Promesa incumplida: el SUBE todavía no te deja en ninguna parada

Promesa incumplida: el SUBE todavía no te deja en ninguna parada
Transporte pretende cobrar hasta 15% de cada transacción para mantener la nueva red magnética. Los colectiveros se oponen. En una semana, cuando vence la promesa electoral, se repartirán tarjetas no del todo testeadas.
A la Secretaría de Transporte, dirigida por Ricardo Jaime, le queda una semana para poner en marcha el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), ideado para combatir la escasez de monedas. A pesar de la urgencia, todavía no se hicieron las pruebas técnicas, no se asignaron puntos de venta ni de recarga de tarjetas magnéticas. Se adjudicó sólo una de las cinco licitaciones que abrió el Banco Nación y se endurece la pelea entre las entidades del sector y la administración pública por el manejo de los 7 millones de pesos que las firmas de transporte metropolitano recaudan a diario. El Gobierno quiere quedarse con una comisión de entre el 5% y el 15% de cada transacción y "pagar las máquinas que comprará en el futuro con parte del subsidio al combustible que actualmente reciben" las empresas. Según fuentes de las cuatro cámaras de transporte involucradas en el desarrollo del SUBE, "ése es un costo altísimo". Directivos de distintas compañías consultadas por Crítica de la Argentina admitieron que el sistema "está en pañales".

Tras las primeras demoras, Cristina Fernández de Kirchner le impuso a Jaime una segunda fecha

de vencimiento para poner en marcha el SUBE: el 22 de junio, una semana antes de las elecciones

legislativas. Ese día la Secretaría de Transporte tendría que distribuir 5 millones de tarjetas

magnéticas que fabricó (y estampó con el logo de Presidencia de la Nación) la firma GyD Latinoamérica. Sin embargo, el beneficio será para unos pocos. Los pases servirán sólo en lectoras instaladas en 12 líneas de colectivos, en el subte y en algunas estaciones del ferrocarril Urquiza. En conjunto trasladan a unos 2,5 millones de pasajeros por día. Son transportes de compañías que invirtieron en un sistema similar al SUBE antes del anuncio oficial del 4 de febrero pasado.

El Gobierno destinó casi 7 millones de dólares para la producción de 5 millones de tarjetas

inteligentes que todavía no fueron testeadas en otras máquinas que están operativas en líneas del Grupo Plaza, Dota, Nudo y en Transportes 68. También en Metrovías y en el Ferrocarril Urquiza, ambas empresas del Grupo Roggio.

"Ninguna tarjeta magnética, por más inteligente que sea, va a funcionar en una lectora de un

sistema ajeno si antes no fue configurada y programada para ello. El Gobierno no sólo no se reunió con las grandes proveedoras (Roggio, Siemens, Indra), sino que tampoco habló con las pymes que desarrollaron boletos electrónicos en colectivos del conurbano bonaerense", contó a este diario un directivo de una compañía que participó de la quinta licitación (administración de transacciones).

Para Carlos Abril, gerente comercial de exportaciones de Siemens, con la cuarta licitación (provisión e instalación de máquinas lectoras) el Gobierno debía haber entregado cuatro equipos de muestra y un set de tarjetas para realizar dos tipos de pruebas: en laboratorio (oficinas del banco) y en colectivos. "Los equipos tienen su propia programación y modelo de seguridad que el banco

desconoce", explicó el ejecutivo de Siemens.

El modo de administrar la recaudación es todavía un tema sin definir. El presidente de la Cámara

Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Daniel Millaci, contó que en la industria no están de acuerdo con que el Gobierno "maneje el dinero" del transporte urbano. El titular de CEAP se reúne todas las semanas con sus pares en la Cámara del Transporte Urbano de Buenos Aires,

en la Asociación Civil del Transporte Automotor y en la Cámara de Transporte de la Provincia de

Buenos Aires. "Estamos tratando de que los fondos de la facturación no vayan a parar a Nación Servicios. Consideramos que es monopólico que manejen todo el dinero y encima nos quieran cobrar un 15% por cada transacción. Ellos no lo admiten, pero en las entidades pensamos que con esa comisión van a mantener el sistema", opinó Millaci.

El SUBE no sólo sufre problemas de implementación y de incumplimiento técnico. Una vez que se ponga en marcha incumplirá la Ley de Tránsito 24.449, que exige la impresión de un boleto

como comprobante de viaje para cada pasajero que viaje en colectivo. El inconveniente es que

el nuevo sistema, diseñado contrarreloj por la Casa Rosada, no tuvo en cuenta dicha normativa de 1992, todavía vigente.

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