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Además, otros cinco ex militares fueron acusados por el juez Torres. Es por usar la tortura para quedarse con la sociedad Cerro Largo y apoderarse de sus propiedades. La causa se enmarca en las investigaciones de delitos de lesa humanidad en la ESMA.
Buenos Aires. El represor Jorge "el Tigre" Acosta y otros cinco imputados por crímenes de "lesa humanidad" cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA, sumaron un nuevo procesamiento, con prisión preventiva y embargos de ocho millones de pesos en sus bienes.

Las medidas fueron tomadas por el juez federal Sergio Torres y recayeron en Acosta, Jorge Carlos Rádice, Pablo García Velasco, Eduardo Alberto González, Juan Carlos Rolón y Ricardo Miguel Cavallo.

El magistrado les imputa responsabilidad en los secuestros y desaparición de Victorio Cerutti, Omar Masera Pincolini, Horacio Mario Palma, Raúl Masera Pincolini, Diego Masera Pincolini y Mariana Masera Pincolini; torturas, extorsión y asociación ilícita.

En una resolución de 55 carillas, a la que Télam tuvo acceso, el magistrado explicó que las privaciones ilegales de la libertad de las víctimas fueron perpetradas por los represores "con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley" y agravadas "por haber sido cometidas con violencia o amenazas".

El juez, con la intervención del secretario Pablo Yadarola, citó fallos de tribunales internacionales que "ponen el acento no solamente en la extrema gravedad de los hechos sino también en cómo este tipo de conductas lleva ínsita en su misma concepción la intención de perpetrar la obstrucción del descubrimiento de la verdad".

"Todos los imputados son investigados por delitos cometidos en el desempeño de sus funciones como integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad -independientemente de sus responsabilidades individuales- es decir una organización dependiente y sustentada por el Estado y su actuación se basó en busca del amparo de esa estructura organizada", se afirmó en la resolución.

Los represores fueron indagados el 5 de enero último ocasión en la que "negaron en forma breve y genérica las imputaciones", se manifestaron "completamente ajenos" a los hechos investigados y rehusaron contestar las preguntas que tenían los investigadores.

El juez los responsabilizó por "las privaciones ilegales de la libertad, sometimiento a condiciones inhumanas de vida y posterior desaparición" de sus víctimas quienes fueron secuestrados por los grupos de tareas de la ESMA con el objeto de apoderarse de bienes de la Sociedad Cerro Largo.

En este legajo -un desprendimiento de la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final- se investigan los hechos vinculados con aquellos que perjudicaron a Conrado Higinio Gómez, quien fue secuestrado el 10 de enero de 1977.

De acuerdo a constancias del expediente, uno de los objetivos del "grupo de tareas" de la ESMA que participó del secuestro era "apoderarse de los bienes de la Sociedad Cerro Largo" que integraban las víctimas quienes fueron obligadas a firmar "documentación espuria" para desapoderarlos de esos bienes.

Los bienes pasaron así a manos de "oficiales de la ESMA" que actuaban con nombres supuestos, tal como Juan Héctor Ríos (en realidad Rádice) ó Federico Williams, nombre con que operaba el represor Francis Whamond, quienes estaban "nucleados bajo una apariencia societaria que denominaron Will Ri".

Los informantes recordaron que algunos de los secuestros se perpetraron en la ciudad de Mendoza, donde vivían las víctimas y estaban ubicadas tierras de Cerro Largo, en la localidad de Chacras de Coria; mientras que Palma fue privado ilegalmente de su libertad en su domicilio particular de Hurlingham.

Las propiedades que conformaban el patrimonio de Cerro Largo fueron luego incorporadas, dijeron las fuentes, a otra sociedad "constituida a los efectos de ingresar los bienes despojados" por la "organización criminal conformada por miembros de la Armada y personas íntimamente vinculadas a estos".

En el marco del legajo por la apropiación de bienes de los ilegales prisioneros alojados en la ESMA, el juez Torres, el 15 de diciembre último, elevó a juicio oral y público a estos represores junto a Eduardo Enrique Massera, hijo del ex dictador Emilio Eduardo Massera.

De las constancias del expediente se desprende que Gómez fue objeto de torturas y "métodos extorsivos" para obligarlo a firmar contratos de cesión de sus propiedades, entre ellas el costoso predio de "Chacras de Coria", en una exclusiva zona residencial mendocina, valuado en 15 millones de pesos; y hasta sus caballos pura sangre de carrera. En estas tierras está actualmente el barrio "Will Ri".

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