Alfredo Cornejo jugó al límite de la prohibición a hacer anuncios y lanzó dos definiciones acerca del ítem Zona para docentes. La primera es que la rediscusión de los criterios para otorgar nuevas zonas se hará en paritarias cara a cara con los gremios y sin modificar las zonas ya otorgadas en gestiones anteriores; la segunda es que incluirá en el Presupuesto 2018 una partida de 387 millones de pesos destinados exclusivamente a pagar ese incentivo.

Ambas definiciones las realizó al salir de la apertura del seminario “Desarrollo Rural en América Latina y el Caribe”. Allí el gobernador Cornejo lanzó que el fortalecimiento de la ruralidad está vinculada no sólo al desarrollo productivo, sino también a la infraestructura social básica.

En ese ámbito, la discusión de los adicionales por zona a los docentes parece pertinente: “Las zonas futuras se van a ir reestructurando con un nuevo criterio, que es el que vamos a someter a paritaria, luego vamos a tratar de aprobarla por ley. Queremos que quede un esquema de zona objetivo, que tenga en cuenta los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares”, dijo Cornejo, para dar la idea de que las nuevas zonas estarán distribuidas en función de indicadores sociales objetivos.

Del mismo modo, el Gobernador anunció continuará profundizando el conocido como “ítem centro de salud” que acordó en paritarias y que empezó a aplicarse este año: “Queremos seguir incrementándolo. Es un incentivo económico para retener profesionales en algunos lugares. Queremos desandar un proceso que ha venido achatando la pirámide salarial”, expresó el mandatario.

El debate por el adicional por zona tiene larga data, debido a la deuda que el Estado provincial viene acumulando desde hace nueve años por no pagarle a los docentes beneficiarios del ítem. Se trata de unos 16 mil docentes a los que se les adeudaría, según los cálculos oficiales, unos 700 millones de pesos.

A fines de setiembre el Gobernador lanzaba la idea de pagar la deuda completa y, de paso, redefinir el ítem Zona para premiar a los docentes que se desempeñan en las escuelas más difíciles, pero sin tocar las actualmente vigentes y no pagadas.

Desde el gremio, el titular del SUTE Sebastián Henríquez, puso sus reparos porque entendía que tanto la cancelación de la deuda, como la redefinición del criterio de la zona debía pasar por discusión paritaria.

Ayer Cornejo recogió el guante y lanzó el convite. Volvió a decir que “el que ya tiene zona va a seguir cobrando la zona hasta que se jubile” y que el nuevo criterio a aplicar “la vamos a someter a paritaria”, con la intención de consensuar un criterio objetivo para otorgar los adicionales a los docentes.

Fechas para iniciar la discusión no fueron anunciadas por el Gobernador. Pero por lo pronto se verán las caras después de las elecciones para reabrir la actualización salarial en función de la evolución inflacionaria.

 

Medidas para los “trapitos violentos”

Otro de los temas planteados por el gobernador Alfredo Cornejo se refiere a la problemática de los “trapitos”. Al respecto dijo que está trabajando con el intendente de la Ciudad Rodolfo Suárez en una solución para el problema de los “trapitos violentos”.

Todavía no hay una definición final, pero dijo que antes de fin de año se anunciaría una normativa “de fácil aplicación. No tienen que ser cosas ideologizadas, que no tienen efectos prácticos en lo cotidiano”, dijo abriendo el paraguas respecto de una discusión doctrinaria sobre el encuadramiento legal de las posibles extorsiones de los cuidacoches.

“Hay una figura del Código Penal que no se aplica, la mendicidad violenta, que es difícil de ejecutar en la práctica concreta. Penalizar la mendicidad está en desuso, no se podría hacer. Lo que se penaliza es la coacción”.

Cornejo también descartó la prisión para estos casos de “trapitos violentos”, porque “creemos que la prisión debe estar para los delitos mayores. Pensamos en multas y fundamentalmente trabajo solidario”, explicó el Gobernador.

De esta manera es que se plantea la posibilidad de una figura nueva en el Código de Faltas, que se sume a las que ya viene empujando el Ejecutivo, como la de sancionar a quienes lleven armas blancas o de fuego que no estén en condiciones de disparar o las réplicas y que no puedan justificar su portación.