Productora de los Cadillacs habría negado la autenticidad de un documento clave

Se trata del poder de "representación legal" que permitió todo el contrato. Los abogados de la firma Time For Fun, dueña de los derechos de la gira de los Cadillacs, habrían planteado que no piensan reconocer su validez. Y que nadie estaba autorizado a contratar por Los Cadillacs. El caso se complica cada vez más.
El Caso Cadillacs se complica cada vez más, tanto en lo político, como en el frente judicial y empresario. Fuentes del caso confirmaron esta noche a MDZ que la firma productora multinacional Time For Fun, dueña de los derechos de la gira de Los Cadillacs, habría negado que tanto Pedro Infante, uno de los imputados como partícipe del fraude al Estado en este caso, como Oscar Alfredo Morales Bustos, el que firmó con Infante una "carta poder" como representante legal de la banda; hayan tenido atribuciones para celebrar ningún tipo de contrato o contratar actuaciones en nombre de Los Cadillacs. A los efectos del caso, esto significa que el gobierno contrató el show con personas que no podían representar a los músicos de ninguna manera, y además les dio 315.000 pesos.

La productora Time For Fun es una de las firmas de megaeventos más grandes del mercado, con sede en Brasil, Chile y Argentina. Es líder en facturación, y tiene como consultor externo a Daniel Grinbank, -el "señor" de la música- a quien le pagó un contrato de cinco años para que no produzca durante ese lapso. En Argentina T4F produjo los festivales Pepsi Music, Personal Fest y Creamfields, y la gira de Los Cadillacs, sobre la que tienen derechos exclusivos.

De acuerdo a la información a la que accedió MDZ, representantes legales de la firma Time For Fun se reunieron esta semana en Buenos Aires con los abogados de Marcelo Cosutta y Mariana Infante, el matrimonio socio de Offside que está también imputado en la causa judicial por fraude al Estado. Según parece, los abogados porteños –uno de ellos de alto perfil mediático- les dijeron a sus colegas mendocinos que no reconocerían la validez del polémico poder y el consecuente contrato del gobierno con Infante y Offside. Y que contestarían por escrito todas las preguntas que les haga el fiscal especial Eduardo Martearena. No estarían dispuestos, a la vez, a concurrir a declarar en sede judicial, ni mucho menos a la Comisión Investigadora del Senado de la Provincia.

El poder de la polémica

Para contratar en nombre de Los Cadillacs, la productora Offside puso "a la parrilla" a Pedro Infante, el padre de Mariana Infante. El hombre estuvo detenido incluso por negarse a aportar datos a la Justicia. Infante, para firmar el contrato con el gobierno, mostró una "Carta Poder" que Oscar Morales Bustos, un hombre relacionado a Belisario "Bebe" Albarracín, el socio de Offside radicado en San Juan, le había cedido. Morales Bustos a su vez dijo ser "representante legal" de los Cadillacs, aunque en el expediente no figura ninguna certificación en este sentido.

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Esa "carta poder" es la que para Time For Fun no tiene ninguna validez. Incluso, la certificación notaria que ese poder tiene es sólo sobre las firmas. Eso habría declarado la escribana ante el fiscal Martearena. Fuentes del caso lo confirmaron. "A la escribana le llevaron un papel escrito, un ‘instrumento privado’ y lo firmaron delante de ella. No tenía que certificar su contenido" dijeron. Ese papel habría sido elaborado en una notebook del estudio de Cosutta.

Así, en estas condiciones, con "representantes" que en apariencia no lo son, el gobierno firmó un contrato de 315.000 pesos con una de las bandas más populares de la música argentina.

En tanto, fuentes de Time For Fun y de Los Fabulosos Cadillacs dejaron trascender que a inicios de la semana próxima habría un comunicado oficial tanto de la productora, dueña internacional de los derechos, como de los músicos, en los que deslindarían su responsabilidad.

Si esto ocurre, y los empresarios desconocen a Pedro Infante y a Morales como contratantes o dueños de derechos de Los Cadillacs, la situación de los productores mendocinos y de los funcionarios que intervinieron en este caso, será sensiblemente peor.

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