El juez federal Alejo Ramos Padilla, que subroga el Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, procesó ayer a 40 represores investigados por delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita del Comando V Cuerpo de Ejército durante la última dictadura.

En una resolución de 475 fojas, el magistrado consideró que los genocidas fueron responsables de homicidios, privaciones ilegales de la libertad, aplicaciones de tormentos, delitos de violación de domicilio y lesiones en perjuicio de 180 víctimas que entre 1976 y 1977 pasaron por el centro clandestino de detención La Escuelita. Muchas de las víctimas fueron trasladadas luego de forma clandestina a cárceles del Batallón de Comunicaciones 181, de la Unidad Penitenciaria 4 de Villa Floresta, de la Delegación Cuatrerismo, de la Brigada de Investigaciones y del Comando Radioeléctrico de la Policía Bonaerenses, y de la sede de la Delegación Viedma de la Federal.

En el marco de la misma causa, Ramos Padilla también decretó la falta de mérito de otros siete imputados y el sobreseimiento de un octavo. La situación procesal de los acusados era alarmante: desde la primera mitad de 2014, los casos 32 de los 48 imputados estaban en condiciones de ser resueltas.

El V Cuerpo de Ejército tenía asiento en Bahía Blanca y el control operacional del sur de Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro y Santa Cruz. Controlaba a las fuerzas de seguridad de la Patagonia. Por eso entre los procesados figuran oficiales integrantes de ese Cuerpo de Ejército, miembros del grupo de tareas de esa unidad y agentes del área de inteligencia.

También se encuentran procesados guardias de La Escuelita; oficiales del Batallón de Comunicaciones 181 (Antonio Miguel Seghighi, integrante de la Plana Mayor, fue procesado por primera vez por crímenes de lesa humandiad), directores de la Unidad Pentienciaria 4 de Villa Floresta, personal de la Policía Bonaerense y de la Delegación Viedma de la Policía Federal.

Entre los casos paradigmáticos que fueron analizados se encuentran los de Mario Herrera, Néstor Farías, Roberto López, Adrián Carlovich, Juan José Córdoba y Héctor Correa, asesinados a sangre fría, pero presentados como “caídos” en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. También forman parte del expediente, entre otros, los casos de Daniel Eduardo Riganti y Juan Carlos Prádanos, secuestrados en los días previos al golpe de Estado y encontrados un año después, en La Pampa, enterrados como NN. «

Investigarán a bonafini

El fiscal federal Carlos Stornelli imputó a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por haber llamado a una marcha para resistir al gobierno de Mauricio Macri.Stornelli abrió la causa para investigar la denuncia que presentó el abogado Guillermo Fanego contra Bonafini por los delitos de incitación a la violencia colectiva, con una pena de tres a seis años de prisión, y atentado contra el orden público. Se amparó en la advertencia de la titular de Madres de Plaza de Mayo acerca de que no dialogaría con el nuevo presidente porque lo considera "enemigo", y en la convocatoria a la marcha de la resistencia que se cumplió sin incidentes el mismo día que Macri asumió la Presidencia.