Procesan por coimas a un líder clave de la derecha española

Una decisión judicial que profundiza las graves consecuencias políticas para el Partido Popular (PP) por el megaescándalo de una vasta red de corrupción se produjo ayer cuando el magistrado de Valencia, José Flors, apreció que "existen constancias" y "suficientes indicios racionales" de que el presidente valenciano, Francisco Camps, podría haber cometido cohecho.
El juez rechazó el sobreseimiento o el archivo del caso y también imputó a José Costa, secretario del PP regional y vocero del partido en el parlamento valenciano y a otros dos altos funcionarios.

En un auto donde se analizan facturas, asientos contables y otras pruebas, el juez indicó que existen constancias de que Camps y los otros imputados recibieron prendas de vestir "como dádivas" por empresas vinculadas a la red de corrupción que controlaba el empresario Francisco Correa.

Los imputados anunciaron que rechazan el dictamen judicial y el Partido Popular respaldó a Francisco Camps. La noticia tuvo una extraordinaria repercusión ya que Camps es uno de los principales dirigentes de los populares que ha ganado varias elecciones con un fuerte respaldo en las urnas.

Cuando Mariano Rajoy perdió las elecciones de marzo de 2008, Camps fue uno de sus sostenedores ante la ofensiva de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para desbancarlo del control del Partido Popular.

Además de la investigación judicial abierta en Valencia donde se indaga sobre posibles episodios de sobornos y tráficos de influencias por una suma superior a los ocho millones de euros, la mayor extensión de la trama se produce en la comunidad de Madrid. Allí el principal imputado es el tesorero del Partido Popular, senador Luis Bárcenas, hombre de confianza de Rajoy que continúa negándose a pedirle la dimisión.

Todo comenzó cuando Luis Peñas, ex concejal del PP en el municipio madrileño de Majadahonda, denunció la trama corrupta ante la Fiscalía Anticorrupción. Peñas entregó 17 horas de grabación donde Correa y otros personajes de la red hablaban hasta por los codos, daban nombres, apodos y precisaban las cantidades de sobornos y favores del tráfico de influencias. Las empresas comprometidas en la trama también actuaron en Valencia con el mismo fin de Madrid: conseguir contratos de autoridades municipales o regionales mediante sobornos de todo tipo.

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