FR propone marcar límites al concepto de "utilidad pública" para las expropiaciones

Ricardo Bussi critica que vayan a demoler una casa para habilitar cocheras del ente de control.
En materia de expropiaciones, la Ley provincial 5.006 establece que "el concepto de utilidad pública comprende todos los casos en que se persiga la satisfacción del bien común, sea este de naturaleza material o espiritual". Ese amplio criterio motivó al legislador Ricardo Bussi (FR) a presentar un proyecto que impulsa la aplicación de ciertos límites a esa legislación.

Pero la Legislatura, según el titular de FR, está en mora porque la iniciativa duerme en algún cajón de las comisiones desde hace casi un año y medio (27 de mayo de 2008), sin que hasta ahora se obtenga un dictamen. El parlamentario opositor resaltó que, a partir de la propuesta republicana, podría haberse evitado la expropiación de una casa de San Lorenzo al 300 para la habilitación de cocheras del Tribunal de Cuentas.

Bussi (h) propuso que, a los efectos de las expropiaciones de bienes muebles e inmuebles, sólo se aplique el concepto de la "utilidad pública" para casos específicos. Por ejemplo, la apertura, ampliación, prolongación, alineamiento de calles, calzadas, puentes, túneles y rutas.

Para el ex senador, también se justifica una expropiación para las modificaciones de los límites territoriales de una población y el mejoramiento de las condiciones de higiene y de salubridad de esa comunidad. Lo mismo se aplica en el caso de las necesidades de aprovisionamiento comunitario de víveres, medicinas, maquinaria, herramientas y demás objetos indispensables para hacer frente a los casos de riesgos, de siniestros, emergencias o desastres.

Según la propuesta de Bussi (h) la realización de obras para la captación, el almacenamiento y el aprovechamiento de aguas pluviales, tanto para actividades productivas como para el consumo humano, también justifica la declaración de "utilidad pública".

Finalmente, la preservación del medio ambiente y del patrimonio cultural, así como el desarrollo de planes habitacionales, ameritan que el Estado reclame inmuebles. "Habilitar cocheras no entra en esta clasificación", cuestionó.

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