Más problemas para Uribe, por espionaje a jueces y opositores

Lo hizo durante años el servicio secreto, que depende directamente del presidente.
Magistrados, políticos opositores y periodistas críticos del gobierno de Alvaro Uribe son víctimas de interceptaciones ilegales y seguimientos por parte del DAS, la policía secreta bajo mando directo del mandatario colombiano. Ante el hermetismo y evasivas de éste para asumir una responsabilidad frente a la situación, los afectados convocaron a instancias internacionales. Tres alfiles de Uribe ya son investigados y las miradas apuntan hacia el mandatario, para quien todo aquel que esté en desacuerdo con su política de seguridad democrática es sospechoso de tener vínculos con grupos rebeldes. La Policía Internacional, Interpol, anunció que corta todo vínculo con el DAS.

El polémico tema se suma a una serie de críticas al mandatario colombiano, como los negocios turbios de sus hijos, amparados por la majestad del cargo de su padre, y la desaparición y muerte de civiles por parte de miembros de su Ejército a cambio de prebendas, condecoraciones y días de permiso. Sin embargo, Uribe conserva una alta popularidad en las encuestas y sus aliados en el congreso se aprestan a aprobar la posibilidad de que éste se lance en 2010 a una segunda reelección. En un hecho sin precedentes en la historia, la cúpula del poder judicial se sumó a las denuncias de líderes de oposición y de periodistas críticos del régimen de ser víctimas de pinchaduras de sus teléfonos y seguimientos por parte de agentes estatales.

El tema fue abordado por el fiscal general, Mario Iguarán, quien luego de investigar a fondo, comprobó que éstas provenían del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), una policía que depende directamente de la Casa de Nariño, sede presidencial. "Lo que se encontró ahí es realmente preocupante y se constituye en el más vulgar de los irrespetas a la majestad de la justicia", señaló Iguarán.

La situación llevó a los presidentes de las Cortes de Justicia, Constitucional, Estado y Judicatura a solicitarle un "pronunciamiento directo sobre el grave asunto" a Uribe en la que éste manifestara su rechazo a la práctica de los pinchazos y su compromiso para develar y castigar a quienes estaban detrás de las mismas. Sin embargo, el presidente sólo aceptó sostener un encuentro privado con los magistrados y ordenó a su cuestionado vocero leer una declaración en la que ofrece recompensa de 90.000 dólares "por información para ubicar a los responsables de escuchas ilegales hechas desde el servicio de inteligencia", que fue calificada por la oposición de "entre cínica y risible".

El ex secretario general de la OEA, el ex presidente colombiano César Gaviria, líder del opositor Partido Liberal comparó el espionaje en su país con lo ocurrido en Perú bajo el gobierno de Alberto Fujimori. "Colombia corre el riesgo de salir del estado de derecho, con la inteligencia convertida en una maquinaria criminal", opinó Gaviria. Por el tema, más de una veintena de funcionarios del DAS, fueron destituidos, pero la oposición se pregunta no por quiénes hicieron las pinchaduras sino quién las ordenó. Uno de los destituidos, Jorge Lagos, ex jefe del DAS, implicó esta semana a dos estrechos asesores del mandatario: el ex asesor político de Uribe, José Obdulio Gaviria, y el secretario de la presidencia, Bernardo Moreno.

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