Propician cambios a la ley del Personal Policial

Se consideran necesarias las reformas para poner en marcha la norma sancionada en 2006. Habría más grados policiales y nuevos requisitos para el ingreso, así como retoques al régimen disciplinario.
La Cámara de Diputados tiene en estudio en sus comisiones una serie de reformas a la ley 12.521 -del Personal Policial de la provincia- propiciadas por el Poder Ejecutivo, "tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento de los distintos institutos allí previstos". Cabe recordar que la norma fue sancionada en abril de 2006 con el objetivo de modernizar el régimen laboral del personal, para dotar de mayor objetividad y transparencia a los procesos de ascensos, así como optimizar los procedimientos en materia disciplinaria.

El extenso proyecto que acompaña al mensaje 3.648, firmado por el gobernador Hermes Binner y el ministro de Justicia, Daniel Cuenca, prevé cambios en 52 artículos, agregados en otros 5 y la derogación total de 3 de los 128 artículos que contiene la norma vigente.

Se admite que los nuevos institutos, además de generar una serie de críticas en la propia institución policial, "en la práctica motivaron dificultades que impidieron incluso su reglamentación en término por la anterior gestión de gobierno". Aclara el mensaje que el proyecto "no se constituye en una nueva reforma integral de la ley del Personal Policial, sino sólo en la modificación de aquellos institutos que han mostrado dificultades para su instrumentación y en la inclusión de nuevas figuras que apuntan a un mejor funcionamiento de la Policía de la provincia".

Así se sigue el criterio de una escala jerárquica con cuadro único, pero llevándose de 10 a 14 los grados, a efectos de corregir el achatamiento generado por la ley, "en particular en las jerarquías más bajas, provocando falta de estímulo para el personal". Estos nuevos cuatro cargos tendrán carácter transitorio hasta transformarse en 11 grados, ya que a partir del año próximo los ingresantes lo harán con la carrera de auxiliar, tras dos años de capacitación en el Instituto de Seguridad Pública (Isep).

También propician reformas en el sistema de ingresos, manteniendo la exigencia de la carrera de auxiliar para ingresar al escalafón general y se establecen criterios para ingresar al resto de los escalafones. Además, se limita la restricción para el ingreso en los casos de condenados o procesados por delitos culposos.

En cuanto al régimen disciplinario, propone limitar la actuación del Tribunal de Conducta a las faltas más graves, pasibles de destitución; se mantiene la facultad del jefe de Policía en aquellas sanciones de hasta 30 días de suspensión y brinda una mejor técnica legislativa a las situaciones en que los jefes inmediatos pueden aplicar sanciones de suspensión de hasta 5 cinco días en los casos de agravamiento de faltas leves.

Otras reformas

El mensaje fija como responsabilidad del Estado el garantizar el proceso continuo de formación en el desarrollo de la carrera policial y, para tal fin, propone el diseño de un plan estratégico de formación continua que estará a cargo del Consejo Interinstitucional del Isep.

En dicho marco, se establece el sistema de ascensos, en el cual se limita la figura de los concursos de antecedentes y oposición a las jerarquías superiores.

El mensaje establece la necesidad de promover estrategias de prevención y cuidado de la salud laboral del personal policial y especifica las condiciones de las licencias especiales por tiempo prolongado por enfermedad o accidente inculpable.

En otro artículo establece la responsabilidad del Estado de proveer el uniforme básico de acuerdo con lo que establece la reglamentación, mientras que el Ejecutivo optó por no incluir en la ley especificaciones en relación con porcentajes de suplementos especiales y nuevas bases de cálculo que tengan que ver con la política salarial.

Por otra parte, prevé incorporar nuevos subescalafones en el escalafón profesional en áreas de Criminalística, Comunicaciones e Informática.

Finalmente, se incorpora como una obligación, al momento del ingreso a la fuerza, la de prestar juramento de fidelidad a la comunidad y de respeto a las Constituciones nacional y provincial, "como una manera de reafirmar la vocación de servicio y el apego a las normas que se requiere para prestación del servicio de seguridad por parte de la policía".

Indumentaria policial

El diputado justicialista Mario Lacava cuestionó la falta de respuestas del Poder Ejecutivo al pedido de informes votado por la Cámara Baja sobre la licitación de ropa para los integrantes de la Policía santafesina. "No remiten el expediente para evitar que se investigue un acto de corrupción", acusó el obeidista.

"Que nadie dé la cara ni nos remitan el expediente hace que las sospechas y certezas de que estemos ante un acto de corrupción administrativa crezcan todos los días. No sólo le niegan a la oposición las explicaciones y la documentación respectiva, sino también al propio oficialismo parlamentario, que voto unánimemente los pedidos", explicó.

Según Lacava, "nadie quiere quedar enganchado con quienes no pueden explicar ni justificar que la provincia deba pagar sobreprecios de hasta un 250 % en camperas, pantalones y camisas para la Policía, cuando toda la vida se compraban a precios accesibles en las tiendas locales del ramo".

El legislador anticipó que, de no tener respuestas, insistirá en reclamar la documentación y no descarta conformar una comisión investigadora. "Controlar y preservar la transparencia de los actos de gobierno es nuestra obligación constitucional y estamos dispuestos a cumplirla", acotó.

Transición

La semana pasada, la Legislatura aprobó una ley excepcional que suspende los mecanismos legales vigentes para las promociones de la Policía, y que las habilita según los viejos criterios de la ley 6.769.

La norma recientemente sancionada permitirá habilitar un período de transición entre la legislación anterior y la vigente (que se aprobó en abril de 2006, pero no se ha podido aplicar), a la que el gobierno santafesino pretende hacerle modificaciones, sin renunciar al concepto general de la reforma.

Tal como ocurrió con la legislación aprobada hace tres años, la ley de excepción contó con un alto grado de consenso entre los partidos políticos con representación parlamentaria.

El texto fue votado primero por Diputados, mediante un proyecto que unificaron el justicialista Adrián Simil (PJ-Santa Fe Federal) y el radical Santiago Mascheroni (Frente Progresista), y luego por el Senado, donde la mayoritaria bancada del peronismo habilitó sobre tablas y votó el proyecto que le envió la Cámara Baja.

La ley que reabre las promociones policiales evitará el fenómeno de achatamiento de la pirámide salarial en la fuerza.

Grados

Los 14 grados previstos en la reforma están distribuidos en cuatro escalas.

Así, el personal de ejecución comprende los grados más bajos: suboficial, suboficial ayudante, suboficial auxiliar, suboficial principal y oficial de policía.

El personal de supervisión comprende oficial ayudante, oficial auxiliar y oficial principal.

El personal de conducción incluye a subcomisario, comisario y comisario principal.

En tanto, el personal de dirección lo integran comisario inspector, comisario mayor y comisario general, que significa el final de la carrera.

2.000 armas

En lo que va de 2009, la Policía de la provincia secuestró 2.028 armas de fuego en distintos operativos policiales realizados en todo el territorio santafesino, como estrategia de prevención del delito.

Las cifra supera las 1.967 armas decomisadas en el año 2008, las 1.854 de 2007 y las 1.783 de 2006.

La Unidad Regional 2 (UR2) de Rosario es la que más armas de fuego secuestró (651), seguida por la URI, departamento La Capital (546); la Dirección General de Seguridad Rural (152); la UR 7 departamento Garay (112); la UR 5 departamento Castellanos (97) y la Dirección de Prevención y Control de Adicciones (86).

En cifras

8 millones de pesos es el costo que afronta el gobierno por retroactivos adeudados a la Policía desde 2005 a 2007 (producto de la gestión anterior).

500 mil pesos mensuales es el costo de unas 3.000 promociones habilitadas por la ley de excepción aprobada por la Legislatura.

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