Procesan por defraudación a dos colaboradores del intendente kirchnerista Ricardo Móccero

El juez Luis Dardanelli Alsina encontró partícipe primario del delito de Defraudación a la Administración Pública a Juan Luis Brito, tras comprobar que permitió junto a la entonces secretaria de Desarrollo Económico municipal, Andrea Silvina Schmitz, el cobro de 18 planes Jefas y Jefes de Hogar a personas que a la vez eran contratadas como empleados municipales. Deberán abonar 20 mil pesos cada uno.
El concejal del Movimiento para la Victoria y una de las personas de máxima confianza del intendente Ricardo Moccero, Juan Luis Brito, fue hallado partícipe primario del delito de Defraudación a la Administración Pública tras comprobar la Justicia que administró de manera indebida las ayudas sociales entre 2002 y 2003 cuando cumplía funciones en el Departamento de Desarrollo Económico municipal.

Brito fue encontrado partícipe de permitir que 18 personas siguieran cobrando el Plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados mientras habían sido contratadas como empleados municipales.

El juez Federal Luis Ramón Dardanelli Alsina dictaminó a prima facie, que Brito deberá abonar 20.000 pesos, de pago dentro de los 5 días de recibida la notificación o dar bienes en embargo suficientes para cubrir la suma. Vale aclarar que la cifra de dinero significa una caución material o fianza que actúa como reaseguro de que el procesado se presentará a declarar cada vez que se lo convoque.

El mismo fallo le correspondió a Andrea Silvina Schmitz, quien en aquel momento se desempeñaba como responsable del área de Desarrollo Económico municipal.

Ambos fueron procesados sin prisión preventiva, mientras que el fallo también dispone el procesamiento, sin prisión preventiva, de las 18 personas que siguieron cobrando el Plan, a los que insta a abonar 1.500 pesos a cada uno.

El expediente de la causa lleva el número 150/04 y el fallo es del 8 de Mayo de este año y la carátula es "Aguirre, Claudia Noemí y otros S/Defraudación a la Administración Pública en Coronel Suárez", del registro de la Secretaría nº 6 del Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca.

el juez Dardanelli Alsina cita en el expediente documentación e informes que considera pruebas para constatar la percepción irregular de dinero proveniente de un plan social.

Todos coincidieron en declarar que cobraban el plan en el Banco de la Provincia de Buenos Aires presentando el D.N.I. y varios dijeron haber firmado la renuncia al Plan Jefes de Hogar desocupados, redactada incluso por la propia Andrea Schmitz, pero que el dinero siguió llegando y ellos siguieron cobrando, a expensas de ambos funcionarios.

Recién cuando las personas fueron tomadas efectivas por la Municipalidad se cortó el giro de dinero, ya que los datos de los empleados ingresaron a la Anses, entidad que cruzaba información para constatar si era ocupada o desocupada la persona en cuestión.

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