La investigación de la escalada de incidentes en Newell's que provocaron la suspensión del clásico del 20 de enero pasado, cuando un policía de la comisaría 5ª fue herido de bala en el cuello y eso desató una abrupta irrupción policial en el club, derivó ocho meses más tarde en el procesamiento de un único hincha acusado de haber disparado contra el efectivo. Otros ocho imputados del delito de intimidación pública recibieron la falta de mérito al no poder constatarse qué hizo cada uno de ellos esa álgida tarde de domingo. Catorce policías bajo sospecha por la actuación posterior, en la que varios hinchas fueron heridos con postas de goma, también quedaron fuera del foco judicial.

La jueza de Instrucción Mónica Lamperti advirtió que llamativamente las cámaras de seguridad del predio de Newell's dejaron de funcionar entre las 16.21 y las 18.10, el lapso en que se sucedieron los incidentes. Al parecer, una mano anónima bajó un disyuntor y dejó sin energía eléctrica la sala donde operan las 32 cámaras del club. Los disturbios derivaron entonces en la interrupción del partido que iban a jugar esa tarde Newell's y Central en Arroyito, sin público visitante.

La resolución se conoció a pocos días de que ambos equipos se enfrenten, después de tres años, el 20 de octubre por el torneo Inicial. La investigación de los disturbios de aquella tarde insumió cuatro cuerpos de expediente y más de mil fojas para derivar en el procesamiento de un único acusado, el hincha leproso Jonatan Fernández, de 27 años.

Estaba acusado inicialmente de una tentativa de homicidio, la portación de un arma, el delito de intimidación pública y la infracción a la ley de espectáculos deportivos, pero finalmente fue enviado a juicio por las lesiones graves sufridas por el agente Pablo Sebastián Orellano. El policía fue herido en el cuello con un disparo calibre 22. El delito se consideró doblemente agravado por la calidad de funcionario policial de la víctima y por el uso de un arma de fuego.

En su domicilio. El hincha imputado está en prisión domiciliaria y la resolución fue apelada por sus abogados, Guillermo Muratti y Juan Pablo Audisio, quienes entienden que no existen elementos en su contra y debería ser desligado de la causa. "La investigación de esta causa se inició en tres niveles, no sólo para aclarar quién hirió al policía sino también las responsabilidades de la represión policial y de los directivos del club", analizó Muratti. "Sin embargo —continuó—, sólo se arriba a una resolución respecto de mi cliente cuando la única prueba es el testimonio de un policía que dice que no vio quién hirió a su compañero".

Así, ocho hinchas que estaban acusados de intimidación pública recibieron la falta de mérito porque no se pudo determinar que actuaran en grupo con el fin de comprometer la seguridad pública. El presidente de Newell's, Guillermo Lorente, prestó declaración testimonial.

Otros catorce policías brindaron declaración informativa por los múltiples disparos con cartuchos antitumulto (ver aparte). La irrupción policial fue tildada de abusiva por los socios que esa tarde, con la sede abierta pese a los actos violentos que precedieron al clásico, ocupaban los parrilleros y la pileta. Esperaban ver la transmisión del partido en pantallas gigantes. Lamperti planteó que ante la ausencia de pruebas no se les puede formular una acusación a los policías.

La secuencia. Los disturbios se iniciaron alrededor de las 16 cuando un grupo de hinchas comenzó a arrojar piedras a vehículos en la zona de Pellegrini entre Callao y Rodríguez. Se constató que en esa zona fueron atacados al menos tres colectivos de la línea 153 y un auto. Pero no se constató que hayan sido provocados por hinchas de Central, como señalaba una de las primeras versiones. Ningún testigo lo planteó. Hasta el momento "se desconoce el factor detonante" de la reacción de hinchas rojinegros.

Cuando llegaron policías y refuerzos, entre "ochenta y cien personas", se replegaron hacia las instalaciones del club. Entraron por la puerta 6 y desde el sector de los parrilleros efectuaron disparos hasta correrse a la zona que está detrás de la tribuna visitante, donde personal de Infantería y el Comando Radioeléctrico detuvo a ocho personas.

En un momento de esa escalada, un disparo realizado desde el club hirió a Orellano, de 30 años. El proyectil ingresó en el lado izquierdo del cuello y quedó alojado en su cuerpo, por lo que debió ser operado. No fueron lesiones con secuelas —estuvo un mes sin trabajar— pero pusieron en riesgo su vida. "No vi a nadie con armas, yo sólo escuchaba las detonaciones y sentí un fuerte ardor en el pecho y observé que tenía sangre", relató el efectivo.

El ataque al policía disparó un ingreso violento de los uniformados al club, donde se desató un pandemónium de tiros con armas tipo Itaka. Las familias que estaban en la pileta vivieron momentos de pánico. El piso quedó sembrado de cartuchos plásticos de las balas antitumulto.

Alrededor de las 17, un nuevo estallido se produjo con la llegada al club del ministro de Seguridad Raúl Lamberto, quien recibió una andanada de insultos de socios indignados con el accionar policial. Tras una reunión de las autoridades, se resolvió suspender el clásico, con el estadio de Arroyito colmado.

Reconocido en una fotografía

El único procesado, Jonatan Fernández, se presentó en Tribunales dos semanas después tras ser reconocido en un álbum policial. Fue señalado por un policía del Comando cuando hinchas leprosos efectuaron disparos en el palomar. A Fernández la jueza Lamperti lo procesó en base a esa sindicación fotográfica. Consideró “comprobado que habría efectuado un disparo calibre 22” con un arma que no fue hallada. Ese policía dijo que vio a un hincha con remera negra y mochila tirar desde atrás de una caseta del palomar y que luego dejó en manos de otros cómplices al ingresar al club. Aclaró que vio a ese tirador, pero no pudo ver quién fue la persona le disparó a Orellano.