Tres profesionales que se desempeñan en una institución privada advirtieron ayer en conferencia de prensa que en el Servicio de Salud Mental del Hospital ‘Gobernador Centeno‘ (sector adultos) no aceptan internaciones ‘ni aún en casos de riesgo, algunos de ellos muy graves‘. Si bien ponderaron que técnica y materialmente el mencionado servicio público está en condiciones de brindarse a la comunidad, el psiquiatra Enrique Castro y los psicólogos Néstor Benítez y Silvia De la Mano se transformaron en voceros de ‘los usuarios y familiares que manifiestan de manera recurrente que las guardias psiquiátricas periódicamente se encuentran acéfalas, al mismo tiempo que se niega a los usuarios y profesionales la posibilidad de implementar el dispositivo de internación‘.

Esa actitud de reticencia y de resistencia viene ‘desde antes de la sanción de la Ley de Salud Mental‘ (en vigencia desde 2010), pero se acentuó en los últimos tiempos‘, remarcaron los profesionales. Y advirtieron con severidad que las respuestas negativas a la solicitudes de internación se han producido aún frente ‘a aquellos casos en que el malestar de una persona puede llevarla a atentar contra sí misma o contra terceros‘.

En forma clara, directa y precisa Castro y sus colegas, integrantes de la entidad Lazos Familiares Pampeanos, advirtieron y denunciaron que en más de una oportunidad en el servicio del ‘Centeno‘ se han escudado en la Ley de Salud Mental para no realizar las internaciones solicitadas. El psiquiatra mencionado profundizó su reproche al narrar que en alguna oportunidad él mismo acompañó a un paciente en riesgo, para tratar de facilitar el trámite de internación, ‘y a los pocos minutos tuvo que volverse‘, expresó.

La Ley

ðLa rueda periodística fue propicia para re-actualizar el impulso dado en nuestra provincia a la difusión, conocimiento y aplicación de la ley nacional ya citada, sobre la cual se habló extensamente en las recientes Jornadas Nacionales de Salud Mental, efectuadas en General Pico y Santa Rosa, convocadas por FePRA y organizadas por el Colegio de Psicólogos de La Pampa.

Castro, Benítez y de la Mano recordaron ante los medios, y dejaron constancia en una gacetilla distribuida en la ocasión que ‘el licenciado Leonardo Gorbacz (autor del texto de la ley y disertante en las mencionadas jornadas) manifestó explícitamente la validez y legalidad del uso de la internación como recurso terapéutico, sea ésta de carácter voluntario o involuntario. Tales situaciones se encuentran claramente contempladas y previstas en el Capítulo VII, artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 , 28 y 29 de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657‘.

Se recordó, y manifestó durante la conferencia de prensa, que en las mencionadas jornadas tanto el licenciado Gorbacz cuanto la licenciada Alicia Stolkiner (profesional y académica de consulta a nivel nacional e internacional) habían advertido que en muchos lugares donde se niegan las internaciones invocando supuestos impedimentos emanados de la Ley 26.657 ‘se está también ante casos de resistencia política‘ a la vigencia de la norma. ‘Ante todo, siempre, debe estar la salud de las personas‘, sentenció Benítez saliendo al cruce de que llegara a ser ese el motivo por el cual se da la situación de referencia.

En otro momento de la rueda periodística Castro admitió desconocer de qué manera se trabaja en el Hospital ‘Lucio Molas‘ de Santa Rosa, que también tiene un servicio de salud mental similar al de General Pico y, en consecuencia, se abstuvo de opinar al respecto.

Moro

ðLos profesionales de Lazos Familiares Pampeanos informaron también que el 5 de noviembre último se comunicaron en forma directa con el subsecretario de Salud Mental y Abordaje de las Adicciones de La pampa, Roberto Moro, para ponerlo al tanto de las circunstancias que preocupan a los usuarios de servicios y a sus familiares. Afirmaron que el funcionario lo escuchó con atención y se manifestó ‘muy preocupado‘. No obstante ello, desde esa fecha hasta ayer no avanzaron con él en nuevas reuniones para la consideración y solución del problema.

Por último reclamaron que en la provincia se constituya el Organismo de Revisión contemplado en la Ley de Salud Mental y propusieron ‘convocar a todos los actores implicados en el cuidado de la salud mental (instituciones públicas y privadas, ONG’s, profesionales, usuarios y familiares) con el objetivo de planificar acciones conjuntas tendientes al trabajo en redes, que permitan articular y asegurar el correcto cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental‘. (Las personas interesadas podrán utilizar las siguientes vías de comunicación; por correo electrónico a lazosfamiliarespampeanos@gmail.com; o por teléfono a los celulares (2302) 15 50 20 78 y/o 15 54 66 39).