La UCR le propone al Intendente que impulse un amparo colectivo "urgente".

Las facturas de gas que están llegando a los usuarios balcar-ceños, como a los del resto del país, en muchos casos incluyen incrementos que duplican o triplican lo que habían pagado por similares consumos en períodos anteriores.
Ese aumento corresponde a un "nuevo cargo tarifario" creado para conformar y financiar un fideicomiso cuyo objetivo es la importación de gas por parte de Enarsa, según el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial.

Este impuesto, según así lo considera la Defensoría del Consumidor de la Nación, fue rubricado por un decreto del poder Ejecutivo Nacional y consecuentes resoluciones del Ministerio de Planificación y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), lo que es "inconstitucional, porque es el Congreso el único órgano facultado para crear tributos".

La Defensoría entonces promovió un amparo colectivo exigiendo "la nulidad por ilegitimidad" del decreto 2067 y las resoluciones 1451 de Planificación y 536 del ENARGAS.

La suba en la tarifa de gas alcanza a los usuarios residenciales de mayores consumos -categoría R3- a través de dos vías. Por un lado, este nuevo "cargo tarifario" implica aumentos de entre el 70% y el 230% en el servicio, y por otro, por la suba en el precio que pagan en el gas que emplean.

La UCR tiene propuestas

La combinación de ambas cuestiones está produciendo y producirá incrementos considerados "exorbitantes" por el bloque de concejales radicales, cuyos integrantes, a partir de tomar contactos y profundizar en el abordaje de esta problemática (en nuestra ciudad, como ayer informó El Diario, en la Oficina Municipal de Información al Consumidor se han recibido numerosos reclamos), plantearon una serie de alternativas que podrían instru-mentarse para poner freno a la situación reinante que afecta al bolsillo de los usuarios.

Fue el concejal Esteban Reino el que las explicó una a una. La primera de ellas contempla el dictado de un amparo colectivo por parte de la OMIC haciendo referencia al artículo 52, que le permite iniciar una acción judicial en defensa de los usuarios.

La segunda opción es aguardar el resultado de la presentación que hizo el Defensor del Pueblo de la Nación. "En primera instancia fue rechazada pero recurrió a la Cámara, que deberá resolver pero no se sabe en qué tiempo. Si resulta favorable la acción de amparo se suprimiría el cobro del porcentaje fijado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional", sostuvo Reino.

La tercera posibilidad enumerada por Reino es que la OMIC, que depende de la Asesoría Legal de la comuna, solicite a través de una acción judicial que se aplique el reglamento de servicio que dice que el usuario puede pagar el consumo, sin incluir el aumento que estipula el polémico decreto 2.067.

La cuarta y última posibilidad es que el Intendente inicie una acción colectiva o amparo pidiendo la suspensión de la aplicación de este decreto. "Puede salir una medida cautelar que suspensa el pago de ese tributo pero hay que esperar la resolución final, que puede resultar o no favorable al usuario", añadió el titular de la bancada radical, rodeados por sus pares Jorge Durand y Graciela Minichiello.

Actuar rápido

Remarcó Reino que "no se puede perder más tiempo" por lo que sostuvo que el Intendente o bien la OMIC deben actuar en forma inmediata para impedir el pago de este aumento cuya suma es escalofriante, abusivo y violatorio de los derechos constitucionales".

También dejó en claro que la empresa Camuzzi Gas Pampeana no es culpable de este problema sino que sólo actúa como agente de retención del dinero que tendrá como destino el polémico fondo fiduciario creado el año anterior pero aplicado luego de las elecciones legislativas.

Por último, Reino se demostró optimista en cuanto a que el Departamento Ejecutivo municipal actuará en defensa de los usuarios. "Esta medida la tomó el Gobierno nacional. Creo que tiene el mismo pensamiento que nosotros. Hoy el vecino está preocupado porque no puede pagar semejante aumento".

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