Procesaron al ex gobernador Moine, Corona y Gea Sánchez por contrabando agravado

Los abogados del ex mandatario y los ex funcionarios provinciales apelaron el procesamiento y cuestionaron la decisión judicial, en la causa iniciada por el ex funcionario bustista condenado por el desvío de dos ATN de casi un millón de pesos.
El ex gobernador Mario Moine y otros ex funcionarios provinciales apelaron el procesamiento interpuesto por la Justicia Federal porteña en una causa por contrabando agravado, por la importación de cuatro aparatos médicos por los cuales no se habrían pagado impuestos aduaneros. La causa fue iniciada por el ex secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión, Oscar Mori, aunque tiene relación con la investigación que terminó con la condena al propio ex funcionario bustista por el desvío de dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por casi un millón de pesos/dólares para las campañas proselitistas del justicialismo de 1997.

El ex mandatario fue procesado el 30 de septiembre pasado, al igual que el ex secretario de Salud, Danilo Corona, y de José Luis Gea Sánchez, actual vocal del Tribunal de Cuentas y ex secretario de Hacienda. Los tres están imputados por contrabando agravado y a cada uno se le trabó un embargo sobre sus bienes por 600.000 pesos.

El punto de partida de esta historia es el escándalo de los ATN de Aciser, que fueron desviados para la campaña electoral del justicialismo de 1997, en un hecho por el que resultaron condenados Mori, la ex titular de la fundación, Liliana Morard, y el tesorero de la entidad, Marcelo Sola. Pero antes de ser condenado, el ex funcionario bustista denunció al ex gobernador Moine; el ex secretario de Salud, Danilo Corona, y el ex secretario de Hacienda, José Luis Gea Sánchez, en un Juzgado en lo Penal Económico con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los imputados se les atribuye haber participado en la liberación e importación de tres ecógrafos y un mamógrafo, sin pago de tributo alguno, supuestamente dirigidos a la provincia de Entre Ríos a través de Aciser. Aunque negaron los hechos, “el auto de procesamiento, inquisitivamente exige la aportación de prueba respecto de una operación de importación cuya existencia desconocen. Es que les resulta imposible arrimar elementos de prueba sobre aquello en lo que no han participado”, según consignaron los abogados Julio Federik y Leandro Ríos, defensores de los imputados.

Los abogados cuestionaron el procesamiento porque “se apoya en la premisa falsa, consistente en afirmar que existen elementos que vinculan a Moine, Gea Sánchez y Corona con la operación de importación ilícita. Dicha conclusión no encuentra sustento probatorio en ningún momento de la investigación. Sólo se los ha imputado en razón de los cargos jerárquicos que desempeñaban, haciéndoselos responsables de todo aquello que aconteciera con invocación de la Provincia de Entre Ríos”, y plantea que se reclama a los imputados que “ofrezcan prueba sobre un hecho negativo acontecido hace más de 13 años. Ello además de ser altamente dificultoso –sino imposible– subvierte principios esenciales de nuestra organización procesal, pues desplaza la carga de la prueba colocándola sobre los propios imputados”, se indicó en el escrito.

“Está claro, que no hay delito alguno en el accionar de mis representados que se han visto envueltos en una denuncia que les ha atribuido maliciosamente una conducta ilícita trastocando los hechos”, acotaron los abogados en la apelación.

En diálogo con el programa A quien corresponda (Radio Del Plata Paraná), Dato recordó que la causa comenzó a ser investigada en 2003 por el entonces juez Guillermo Tiscornia, que dictó el sobreseimiento de Moine, Corona y Gea Sánchez, “pero esa medida fue revocada por la Cámara, al igual que otras 200 sentencias que dictó el mismo juez, porque en un momento se hizo casi un deporte revocarle las sentencias”, ya que fue destituido tras recibir una denuncia de empresarios españoles que lo acusaron de pedirles una coima.

“Después vino un segundo juez, Marcelo Aquinis, que volvió a sobreseerlos y se volvió a apelar y la Cámara dijo que había que seguir investigando a partir del testimonio de una mujer que dijo que determinado personal estaba bajo la órbita jerárquica del gobernador y que por lo tanto podía haber alguna influencia. Y el tercer juez que intervino, que es Alejandro Catania sigue la letra de la Cámara y le imputa el dominio y la decisión política de llevar a cabo esta decisión, de la cual nosotros desconocemos absolutamente todo”, detalló el abogado.

Dato contó que en la causa por contrabando se ha agregado “toda la causa penal y una serie de recortes periodísticos relacionados con la investigación” por los ATN, por la que fue condenado Mori, pero planteó que también “hay algunas cuestiones ilógicas que ni este juez ni la Cámara toman en cuenta, como por ejemplo: parece entupido que Moine y Corona participen de una operación ilícita y después sean los denunciantes y testigos de cargo en una causa penal; como también parece estúpido que Gea Sánchez tenga algo que ver con esto y después, como vocal del Tribunal de Cuentas, expresamente advierte y juzgue esto”.

El letrado consideró que el procesamiento es “totalmente injusto, casi cinco años después de que se inicio la denuncia y 13 años después del hecho que supuestamente los involucraría. Es una cuestión que no tiene asidero. Evidentemente la lógica de este tercer juez, es bastante esotérica”.

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