Además, el juez trabó embargo por $ 200 mil para cada uno de los procesados y les retuvo el pasaporte, además de otras condiciones para mantener la libertad condicional. De los tres magistrados, sólo Otero Álvarez estaba preso en la cárcel de Bouwer; los otros dos tenían el beneficio de la prisión domiciliaria.

En el mismo acto, Herrera Piedrabuena dictó la falta de mérito para los ex defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina, indagados también por su accionar ante víctimas del terrorismo de Estado.

El juez federal riojano, sobre quien recayó la causa por los sucesivos apartamientos de los magistrados cordobeses, procesó a Cornejo, Puga y Otero Álvarez (quien integró el Tribunal Oral Nº 1 que en 2008 dictó la primera condena a prisión perpetua al ex jefe del Tercer Cuerpo, Luciano Benjamín Menéndez) por los delitos de incumplimiento de la obligación de promover acción penal, participación secundaria en los delitos de homicidio y torturas, privación ilegal de la libertad y, en el caso de Otero Álvarez, también encubrimiento en 86 casos. En este caso, hubo una atenuación de cargos.

En el escrito del procesamiento, Herrera Piedrabuena dijo que hubo una “actitud omisiva” y un “silencio cómplice” que “fue un común denominador en el Poder Judicial de la Nación de la circunscripción de Córdoba, en particular entre los ex jueces, fiscales y funcionarios de primera instancia (Zamboni Ledesma, Puga, Cornejo, Alí -apartado del presente proceso-, Otero Álvarez) que pretendieron asegurar la impunidad de los autores de aberrantes delitos con su inactividad”.

“Si hubieran puesto en marcha el sistema de garantías para cada una de las víctimas, aún en forma individual, hubiera servido no sólo como límite a lo aberrantes delitos que se cometían, sino que habría beneficiado a la sociedad en su conjunto donde el Poder Judicial de la Nación hubiera actuado como protección ante el poder absoluto, o al menos intentado atemperar las acciones desatadas por el aparato represivo del Estado”, resaltó el magistrado.