En otro orden, el legislador de Sarmiento propuso crear un fondo para pagar recompensas a testigos de delitos especiales, y otro fondo para subsidiar el pago de alquileres a estudiantes universitarios.

Bajo el número 23/09, Balochi presentó un proyecto a través del cual se inhibe para ocupar cargos públicos a las personas que hayan sido condenadas en delitos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos, y a aquellas que hayan sido condenadas por encubrir o promover este tipo de delitos.

La iniciativa impide también acceder a estos cargos a quienes hayan «usurpado cargos electivos» en el período entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, y a quienes hayan ejercido los cargos de Ministro, Secretario, Subsecretario o Director en cualquier dependencia del Estado, durante ese mismo período.

En la fundamentación, se sostiene que el Código Electoral Nacional no prevé este tipo de inhabilitaciones, pero que luego del año 2003, con la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, «una nueva etapa ha comenzado en el país», y que además existe jurisprudencia internacional sobre el tema, compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos.

RECOMPENSA

Por otra parte, el legislador Balochi presentó otra iniciativa que dispone la creación de un fondo de 100 mil pesos en el ámbito del Ministerio de Gobierno y Justicia, destinado a aquellas personas que aporten al proceso penal información relevante sobre un delito que se investigare, que ayude a dar con los culpables o ayuden a esclarecer el caso.

El proyecto estipula que la recompensa se destinará a casos de homicidio simple o calificado, delitos contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad agravada, imposición de torturas, sustracción de menores, secuestro extorsivo y delitos de lesa humanidad.

Quedan exlucidos de la recompensa los funcionarios públicos, empleados judiciales y agentes de fuerzas de seguridad, y la autoridad de aplicación se encargará del ofrecimiento del pago mediante resolución fundada, que deberá ser publicada en los medios de comunicación.

SUBSIDIO

Otro proyecto del diputado justicialista dispone la creación de un Fondo de Acceso a la Vivienda Estudiantil Universitaria, que tendrá por objeto la entrega de subsidios reembolsables destinados al alquiler de vivienda única a los jóvenes estudiantes de Chubut, que deseen proseguir sus estudios de grado en las universidades públicas nacionales y/o provinciales, con asiento o sede en la provincia, o a las que tengan convenios con municipios.

La cuota de devolución del subsidio comenzará a cobrarse luego de 90 días, y el total deberá ser cancelado en un plazo no inferior a los 3 años, sin intereses, ni gastos de financiación.

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