Proponen crear el Programa de Atención a la Primera Infancia

El proyecto de ley, presentado por Alicia Mastandrea y Marisa Lizarraga, tiene por objeto contribuir a mejorar la calidad de vida de las madres gestantes, y las niñas y niños menores de seis años, mediante una articulación interinstitucional que obliga al Estado a garantizarles sus derechos a la alimentación, la nutrición adecuada, la educación inicial y la atención integral en salud.
Se trata del proyecto de ley Nº 2322/09 – ingresado en la última sesión y girado a la comisión de Desarrollo Humano y Salud – firmado por la presidenta de la Cámara de Diputados Alicia Mastandrea junto a su par Marisa Lizarraga, a través del cual se propone la creación en el ámbito de la Provincia del Chaco el Programa Provincial de Atención a la Primera Infancia el cual funcionará bajo la orbita del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos.

El presente Programa – prevé la norma - tiene por objeto contribuir a mejorar la calidad de vida de las madres gestantes, y las niñas y niños menores de seis (6) años, mediante una articulación interinstitucional que obliga al Estado a garantizarles sus derechos a la alimentación, la nutrición adecuada, la educación inicial y la atención integral en salud. A tal fin se establece que los derechos regidos por esta ley comienzan desde la gestación en el seno materno, para que al nacer se garantice su integridad física y mental.

En tal sentido será obligación del Estado garantizar a los niños/as, de cero a seis años, en forma prioritaria, los derechos consagrados en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y en las leyes que desarrollan sus derechos.

En un término máximo de seis meses, después de promulgada la presente ley, los Ministerios de Economía, Producción y Empleo; Salud Pública; Educación, Ciencia y Tecnología y el de Desarrollo Social y Derechos Humanos deberán presentar una propuesta de atención integral que deberá proyectarse más allá de los programas en ejecución, a fin de garantizar a la mujer embarazada y a los menores de seis (6) años el acceso progresivo e integral a la salud, a la alimentación y a la educación, que además tenga el respaldo financiero, para que su ejecución sea efectiva.

Paralelamente el proyecto determina que el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos garantizará que las mujeres gestantes tengan la atención necesaria en salud, nutrición y suplementos alimentarios para garantizar la adecuada formación del niño durante la vida fetal y que estos, desde el nacimiento hasta los seis (6) años permanezcan vinculados al sistema de salud. Asimismo coordinará junto al Misterio de Salud Pública y de Educación, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con sus competencias la atención integral en nutrición, educación inicial e implementará modelos pedagógicos flexibles diseñados para cada edad complementado con apoyo psicológico cuando fuere necesario.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social promoverá el diseño y la discusión de lineamientos curriculares, que puedan ser incorporados con miras a promover la formación de profesionales capacitados para atender a los niños y niñas de la primera infancia, en labores de atención en nutrición, logro de competencias especificas por medio de metodologías flexibles, especiales y formación de valores. Asimismo los hospitales deberán crear programas de recuperación nutricional ambulatoria que involucren procesos de valoración, tratamiento y seguimiento del niño; y capacitación en mejores prácticas alimentarías dirigidas a los padres de familia y/o cuidadores.

Se determina que los Ministerios encargados de la implementación del presente Programa, podrán contratar los servicios previstos en los planes integrales de atención a la primera infancia, tanto en las zonas urbanas como rurales, celebrar convenios con organizaciones, fundaciones y corporaciones, religiosas o laicas, que tengan en la actualidad o establezcan para este propósito proyectos de atención a los niños de la primera infancia, debidamente reglamentados y aprobados, con los componentes esenciales de atención integral por grupos interdisciplinarios de profesionales, incluidas la nutrición, la educación inicial y el apoyo psicológico cuando fuere necesario.

La infraestructura para la prestación de estos servicios (guarderías de atención integral, centros de bienestar, hogares juveniles, jardines, ludotecas y escuelas infantiles) será inicialmente la que exista en cada lugar de la provincia, tanto en zonas urbanas como rurales, incorporando espacios públicos como parques y zonas de recreación, pero deberá elaborarse un plan de desarrollo paulatino de las construcciones, adaptaciones, dotación en los equipos e instrumentos que sean necesarios, con el objeto de proveerlos de espacios, materiales y ambientes adecuados según la edad, con comedores, sitios de juego y diversión y espacios adecuados para la formación.

Los niños de la primera infancia con discapacidad física o mental – destaca el proyecto - desde el nacimiento hasta los seis (6) años, que por sus condiciones físicas o mentales no pueden estar en los centros tradicionales de formación, deberán recibir una atención especial y especializada en lugares adaptados para tales fines.

El Gobierno de la Provincia del Chaco a través de los Ministerios involucrados estará autorizado para suscribir convenios con Universidades públicas y privadas a fin de que las mismas diseñen y ejecuten programas flexibles con metodologías pedagógicas especiales, para aportar al Estado los profesionales necesarios para prestar dichos servicios. Los niños que padezcan algún tipo de discapacidad que no puedan ser atendidos en zonas aisladas de la provincia en donde no existan las condiciones necesarias para la atención, podrán ser trasladados a los centros de atención más cercanos, y los costos serán cubiertos por la localidad correspondiente a la que pertenezca el niño.

Los niños de la primera infancia con particularidades específicas, por su genialidad o por su habilidad especial en el campo de las ciencias y las artes, desde el nacimiento hasta los seis años, deberán recibir una atención especial acorde con sus desarrollos. Podrán ser atendidos en los mismos centros, pero con programas especiales y con profesores formados para tales fines, en las universidades e instituciones con programas de educación y formación en las ciencias, la música y las artes. De igual modo, en caso de traslados a otros centros, se procederá como en el artículo anterior.

Los beneficiarios de la presente ley, tendrán prioridad en toda obra pública o de infraestructura que tenga por objeto mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia. A los fines de velar por el cumplimiento de la presente ley se constituirá un Foro de Organizaciones No Gubernamentales en la forma que indique la reglamentación, las cuales deberán poseer indefectiblemente personería jurídica.

Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente serán establecidas en el presupuesto general de la provincia, las que estarán integradas con fondos nacionales, recursos provenientes de programas provinciales, nacionales e internaciones de asistencia a grupos especialmente vulnerables como así también asignaciones especiales específicamente destinadas a tal fin.

Además se establece que la reglamentación de la presente ley deberá d dictarse dentro de los 60 días de su entrada en vigencia y fijar los mecanismos de articulación de los recursos destinados a la financiación del programa. Se invita a los gobiernos municipales a adherir a la presente ley y a firmar convenios en ese sentido.

Fundamentos

Destacan las legisladoras que "Constituye una noción lo suficientemente aceptada y generalizada por normas constitucionales y tratados en la materia que el sistema político, económico, social y jurídico, debe hacer prevalecer, por sobre todos los intereses en juego, los de los sujetos más vulnerables y necesitados de protección.

Como lo indica la Declaración de los Derechos del Niño "el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y de cuidados especiales, incluso la debida protección, tanto antes como después del nacimiento".

Desde el punto de vista jurídico el principio determina que, la regla suprema interpretativa, implica sobreponer el interés del niño a cualquier otra consideración, por legítima que sea. Si el niño no recibe durante el embarazo y durante los dos primeros años de vida los nutrientes necesarios y los cuidados adecuados, su cerebro tendrá un desarrollo neurológico muy pobre y ello será prácticamente irreversible.

Los niños que están sujetos a esas circunstancias no podrán desarrollar una vida normal, realizar estudios, ni poder trabajar adecuadamente ya que su nivel de comprensión será muy reducido. Esto no podrá ser ya remediado cuando ingresen al colegio, que es donde el Estado de ocupa de darles la alimentación. Los efectos de la desnutrición se traduce en un alto índice de mortalidad infantil, disminución de su desarrollo físico, de su capacidad auditiva, de su evolución emotiva, y de las posibilidades de su inserción social.

También se ha estudiado el alto porcentaje de desnutridos que existen en el sector que se dedica a la delincuencia sobre todo la violenta. Tal circunstancia determina dos categorías de personas y, por consiguiente, dos clases de ciudadanos. Los que tienen aptitud para desarrollarse en todas sus potencialidades y los que nunca podrán hacerlo. De acuerdo a los métodos comprobados científicamente si la madre embarazada y el niño durante los dos primeros años de vida reciben una nutrición adecuada y los estímulos físicos y afectivos correspondientes, se puede revertir el proceso de desnutrición y convertirse en una persona normal.

Resulta a todas luces absolutamente incomprensible e injustificable que, en un alto porcentaje de la población marginal del país, se de este fenómeno. Propio de los países muy pobres, pero inaceptable en un país con inmensas riquezas y que es uno de los principales exportadores de alimentos del mundo. Es Estado no puede desentenderse de su obligación, pues es el encargado de velar por el fiel cumplimiento de los derechos constitucionales que amparan la vida y la salud de los niños y de asegurar la continuidad de los tratamientos que necesiten, habida cuenta de la función rectora que debe cumplir y de las facultades que debe ejercer para coordinar e integrar las acciones con las autoridades provinciales y los diferentes organismos que conforman nuestro sistema sanitario, en miras a lograr la plena realización del derecho a la salud.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha determinado que el derecho a la salud no se limita a la atención médica, sino que abarca una serie de prestaciones no menos esenciales como ser alimentación adecuada, consumo de agua potable y limpia, uso de la vivienda digna con servicios sanitarios, medio ambiente sano, condiciones de trabajo seguras, información y educación sobre cuestiones vinculadas a la salud. Corresponde poner de manifiesto que la pobreza extrema constituye una violación del derecho a la vida y a la integridad personal, un desconocimiento generalizado de todos los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Los Estados deben destinar recursos públicos en cantidad suficiente para erradicar ese flagelo.

En ese sentido resultan preocupantes los altos porcentajes de pobreza que ronda el 49,7 % y el de indigencia del 17,2 %, según relevamientos efectuados por el Instituto para el Desarrollo de las Economías Regionales (IDESA) de la provincia" argumentan las legisladores en la propuesta de ley que fue girada a la comisión de Desarrollo Humano y Salud para su análisis.

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