Las promesas cumplidas y los temas pendientes del Gobierno provincial Tras cinco años de Gobierno, los claroscuros de la gestión Brizuela

El déficit de agua y energía es el problema más urgente. Pero también es necesario mejorar la atención sanitaria y la asistencia social. La política salarial y la obra pública, los ejes más destacados.
Se cumplen cinco años de gestión del gobernador Eduardo Brizuela del Moral en la Provincia y un año de su segundo período de gobierno. En el balance afloran avances importantes, pero también deudas históricas que esta gestión no consiguió hasta ahora remediar.

La obra pública y las recomposiciones salariales para empleados y jubilados provinciales destacan como los principales logros de la gestión brizuelista. Pero del otro lado, continúan problemas estructurales que afectan la calidad de vida de los catamarqueños y también la calidad de las instituciones. La deuda mayor, sin dudas, es con los servicios públicos. El déficit del sistema y la falta de inversiones quedaron al descubierto semanas atrás cuando, en medio de una ola de calor -nada inusual en Catamarca- colapsó el servicio energético y con ello, también la provisión de agua potable. La situación afectó al 70% de los barrios de la capital provincial y a gran parte del Valle Central.

También siguen como materias pendientes temas tan sensibles a la población como la asistencia social y los servicios de salud, que continúan necesitando un gran porcentaje de la población afectada por la pobreza.

El balance, a un año del segundo mandato y a cinco años de la gestión de Brizuela del Moral en el Gobierno, no puede desconocer la bonanza económica que lo acompañó estos años y que recién en 2008 comenzó a menguar, afectada por la crisis del campo, primero, y por los coletazos de la crisis financiera internacional, después. En Catamarca, a estos factores foráneos se sumó la ruptura de la alianza del FCS con el kirchnerismo, que se tradujo en severos recortes y, en algunos casos, el corte total de partidas nacionales que debían venir a financiar obras y programas en la Provincia. La deuda mayor, en fondos nacionales, es la que se registra en viviendas sociales. Aunque hubo períodos de parálisis en la construcción, el Gobierno decidió girar partidas propias para no parar la edificación de viviendas en una provincia que aún no termina de saldar su déficit habitacional.

Bajo la premisa de analizar un año de gestión gubernamental, los 14 diarios de todo el país que integran la Red de Diarios -entre ellos EL ANCASTI- publican hoy informes similares que ponen bajo la lupa el desempeño gubernamental en distintas provincias.

Política salarial

Con una planta declarada de 32 mil empleados públicos -entre trabajadores permanentes (29.597) y temporarios (2.409)- el Gobierno provincial otorgó tres incrementos salariales en lo que va del año: del 20% en marzo, de 100 pesos en mayo y del 11%, con un piso mínimo de 200 pesos, en septiembre. Esto supone un aumento del 40% anual, un porcentaje muy superior al aumento promedio del 20% que recibieron los trabajadores privados.

La política salarial de la provincia tiene consecuencias directas sobre los 17 mil jubilados provinciales, a raíz del reconocimiento del 82% móvil que desde 2007 otorga el Estado provincial. Como la movilidad es de aplicación automática, todo incremento que reciben los trabajadores activos, se traduce en un aumento del orden del 82% para los pasivos transferidos. Aún queda pendiente, sin embargo, el blanqueo y pago de la deuda por movilidad que surgió a partir de errores en la liquidación.

Asistencia social

Difícilmente la gente pueda olvidar que antes de convertirse en un ministerio, Desarrollo Social funcionaba bajo la órbita de Salud. Las exigencias y el dinamismo del que se debía dotar a ciertas reparticiones obligaron a ampliar las capacidades de los organismos, como sucedió en el área social de la Provincia.

En Catamarca, los indicadores de la pobreza siguen siendo preocupantes: Desarrollo Social atiende a un universo de 19.180 familias que reciben mensualmente la ayuda de los Vales Pro Familia, a los que se suman las 11.282 familias que se encuentran en el interior de la provincia que son asistidos con módulos alimentarios. Es decir, 30.462 familias "en los padrones" oficiales, que deben ser asistidos por el Estado porque no logran cubrir todas sus necesidades de alimentación.

En porcentajes, más del 10 por ciento del total de la población recibe asistencia estatal para alimentarse. Esto sin contar el universo de beneficiarios de otras ayudas directas, como los enfermos celíacos, los portadores de VIH y los enfermos de tuberculosis, quienes también son atendidos de manera similar.

Transparencia

¿Cómo y en qué se gastan los recursos provinciales? ¿En qué invierte cada área de Gobierno? La transparencia en el gasto y funcionamiento de los organismos públicos sigue siendo un déficit de la gestión de gobierno. No existen instrumentos legales que obliguen (con sanciones efectivas en caso de incumplimiento) a los funcionarios del Gobierno a responder a los pedidos de informe que realiza la Legislatura provincial. De hecho, de los 46 pedidos de informe aprobados este año por la Cámara de Diputados, sólo 5 recibieron respuesta del Ejecutivo.

Si bien en el Boletín Oficial se publican los actos administrativos autorizados por el Gobierno, no existe un instrumento legal en poder de la ciudadanía -como sí existe a nivel nacional a través del decreto 1172/03- que permita a cualquier persona solicitar información a las distintas áreas de Gobierno, con la obligación del responsable de responder en un plazo de 10 días hábiles.

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