La norma se votó el 31 de marzo pasado con la unanimidad de los 15 ediles y entrará en vigor a fin de mes. Compromete 65.000 hectáreas de soja, maíz, trigo, sorgo, avena y hortalizas, entre otros cultivos, la mayoría en manos de minifundistas que trabajan, en promedio, 45 hectáreas.

No obstante, tras el planteo de productores, el Concejo Deliberante convocó para mañana a una sesión extraordinaria para votar una moción del presidente del cuerpo, el radical Alejandro Agotegaray, para diferir la puesta en vigor de la ordenanza por un año.

Entre otros, los aspectos cuestionados por los productores son la ampliación de una zona de exclusión, la restricción del uso de agroquímicos, con excepción de los conocidos como banda verde (de menor riesgo), la prohibición de la fumigación aérea, el aviso de 48 horas previo a las aplicaciones, y estrictos parámetros climáticos (velocidad del viento hasta 15 kilómetros por hora, no más de 25 grados de temperatura y humedad inferior al 60 por ciento).

"Reconocemos que hay abusos, pero esto no quiere decir que no podamos seguir produciendo", dijo el productor Carlos Amadeo. Se quejó de que "hasta ahora se podían hacer pulverizaciones terrestres respetando una zona de exclusión de hasta 50 metros de las zonas urbanas, pero a partir de la ordenanza el área se amplió a 300 metros y la fumigación aérea, que se podía hacer hasta unos 150/200 metros, quedó prohibida, lo que impide fumigar cuando hay anegamientos."

El productor entiende que al prohibirse productos banda azul, amarilla y roja no pueden seguir haciendo agricultura, porque hay muchos cultivos que necesitan herbicidas preparados con mezclas de esos productos para combatir malezas y agregó que prácticamente es imposible sembrar maíz, porque la semilla que viene en la bolsa está tratada con productos fitosanitarios.

"En síntesis -dijo Amadeo-, la ordenanza pretende que hagamos agricultura orgánica, que saquemos los yuyos a mano y sólo usar como fertilizantes guano, bosta de gallina e hiperfosfato, que es natural."

El problema surgió el año pasado cuando, según indicó el intendente local Ariel Santalla (UCR), se presentó el proyecto para regular los fitosanitarios "habida cuenta de la desactualización de la ley provincial y la falta de una norma nacional".

Recordó que hubo diez audiencias públicas en el Concejo Deliberante, a las que se convocó a todos los sectores y "en donde ante la menor presencia del sector rural, primó la participación de sectores vinculados con el medio ambiente, con la idea de prohibiciones, incluso absurdas en algunos casos, como pretender llegar a una zona de exclusión de 2000 metros".

Pero Santalla opinó sobre la necesidad de una restricción alrededor de los cascos urbanos. "Se puede discutir la cantidad de metros, pero no se puede discutir que exista una franja que evite la aplicación de este tipo de productos", señaló.

A todo esto, Amadeo reafirmó que los productores "nunca fueron convocados a las audiencias".Dante Goenaga, asesor en una de las cooperativas de la zona, que sí participó de una audiencia, contó la mala experiencia que vivió. "Expusimos que en el Ministerio de Agricultura de la Nación y en Asuntos Agrarios de la provincia estaban tratando el tema. Pero los ambientalistas nos maltrataron", indicó.

En tanto, el productor Javier Obligado reconoció que los agricultores deberían corregir algunos aspectos. "No se les puede pasar con los fumigadores por arriba, pero también es cierto que no se puede volver 60 años atrás con la agricultura", destacó.

Habrá que esperar hasta que los concejales voten el proyecto de Agotegaray. "En el corto plazo es lo más viable para darle tiempo a una discusión que contemple todos los intereses", concluyó Santalla.