En la última sesión de la Legislatura de Río Negro el tema de la crisis frutícola fue motivo de un nuevo debate. Esto fue al momento de la aprobación de dos proyectos del Frente Progresista, impulsados porJorge Ocampos y Daniela Agostino, que pretenden alivianar las dificultades del sector. 

Las mismas establecen por un lado la reducción de la alícuota del IVA del 27% al 21%, que se factura por la energía eléctrica a los productores frutihortícolas de Río Negro y Neuquén. Con la otra iniciativa, en tanto, buscan desarrollar e instrumentar una política integral tendiente a encauzar y resolver en forma definitiva el stock de deuda comercial, financiera e impositivo-previsional que ahoga al sector productor y agroindustrial frutícola rionegrino.

"La problemática de la cadena frutícola rionegrina es de larga data y hoy ya se puede hablar de una suerte de penosa agonía sin fin. Desde la falta de competitividad del tipo de cambio, el costo de los insumos, los vaivenes en los precios y la demanda de los mercados, la calidad, la absoluta falta de transparencia en el negocio por el cual la fruta se entrega a 'resignación', la falta de incorporación de tecnología en muchos casos, el granizo o la inexistencia de crédito, describen una muy larga lista de las variables que afectan o afectaron a la economía regional más importante de Río Negro", señalaron.