Procesan al excamarista Otero Álvarez

Procesan al excamarista Otero Álvarez
El exjuez Miguel Puga y el exfiscal Antonio Cornejo, también procesados. Les atribuyen encubrimiento de delitos de lesa humanidad.
El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, resolvió procesar a exmagistrados y exfuncionarios de la Justicia Federal de Córdoba, entre ellos al excamarista Carlos Otero Álvarez, por presuntos delitos cometidos durante la última dictadura militar.

Según informó el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los procesados son el exjuez Miguel Puga, el exfiscal Antonio Cornejo y el mencionado Otero Álvarez, quien durante los años de la represión ilegal se desempeñó como secretario de un juzgado federal, pero con los años llegó a ser camarista. En 2008, inclusive, integró la Cámara que condenó a Luciano Benjamín Menéndez por delitos de lesa humanidad.

Los tres procesados ya habían sido imputados y detenidos por orden de Herrera Piedrabuena, en el marco de la causa que investiga la actuación de jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial en la tramitación de causas donde resultaron víctimas personas detenidas durante la última dictadura y que estuvieron a disposición de la Justicia Federal de Córdoba.

Herrera Piedrabuena dispuso trabar embargo sobre los bienes de los procesados por la suma de 200 mil pesos (en cada caso).

Las imputaciones. Cornejo fue procesado por presunto incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal (artículo 274º del Código Penal vigente en aquellos años), en relación con delitos de homicidio calificado e imposición de tormentos padecidos por quienes habrían estado a su disposición en calidad de detenidos.

Por una idéntica figura delictiva fue procesado el exjuez federal Miguel Ángel Puga, en su caso en relación con delitos de homicidio calificado, imposición de tormentos y privación ilegítima de la libertad, padecidos por detenidos que estuvieron a su disposición.

En el caso de Otero Álvarez, el procesamiento es por presunto encubrimiento, “que resultaría –señala la resolución– de la participación secundaria en los delitos de homicidio calificado, imposición de tormentos, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad”.

Libertad y falta de mérito. El juez federal de La Rioja dispuso la inmediata libertad provisional de los procesados, pero con las restricciones de rigor: que permanezcan en los domicilios fijados; que no salgan del país y que entreguen el pasaporte al tribunal; y que se presenten el primer lunes de cada mes ante la Secretaría Penal del juzgado.

En la misma resolución, Herrera Piedrabuena se pronunció por la falta de mérito respecto de los hechos por los que habían sido indagados los exdefensores oficiales Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina, denunciados en esta causa.

Duros cuestionamientos. El juez Herrera Piedrabuena destacó la “particular relevancia de la prueba documental incorporada”, y utilizó términos y conceptos durísimos para descalificar las “omisiones” que les achacó a los procesados.

Consideró, entre otras razones, que la prueba es “fiel reflejo de la actitud omisiva, de ‘silencio cómplice’, que fue un común denominador en el Poder Judicial de la Nación de la circunscripción de Córdoba, en particular entre los exjueces, fiscales y funcionarios de primera instancia (Zamboni Ledesma, Puga, Cornejo, Alí –apartado del presente proceso–, Otero Álvarez) que pretendieron asegurar la impunidad de los autores de aberrantes delitos con su inactividad”.

Agregó que las pruebas incorporadas también “permitieron reconstruir el acontecer histórico, y que resulta demostrativa –dada su reiteración– de la sistematicidad con la que actuaron los exmagistrados y exfuncionarios hoy imputados, quienes olvidando, o tal vez nunca lo supieron, como hombres de derecho, cuál era el rol exigible a quienes ocuparon tan altas magistraturas y funciones, que no era otro que asegurar la vida, la integridad y la dignidad de las personas”.

En otro párrafo, señaló que “los distintos hechos gravísimos investigados hieren, laceran a la humanidad y por ende a la razón, puesto que, de haberse hecho lo que se debía, las víctimas asesinadas, hoy, tal vez, no lo estarían; los torturados, los abusados, los maltratados, los privados ilegítimamente de su libertad, tal vez, hubieran tenido justicia”.

Argumentó, además, que “si los ahora imputados hubieran puesto en marcha el sistema de garantías (...) el Poder Judicial habría sido una protección”.

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