El juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro dictó el procesamiento de varios de los policías que se desempeñaban en la División de Drogas Peligrosas de la provincia de Córdoba, y que se encontraban involucrados en una red de narcotráfico.

Entre los procesados se encuentran quienes eran las máximas autoridades de la división antinarcóticos de la policía provincial de córdoba, Mario Rogelio Nieto y Rafael Gustavo Sosa, un agente encubierto, entre otros. Además el juez trabó embargo en los bienes de todos los procesados por sumas que llegan hasta los cien mil pesos.

Bustos Fierro consideró en el caso de Nieto y Sosa, quienes en su momento fueron las máximas autoridades de la división antinarcóticos de la policía provincial, que había elementos suficientes para procesarlos por los delitos de "asociación ilícita" y "violación de los deberes de funcionario público" en carácter de coautores.

En el caso de Sosa, el juez además convirtió en prisión preventiva la detención que venía sufriendo. Mientras que Nieto continúa en libertad.

También fueron procesados los policías Gustavo Julio González, Alfredo Damián Seine, Franco Sebastián Argüello y Fabián César Peralta Dattoli, quienes además fueron embargados por cincuenta mil pesos cada uno y se ordenó que se convirtiera en prisión preventiva las detenciones que venían sufriendo.

Asimismo, Juan Francisco Viarnes, quien no pertenecía a las fuerzas de seguridad de Córdoba pero actuaba ilegalmente como agente encubierto desde hacía aproximadamente 4 años, también fue procesado por "asociación ilícita", "extorsión" en el carácter de partícipe necesario, "violación de los deberes de funcionario público" en el carácter de partícipe necesario, y "falso testimonio agravado", en el carácter de autor.

A la vez se resolvió que continúe en libertad y se le trabó un embargo sobre sus bienes por la suma de cincuenta mil pesos.

Justamente Viarnes había sido el denunciante que dio a conocer todo lo que ocurría en la división.

Por su parte, Mario Enrique Osorio y Cristian Damián Ingas fueron procesados por el delito de "violación de los deberes de funcionario público" en carácter de autores. Ingas, además, también fue procesado por "falso testimonio agravado". Ambos, a la vez, sufrieron un embargo de cinco mil pesos y continúan en libertad.

Bustos Fierro consideró que todos los que fueron procesados en el marco de la asociación ilícita debían resultar sobreseídos por los delitos de "falso testimonio", "falsificación de documento público", "privación ilegítima de la libertad" y "robo calificado". También incluyó en este punto a Osorio e Ingas.

Finalmente, Analía Belén Sosa fue sobreseída de todos los cargos que se le imputaban.

La causa se abrió luego de que Viarnes denunciara el modo en que realizaba cobranzas de "protección" a distintos comercializadores de estupefacientes, colaboraba en la sustracción de parte de la droga incautada y de bienes de diversa índole pertenecientes a las personas investigadas y en la colocación de droga en los casos en que los allanamientos daban resultado negativo para comprometer a personas no vinculadas a los hechos.

Además había relatado que los estupefacientes sustraídos en los procedimientos eran comercializados por policías de la fuerza provincial en dos locales bailables de la ciudad de Córdoba.