La Procuración General de la Nación recomendó rechazar el recurso de queja de Mori por el caso Aciser

El dictamen de Luis Santiago González Warcalde planteó que la defensa del ex funcionario bustista volvió a reiterar los argumentos que habían sido rechazados por el tribunal y luego por el Superior Tribunal de Justicia. La sentencia quedaría firme.
El procurador general, Luis Santiago González Warcalde, emitió un dictamen en el que recomienda a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechacen el recurso de queja presentado por los abogados del ex funcionario bustista Oscar Horacio Mori, condenado a la pena de tres años de prisión condicional y a cumplir tareas comunitarias por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública desvío hacia la campaña partidaria del justicialismo de dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinados a la fundación Aciser por casi un millón de pesos/dólares.

El dictamen está fechado el 27 de octubre y plantea que el máximo tribunal “no debe hacer lugar a esta queja interpuesta en favor de Oscar Horacio Mori”. González Warcalde merituó de forma negativa el planteamiento de la defensa del ex secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión de que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), durante la audiencia de casación “omitió la ‘revisión integral de la sentencia impugnada’ y, por ende, violó el principio de la doble instancia”, consignó.

El argumento central utilizado por el procuración general es que la defensa de Mori –encabezada por el abogado y ex convencional constituyente Julio Federik– no logró rebatir los argumentos dados en la condena por el tribunal, algo que ya había sido puesto de manifiesto por el alto cuerpo entrerriano cuando se presentó la casación.

“De una lectura del recurso de casación, surge como dato objetivo que la parte (la defensa de Mori) se limitó a repetir los argumentos que planteó en el juicio y que fueron respondidos por el tribunal de sentencia”, resaltó el procurador González Warcalde, según consignó la agencia APF.

A renglón seguido, apuntó que la Sala Penal del STJ –entonces integrada por Carlos Chiara Díaz, Miguel Carlín y Germán Carlomagno– le hizo notar esa reiteración a la defensa diciéndole que sus argumentos ya habían sido “esgrimidos y resueltos en la instancia de grado (es decir, por el tribunal que condenó a Mori, la ex concejal Liliana Morard y el ex tesorero de Aciser Marcelo Sola en primera instancia), apareciendo entonces como una reiteración, sin aportar argumentos sólidos que lo sustenten y puedan tener anclaje en las constancias del proceso, habiendo sido en cada caso analizados y resueltos por el tribunal de grado en función de una urdimbre argumental irreprochable que sólo merece confirmación”, e inclusive el procurador añadió que la Sala Penal transcribió “literal e íntegramente los fundamentos de la sentencia del tribunal de juicio”, para concluir que “los argumentos precedentemente glosados no han sido destruidos ni enervados por la crítica casatoria expuesta en los libelos, ni tampoco en las exposiciones orales de la audiencia de casación, en relación a la sentencia”.

González Warcalde argumentó además que si bien la garantía de doble instancia exige “una crítica razonada” del fallo condenatorio, en casos como éste “en que el recurso se limitó a reproducir las tachas que ya habían sido contestadas de manera amplia por el tribunal de grado, sin refutar adecuadamente esos argumentos, no se puede reclamar un estudio novedoso o el desarrollo de una respuesta, porque ésta, en el marco de un debate procesal, no puede concebirse fuera de otro cauce que no sea el del planteamiento”.

“¿Qué respuesta original dar a quien no la provocó? ¿Qué puede agregar el tribunal de casación cuando el de sentencia refutó en detalle todos los planteos y no hubo enfoques inéditos por parte de la defensa? Y puesto que el recurso de casación de la defensa pecó, en definitiva, de falta de fundamentación, postularemos que podemos conformarnos con una repetición textual, frente a la posibilidad de una respuesta que, tras una presunta originalidad, apenas disimule la redundancia”, afirmó el procurador en su dictamen.

Tras lo postulado por González Warcalde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrá que decidir si acepta o no la queja interpuesta por la defensa de Mori para cuestionar su condena. Si mantiene los lineamientos dados por la Procuración General, la respuesta sería negativa y el fallo quedaría firme, por lo que el condenado deberá comenzar a cumplir con las tareas comunitarias en el Hospital de Niños San Roque y pagar una multa de 90.000 pesos, tal como le fijara la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná, integrada por Jorge García, Raúl Herzovich y Hugo Perotti, el 27 de febrero de 2006. En tanto, Morard y Sola cumplirán sus trabajos en el Hogar Ángeles Custodios.

Asimismo, en caso de confirmarse la condena, la Oficina Anticorrupción anticipó que intentaría, por vía de una demanda civil, recuperar el total del dinero malversado por Mori, Morard y Sola, a través de la presentación de una acción civil. Los tres fueron condenados por el desvío de dos ATN, uno por 465.000 pesos y otro por 500.000 pesos destinados a la Fundación Aciser pero utilizados durante la campaña electoral del Partido Justicialista durante las elecciones legislativas de 1997.

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