También, que el dinero obtenido con esas operaciones presuntamente fraudulentas nunca fue a parar a las arcas de la comuna. Acusado ahora de “estafas reiteradas en concurso real y fraude a la administración pública, todo ello en concurso ideal”, el ex funcionario de la gestión Duclós deberá presentarse en Tribunales en los próximos días para ser indagado.

La investigación que se lleva adelante desde una fiscalía local por presuntas irregularidades en la comercialización de bóvedas, nichos y sepulturas en el Cementerio Municipal de esta ciudad tiene desde días atrás un imputado: Jorge Omar Picaroni, quien fuera funcionario del ex intendente Omar Duclós.

El ex Director de Servicios Públicos y Urbanos y también Administrador de la necrópolis ha sido procesado acusado de los siguientes delitos: estafas reiteradas en concurso real y fraude a la administración pública, todo ello en concurso ideal, según indicaron a EL TIEMPO voceros de la fiscalía que interviene en la causa penal que por este caso se iniciara, tras una denuncia presentada en Tribunales en el año 2012 desde la propia comuna, por aquel entonces con José Manuel Inza como intendente.

La causa penal en la que ahora Picaroni figura como imputado se está sustanciando desde la Unidad Funcional de Instrucción número 1 que está a cargo de la fiscal Neli Rosas.

Según voceros de esa fiscalía señalaron a este diario, el ex Administrador del Cementerio Municipal tiene que presentarse en Tribunales para ser indagado el próximo día 19 del corriente mes.

El año pasado Picaroni ya había declarado como testigo en ese mismo expediente judicial en el que ahora figura como imputado, por lo que deberá relevárselo del juramento que hiciera en el marco de aquella testimonial, teniendo en cuenta que ahora su situación es otra y actualmente figura como el único procesado que tiene por el momento este expediente judicial.

Algunos apuntes de un voluminoso expediente

En 2012, el hallazgo de ataúdes y urnas sin identificar en los depósitos del Cementerio llevaron a la administración del por entonces intendente Inza a formular una denuncia en Tribunales ante presuntas irregularidades.

Esa causa penal que se inició quedó definitivamente radicada en la UFI 1, desde donde el secretario de esa fiscalía -el Dr. Pablo Buric- comenzó a llevar a cabo la Investigación Penal Preparatoria que hoy lo tiene a Picaroni como el presunto autor de varias estafas y también de una maniobra defraudatoria en perjuicio de la comuna.

El hallazgo de los féretros se convirtió en ese entonces en la punta del ovillo que ahora ha derivado en el procesamiento de quien fuera funcionario del ex intendente Duclós.

La investigación llevada a cabo en sede judicial ha permitido demostrar hasta el momento, con el grado de certeza que se requiere para solicitar un procesamiento, que desde el año 2001 hasta 2011 se realizaron diferentes “contratos de locación de nichos, sepulturas y bóvedas pertenecientes a la necrópolis local” y que el responsable de esos acuerdos presuntamente irregulares fue Picaroni. En su caso, como “funcionario de la Municipalidad de Azul” y “cumpliendo funciones de encargado de la Administración del Cementerio Municipal”, según se menciona en el expediente judicial al que este diario tuvo acceso.

Para suscribir esos contratos, la investigación señala que el hombre que deberá presentarse a indagatoria en sede judicial el próximo 19 del corriente mes se valió de “documentación inválida”, lo que le permitió recibir dinero proveniente de dichos acuerdos que serían ilegales “en su propio provecho” y “sin depositarlo en la Tesorería Municipal, provocando de esta forma un perjuicio potencial a los contratantes y real a las arcas del erario público”.

En la causa penal que se está instruyendo han sido incorporadas como pruebas diferentes documentos donde consta la firma de Picaroni como administrador del Cementerio.

Además, también han sido anexados recibos que carecen de total validez legal, los cuales los propios damnificados por estas presuntas maniobras defraudatorias fueron entregando a medida que eran convocados a Tribunales para brindar declaraciones testimoniales por lo que pasaba en el Cementerio.

Durante lo que fue la investigación de este caso hubo desde la fiscalía interviniente una convocatoria a través de los medios para que las personas afectadas por estas presuntas estafas se hicieran presentes en sede judicial para brindar sus versiones de lo ocurrido.

Un vocero judicial allegado a la instrucción del expediente penal señaló que el Perito Contable de la Corte que intervino en la investigación no pudo precisar con certeza a cuánto asciende el monto de esta presunta estafa que se le imputa ahora al ex administrador del Cementerio Municipal. “Pero ese mismo perito -agregó el vocero- pudo determinar que ese dinero no llegó nunca a las arcas del Municipio”.

Al expediente penal que todavía sigue siendo materia de instrucción hay incorporadas, por lo menos, unas cuarenta declaraciones de testigos. Están, por supuesto, las de los presuntos damnificados. También las hay de empleados del cementerio, algunos actuales y otros pertenecientes a gestiones anteriores, y hasta de funcionarios de las administraciones de Duclós y de Inza.

Esa misma investigación llevada adelante desde la UFI 1 ha permitido probar hasta el momento que son “entre diez y quince familias” las que aparecen como damnificadas, aunque se estima que podría haber muchas más personas afectadas por esas falsas ventas de bóvedas, sepulturas y nichos que, en realidad, eran contratos de locación que -al parecer- legalmente carecen de sustento alguno.

Y más allá de lo que en su momento fue su designación oficial al frente del Cementerio Municipal, diferentes testimonios incorporados al expediente judicial señalan a Picaroni como el máximo responsable de la necrópolis. Y en ese contexto, aparece ahora como el presunto autor de varias estafas que tuvieron como damnificados a familiares de personas fallecidas y, al mismo tiempo, al erario municipal, teniendo en cuenta que el dinero obtenido por esos contratos de locación truchos nunca fue a parar a las arcas de la comuna.

Con la documentación incorporada al expediente penal, a simple vista carente de validez, el mismo vocero judicial consultado por este diario calificó como “muy burda” a la maniobra que se llevaba a cabo en esas supuestas ventas de bóvedas, nichos y sepulturas.

Un dato importante con relación a estas maniobras era que esos contratos de locación que se suscribían implicaban que los damnificados recibían espacios en la necrópolis local para sus familiares muertos que ya estaban ocupados desde muchos años atrás por otros fallecidos, aunque de nada de esto se enteraban cuando pagaban, ya que ignoraban que estaban siendo víctimas de una maniobra fraudulenta.

“Y hemos podido observar también que en algunos casos se llegaron a vender hasta los herrajes de los féretros, aunque no alcanzamos a reunir la suficiente prueba para poder demostrar esta maniobra ilegal con el tipo de certeza necesario que se requiere para después formular una acusación”, sostuvo el vocero judicial.

“Lo que sí hemos podido demostrar hasta el momento es que durante diez años alguien recibió dinero que tendría que haber ingresado a la Tesorería de la Municipalidad y se fue para otro lado”, señaló también el allegado a ese expediente judicial de más de 1500 fojas y siete cuerpos que lo tiene ahora como imputado a un ex Administrador del Cementerio.

El dato

Los delitos que se le atribuyen a Picaroni, ante una eventual condena, contemplan en principio penas que van desde los dos a los seis años de prisión. Se trata de un ilícito que es detenible y excarcelable. Hasta el momento, desde la Fiscalía actuante en la causa penal no se ha solicitado ningún tipo de medida cautelar para quien fuera Administrador del Cementerio Municipal.