Tras ajustar parte del presupuesto actual, la mandataria le ordenó a su ministro de Economía, Hernán Lacunza, reasignar una cifra cercana a los $1000 millones de septiembre hasta fin de año para mitigar los coletazos de una recesión económica que, según fuentes oficiales, elevará el índice de pobreza del territorio que gobierna a un 32%.

En una semana en la que Mariu mostró su desencanto con el optimismo reinante en la jefatura de Gabinete, reconociendo a la coyuntura actual como "dura y difícil", decidió habilitar para este mes $500 millones del presupuesto en busca de atenuar el impacto de una devaluación que ya se trasladó a los precios y golpea directo en los más vulnerables.

La resolución de la Gobernadora toma relevancia por su significado social, a sabiendas de que su compromiso con Macri para ser una de las provincias -junto con la Ciudad de Buenos Aires- que más absorberá el ajuste en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reducir el déficit fiscal. La cifra total rondará los $25.000 millones.

Consciente de la tormentosa realidad que sacude al país y de los efectos colaterales inmediatos que provoca la devaluación, ordenó engrosar el stock de alimentos y productos para evitar faltantes en los comedores comunitarios que minan -y sostienen- su territorio.

Además, Lacunza y su equipo se pusieron al frente de la gestión de pago de salarios y programas sociales, fundamentales para una gran parte de los bonaerenses, que, en las últimas encuestas, dejaron bien claras las diferencias entre la gestión provincial y la nacional, a la cual responsabilizan de la crisis desatada.