Todo el arco rural y agroindustrial de Corrientes objetó el proyecto de Ley de Humedales. Arroceros, ganaderos, yerbateros y tealeros; citricultores y forestales nucleados en la Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes emitieron un comunicado en el que manifiestan su preocupación por los efectos que tendrá sobre el futuro desarrollo agropecuario de la provincia de Corrientes la eventual sanción del mencionado proyecto. Se trata de una propuesta que intenta definir “Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales”.

Para los productores “no queda claro cuál es el aporte normativo del proyecto de ley o qué problemas concretos pretende proteger y regular, que ya no fueran exigibles por otras normas que regulan la contaminación, el uso de agroquímicos, el uso de las aguas, las autorizaciones para obras y demás leyes ambientales en consonancia con la Ley Nacional 25.675”.

Estas objeciones y propuestas las hicieron llegar en nombre de la Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes integrada por la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA), Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC)-(17 Sociedades Rurales), Asociación de Plantadores del Nordeste Argentino (APNEA)-(yerba mate y té), Asociaciones de Citricultores de Corrientes (ACC)-(3 Asociaciones) y la Asociación Forestal Argentina -Corrientes-Misiones (AFOANEA) que suma la adhesión de la Federación Económica de Corrientes (FEC) y la Asociación de Productores Molineros de Yerba Mate de Corrientes (APMYMC).

Para los productores el proyecto de ley avasalla “asuntos de jurisdicción provincial previstos en los Art. 41º y 124º de la Constitución Nacional”, además de adoptar “una definición amplia de humedales incluyendo superficies no cubiertas por agua, lo cual implica para Corrientes el 50% de su territorio. Incluye en la definición conceptos como presencia temporaria de agua superficial o subsuperficial y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”, que incluye “erróneamente a grandes planicies anegables y valles productivos, que para la provincia representan 1.700.000 hectáreas casi el 20 % del territorio”.

Asimismo resaltan que la propuesta en debate “no contempla a la ganadería actual de modo explícito ni actividades preexistentes; limita las obras de infraestructura públicas y privadas y no propone criterios para la aprobación de las mismas ni la necesidad de promover buenas prácticas. No promueve criterios de obras y acciones para regulación de crecientes y evitar inundaciones, al contrario, propicia el enfoque de no hacer, motivo principal de los últimos episodios de inundaciones”.

Aseguran que “encarece y amenaza la puesta en marcha de proyectos, alejando así a los productores, a los gobiernos municipales, provinciales y nacional de materializar sus iniciativas, como caminos, reservorios, electrificación, pasturas, etcétera”.

Destacan que se dificultarán las autorizaciones, limitará a los profesionales que pedirán más estudios para prevenirse y los propietarios tendrán menos disposición a desarrollar iniciativas”.

Señalaron que el texto de la ley “facilita y promueve la oposición de la visión ecologista sesgada a proyectos productivos y de infraestructura públicos y privados que puedan plantearse” y aclaran que “la Ley de Bosques basada en este enfoque, no dio buenos resultados, incluso abarca una temática más acotada que los humedales”.

Asimismo resaltan que la provincia de Corrientes con su Código de Aguas y leyes ambientales tiene cubierto razonablemente la protección de sus humedales”.

Señalaron que “no tenemos ante nosotros solamente una ley de regulación ambiental, sino también de regulación económica” que en su opinión “implica poner límites a la producción agropecuaria”, por lo que “el tratamiento de este proyecto en el actual contexto de la economía nacional es inoportuno, ya que limitará la producción agropecuaria (especialmente regional) en un momento de crisis de matriz productiva, que irá a contramano de los programas regionales y de infraestructura tendientes a incrementar la actividad económica, además de las implicancias en el gasto público”.

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Algunas propuestas

Entre otras propuestas, los representantes de la Coordinadora de Entidades Productiva solicitan “definir a los humedales eliminando sustratos con rasgos de hidromorfismo” y “el concepto de elasticidad”; tomar en cuenta “la base de los mapas de paisajes y suelos elaborados por el INTA en sus distintas escalas” y aceptar que “la autoridad de aplicación nacional elaborará y coordinará el desarrollo del inventario nacional articulando con las provincias”.

Proponen definir la extensión del humedal “sobre la base geográfica de situaciones climáticas medias” y contemplar “el aprovechamiento agropecuario de los humedales y las obras de infraestructura inherentes deberán realizarse acorde a buenas prácticas agronómicas y constructivas que propendan a su uso sostenible, al mantenimiento de servicios ambientales y la minimización de cambios en su estructura y funcionamiento. Los estudios y los procedimientos administrativos necesarios para autorizar estos proyectos enmarcarán en los objetivos de la presente y se adaptarán a la legislación de cada jurisdicción”.