Frente a las definiciones sobre mafias de letrados y superproducción de juicios laborales que enarbola el Gobierno, hay sectores que rechazan tal concepción y ofrecen cifras al respecto. No sólo abogados o sus asociaciones echan mano a datos de 2016 respecto a que menos del 20% de los accidentes laborales terminaron en juicio. En tanto, por dinámica de mercado, las ART han consolidado su posición económica y financiera. Quienes resisten la embestida oficial consideran que la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo, bajo lectura minuciosa, verifica la concresión de la flexibilización laboral. Lo dicen abogados del fuero laboral (ver recuadro) e incluso un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional Atenea. Desde la vereda del Gobierno, la denominada “industria del juicio” es la madre de todos los males de empresas, sobre todo pymes.

Un paper detalla que las

demandas representan el 1%

de los trabajadores cubiertos

por el sistema de ART

En tren de sutil ironía el diputado Héctor Recalde (FpV) ha coincidido en la apreciación de otros colegas respecto que “los juicios laborales no son un penal sin arquero, a favor del trabajador”. Es el laboralista que fue definido como el “jefe de una mafia” por el Presidente Mauricio Macri.

En datos duros, el paper de Atenea detalla que la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) afirma que las compañías de Seguros recibieron 127.503 demandas durante 2016, mientras que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) registra un número menor para ese período: 117.605. Se contabiliza el alza de juicios de fines del año pasado, donde los trabajadores iniciaron sus reclamos previendo la reforma de la Ley de ART. No existen datos publicados por la SRT sobre la cantidad de accidentes en 2016. No obstante, de haberse mantenido el promedio de los últimos tres años (unos 664.986) y tomando en cuenta la cantidad de juicios publicados por la UART, se concluye que solo el 19% de los accidentes de trabajo llegan a juicio.

Desde la óptica del Gobierno, como ayer lo refrendó el ministro de Justicia Germán Garavano, la “industria del juicio” implica el principal deterioro que hoy padecen las pymes. Así fue su definición ante la consulta del ciclo Toma y Daca (Radio El Mundo). Allí Garavano no solo suscribió los dichos del jefe de Estado sino que puso en consideración que los gobiernos provinciales también reclaman por esta cuestión.

La contraparte aduce que en el año 2016 un conjunto de ART, representativas del total del sector, obtuvieron un resultado positivo que asciende a los $9.500 millones, con una alza interanual del 41%. Tales datos resultan de los estados contables publicados en la Superintendencia de Seguros de la Nación de 11 compañías que, a diciembre de 2016, concentran el 83% de los trabajadores cubiertos del sistema. En febrero pasado el Gobierno dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 54/17, que reformó ciertos aspectos de la Ley de Riesgos del Trabajo. Muchos sectores cuestionaron la validez del decreto por no existir una situación de “necesidad y urgencia”. La estrategia oficial definió el envió de un proyecto de ley mediante convocatoria a sesiones extraordinarias, y aprobado velozmente.

Allí la administración de Cambiemos batalló ante entidades y la opinión pública respecto a la “industria del juicio”.

Se impuso la obligatoriedad del trámite ante las comisiones médicas previo a que el trabajador acceda a la justicia por un accidente de trabajo. Los foros de médicos habían sido declarados inconstitucionales durante una década por la Corte Suprema.