Procesaron por peculado al ex intendente Miranda de Villaguay

El dirigente radical será sometido a juicio por el manejo irregular de dos Aportes del Tesoro Nacional por 200.000 pesos que había recibido la comuna para la construcción de un emprendimiento termal.
La jueza de Instrucción Número 1 de Paraná, Patricia Yedro, dictó el auto de procesamiento del ex intendente de Villaguay, Oscar Miranda (UCR), y del ex secretario de Gobierno comunal y ex senador provincial Alfredo Thamm, por el presunto delito de peculado, en un caso en el que quedó a la luz el extraño manejo realizado con fondos de dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por un monto total de 200.000 pesos que el municipio había recibido para llevar adelante un complejo termal. Asimismo, hizo lugar al requerimiento de elevación de la causa a juicio.

La investigación se originó a partir de una denuncia formulada por el Tribunal de Cuentas, luego de detectar la existencia de una caja de seguridad abierta por la Municipalidad de Villaguay en el HSBC Bank. Cuando los auditores hicieron el control relacionando la documentación existente en el municipio, los resultados obtenidos en los arqueos y las respuestas brindadas por los funcionarios advirtieron una significativa diferencia entre los fondos existentes en dólares y en pesos que estaban en esa caja.

La diferencia no hubiera salido a la luz si al momento de detectarse la existencia de la caja de seguridad se hubiera mantenido la paridad de uno a uno entre el peso y el dólar que existía al momento de abrirse la caja; pero adquirió significación dado que en ese momento ya se había producido la tremenda devaluación de la moneda dispuesta por el gobierno de Eduardo Duhalde, a principios de 2002, ya que se detectó que sobraban 71.200 pesos y faltaban 71.200 dólares, consignó el diario Uno.

Según se reconstruye, lo ocurrido de las diferentes declaraciones tomadas en la causa, el intendente Miranda y el secretario Thamm decidieron depositar en una caja de seguridad bancaria la suma de 200.000 pesos que habían obtenido de dos ATN destinados a llevar adelante un emprendimiento termal en la ciudad, pero lo hicieron en dólares, que compraron en ese momento a un tipo de cambio de uno a uno.

La decisión de utilizar la caja de seguridad se adoptó para evitar que el monto fuera embargado por acreedores del municipio a raíz del histórico juicio por obras de pavimento que la comuna perdió con una empresa, luego de un litigio de más de 25 años. Y se corroboró que al 31 de diciembre de 2001 había en la caja 170.200 dólares, ya que el monto restante (29.800 dólares) había sido utilizado para pagar a la empresa brasileña que se encargaría de la perforación termal.

Sin embargo, luego de conocerse la existencia de esta caja por personal de la Tesorería Municipal, y al realizarse un arqueo, el 20 de junio de 2002 (luego de que se retiraran los fondos de la caja de seguridad para pasarlos a una caja de seguridad del Banco de Entre Ríos SA), aparecieron 99.000 dólares y no 170.200 y la diferencia (71.200) estaba en pesos. Por esa razón se presume que hubo una maniobra de reemplazo de pesos por dólares en el momento en que el peso se devaluó, y que dicha operación se habría efectuado cuando el dinero se encontraba depositado en la caja de seguridad del HSBC, entre el 31 de enero y el 20 de junio de 2002.

Aunque la investigación inicial del Tribunal de Cuentas vinculó a varios empleados de la Municipalidad de Villaguay, la jueza Yedro consideró, al momento de dictar el procesamiento –y en base a una veintena de testimonios y otras pruebas–, que Miranda y Thamm “sustrajeron fondos públicos cuya custodia y administración les había sido confiada” a través de una maniobra de reemplazo de 71.200 dólares por igual suma en pesos “aprovechándose de la diferencia originada en la pérdida de la paridad cambiaria entre la moneda nacional y la divisa extranjera”.

La magistrada aclaró también en ese escrito que la acción típica del peculado “consiste en la sustracción de caudales o efectos públicos que el funcionario tiene a su cargo como consecuencia de sus funciones (…) Así, Miranda y Thamm sustrajeron aquellas sumas en beneficio propio con el consiguiente perjuicio para la administración pública”, al tiempo que explica que el término “sustraer” utilizado por el Código Penal “no implica necesariamente apoderarse o apropiarse, sino solamente sacar la cosa de la esfera de custodia en que se encuentra”.

En un párrafo, la jueza señala: “(…) Cabe aquí plantear el siguiente interrogante: ¿la supuesta reserva con la cual debían manejarse los fondos comprendía el inclumplimiento de los deberes que la Ley 3.001 les imponía respecto del dinero de la administración? Evidentemente esta cuestión no resiste el más ligero análisis porque si la intención era mantener en reserva el lugar donde se encontraban los fondos municipales, no existía motivo alguno para negar información a la tesorera (Elsa) Carrizo y al contador (César) Greca, empleados de carrera del municipio, y sí, en cambio, para hacer participar de tal hecho a un empleado subordinado de los nombrados y que se desempeñaba bajo sus órdenes directas, el subtesorero (Héctor) Giles”, que fue quien firmó la apertura de la cuenta de la caja de seguridad.

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