Procesan a miembros del PS bonaerense por afiliar a fallecidos

Los acusados son oriundos de La Plata, Bahía Blanca, Almirante Brown y Morón. Y pertenecen al sector que lidera el senador Rubén Giustiniani

Cuatro afiliados al Partido Socialista bonaerense, pertenecientes al sector que lidera el senador nacional Rubén Giustiniani, fueron imputados hoy penalmente por la justicia por presentar fichas de afiliación de ciudadanos fallecidos.

Se trata de Julio Ghione, Martín Morichetti, Pablo Melgarejo y Adriana Kreiman, todos ellos designados por el interventor en el Partido Socialista (PS) de la provincia de Buenos Aires, Carlos Maniero, para certificar la legalidad de las fichas de adhesión al PS de ese distrito.

Los acusados están sometidos a un proceso penal en el juzgado Federal 3 de La Plata, a cargo de Arnaldo Corazza, luego de la investigación que realizó el juez Federal Electoral, Manuel Blanco, cuyo expediente lleva el número 16.121, bajo la carátula "Partido Socialista s/afiliaciones comprobadas a ciudadanos fallecidos".

Según figura en el expediente, los imputados pertenecen a cuatro distritos diferentes: Ghione es de La Plata; Morichetti de Bahía Blanca; Melgarejo de Almirante Brown; y Kreiman de Morón.

Tras la resolución judicial, allegados al presidente del PS, Rubén Giustiniani, informaron que el senador "no iba a opinar del asunto", ya que no fue responsable del nombramiento de los acusados.

Al respecto, los dirigentes Ariel Basteiro y Oscar González, integrantes del sector disidente del PS bonaerense que lidera el diputado Jorge Rivas, dijeron que el accionar de los acusados fue "con el ánimo de engrosar apócrifamente el padrón partidario ante la inminencia de las elecciones internas que se vieron obligados a convocar".

"El interventor partidario autorizó la inclusión de fichas con los datos de al menos ocho ciudadanos fallecidos", añadieron los dirigentes bonaerenses en un comunicado.

Para ambos socialistas, "este episodio demuestra cabalmente la catadura moral de quiénes no trepidan en pedir nuestra expulsión y la de Jorge Rivas, por expresar nuestra disidencia con quiénes aspiran a conducir al PS hacia la coalición derechista de Elisa Carrió y Patricia Bullrich".

Los imputados por el delito de falsificación de documento público podrían ser condenados a penas de hasta seis años de prisión, según lo dispone el Código Penal.

El socialismo bonaerense fue intervenido en setiembre del 2008 a instancias del presidente partidario, Giustiniani, luego de la posición asumida por el congreso del PS provincial, que resolvió participar de las elecciones de 2007 en la alianza Frente para la Victoria.

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