Propician agregado a la Ley de Defensa del Consumidor

Para llenar un vacío legal y determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales que corresponden al domicilio del usuario o consumidor, hoy indefensos cuando tienen que hacer algún reclamo judicial fuera de Jujuy.
El diputado provincial Hugo Insausti (PJ) presentó un proyecto promoviendo incorporar una cláusula a la Ley 5170 de Adhesión a la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor, estipulando que en las acciones de los consumidores y usuarios será competente el tribunal del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación, que puede ser el del domicilio del demandado, el del lugar del contrato o el del domicilio del usuario o consumidor, a opción de estos últimos.

El proyecto, que tomó estado parlamentario en la última sesión de la Legislatura, expone que cada vez es más frecuente que consumidores de la provincia de Jujuy se trasladen a otras provincias y suscriban contratos comprendidos en la relación de consumo y "queden indefensos frente a la necesidad de reclamar sus derechos en la jurisdicción del domicilio del deudor o del lugar de celebración del contrato, que son los criterios concebidos desde el ámbito de la concertación más liberal de las relaciones económicas".

En los fundamentos, el legislador se remite al artículo 73 de la Constitución Provincial por el cual se dispone que el Estado "garantizará la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y sus legítimos intereses económicos".

En el estado actual del régimen jurídico –subraya- la falta de determinación de la competencia de los órganos jurisdiccionales que correspondan al domicilio del usuario o consumidor es un obstáculo en la realización de estos derechos. "Esto torna impracticable y de difícil realización el acceso a la justicia, en tanto muchos usuarios y consumidores de nuestra provincia adquieren bienes y servicios en otras jurisdicciones y en estos casos la regla general es que deben promover las acciones judiciales ante los magistrados con competencia en el lugar en que se celebró el contrato o el domicilio del proveedor del bien o servicio", explica Insausti.

Dice que por eso, muchos usuarios y consumidores de Jujuy que contratan servicios o adquieren bienes en otras provincias, "cargan con la seria y a veces insalvable dificultad de buscar un letrado matriculado en Buenos Aires, Tucumán, Salta o Córdoba, soportar los gastos de traslado y enfrentan todo tipo de limitaciones para ejercer los derechos que la Constitución de la Nación y de la Provincia le reconocen", lo que conduce a la "frustración de la finalidad protectoria de las normas", a la vez que se desalienta y desanima a los usuarios y consumidores de menor poder adquisitivo o que han realizado operaciones de menor valía.

"Insistimos entonces –expresa Insausti- que las reglas del forum solutio, forum rei, forum contratus, forum comissi delicti, no se condicen con las normas constitucionales reformadas en el año 1994 ni con las exigencias de estos derechos de tercera generación porque las mismas afectan y vician de ineficacia cualquier procedimiento judicial, tornando ilusorios e irrealizables los derechos que se pretenden proteger".

Exponiendo sobre los antecedentes de esta legislación en la provincia, recuerda que la Ley 5170, de adhesión a la norma nacional de defensa de los consumidores, data del año 2000 y en ella se disponía que en el ámbito de la provincia de Jujuy serán de aplicación las normas del juicio sumarísimo previsto en el Código Procesal Civil, asignándole competencia para entender en esa materia a los jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial del domicilio del actor.

A iniciativa del Poder Judicial en 2002, agrega el diputado Insausti, se dictó la Ley 5326 que sustituyó esa disposición, estableciendo que el trámite a seguir sería el contemplado en la Ley 4442 para los procesos de amparo y asignando competencia a las Salas de la Cámara Civil y Comercial de la provincia. "Tal modificación –según las razones dadas por el Superior Tribunal de Justicia al elevar el proyecto a la Legislatura- tuvo fundamento en la necesidad de redistribuir el volumen de trabajo entre ambos órganos jurisdiccionales", pero "eliminó la expresión que contenía la redacción originaria respecto a la competencia del domicilio del actor, que es precisamente el domicilio del usuario y consumidor y vino a quedar un vacío en este respecto, que debía llenarse con las normas generales de competencia civil y comercial".

El proyecto fue acompañado con la firma del diputado radical Pablo Baca.

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