Problemas para salir del pantano.

Por: Néstor O. Scibona.

La promocionada reapertura del diálogo con los dirigentes rurales sólo sirvió para confirmar que el gobierno de Cristina Kirchner no tiene intenciones de cambiar las expectativas del sector agropecuario. Más allá del gesto de convocarlos, se ocupó de ratificar los ejes de una política que, en el último año, se tradujo en la pérdida de producción y de recursos fiscales, pero también de confianza y de votos.

La repetida ausencia de representantes oficiales en la Exposición Rural completó el cuadro: para el kirchnerismo, el campo sigue siendo el rival político-ideológico que lo desafió en 2008 y precipitó su primera derrota electoral, antes que el sector más dinámico de la economía. El palco de ayer en Palermo reflejó los resultados de este enfoque, que empuja a los ruralistas a actuar abiertamente como dirigentes políticos y a la oposición a alinearse detrás de sus reclamos.

Aunque el panorama luce similar al de 2008, hay diferencias importantes. Una de ellas es que, tras los años de bonanza, el Gobierno necesita mucho más del campo y de la producción agroindustrial para sacar a la actividad económica del terreno pantanoso en el que aterrizó después de la fuerte caída de fines de 2008 y comienzos de 2009. Con mejores señales económicas, y ayuda del clima, la producción agrícola podría protagonizar una rápida recuperación ahora que el contexto externo cambia para mejor, por lo menos para los principales mercados externos de la Argentina. La buena noticia es que China ha vuelto a crecer a tasas chinas y que en Brasil la recesión quedó atrás. La mala es que por obra y gracia de este crónico conflicto, las discrecionales intervenciones oficiales y la intrincada madeja de subsidios cruzados, el sector agropecuario se ha convertido en el monumento a la desconfianza. Cualquier excedente se transforma en dólares que se restan del circuito de inversión, producción y consumo, así como ocurre en otras áreas de la economía. Sin embargo, la impronta de Néstor Kirchner y de Guillermo Moreno prevaleció para que la reunión con los dirigentes de la Comisión de Enlace desembocara en otra decepción.

Si hubiera que atenerse a las declaraciones de Aníbal Fernández y de Débora Giorgi, el campo debería agradecer el apoyo del Gobierno, traducido en subsidios y en créditos por 21.000 millones de pesos en el último año y medio. Lo que no se dijo es que esa cifra surge de haberle extraído retenciones por 71.000 millones, aun a pesar de la sequía. Ni que, como consecuencia de esos dos factores, más las constantes intervenciones oficiales, la producción de granos se redujo más de un 30% en la última campaña; la de lácteos se estancó, y la ganadería sólo se dedicó a subsistir como pudo, mientras todos veían cómo los países vecinos ganaban los mercados externos que perdió la Argentina. Quienes en el Gobierno proponían aportar una cuota de oxígeno a la producción con la rebaja de retenciones para trigo, maíz y girasol debieron replegarse y hacer la venia ante las órdenes de Olivos. Estas rebajas, que ahora quedaron cajoneadas, hubieran sido relativamente baratas en términos de sacrificio fiscal porque en el último año los saldos exportables de estos granos se desplomaron. Si el campo no produce y exporta, el Estado no recauda.

Otra diferencia importante es que el Gobierno confirmó no tener margen fiscal para arriesgar un peso en rebaja de retenciones, aun cuando esa apuesta podría significar mayor producción, actividad y recaudación. Con el enfoque de caja del oficialismo, es mejor cobrar un 20% de 100 de exportación que un 10% de 200, aunque implique menor producción y problemas de abastecimiento interno (de trigo, por ejemplo). En este esquema, sería impensable una reducción de las retenciones a la soja, cuya recaudación representa más del 90% del total agrícola. Pese a la caída del 30% en esta campaña, el "yuyito" concentra casi la mitad de la producción de granos, debido a la retracción de los otros cultivos por falta de estímulos. La apuesta oficial es que sigan ayudando los precios internacionales, que subieron más del 30% en los últimos meses, y la silenciosa escalada del tipo de cambio, que ubica al dólar un 12% más alto que a fines de 2008.

Sin embargo, el futuro de las retenciones no dependerá sólo del Ejecutivo, sino del nuevo Congreso. Si no hay acuerdo antes del 24 del actual, el escenario previsible es que el oficialismo le endose a la oposición el costo político de marcar qué gastos cortar si pretende reducirlas sin complicar más el cuadro fiscal. Aun así, los opositores podrían retribuirle la atención con proyectos para derivar los cuantiosos ATN para cubrir el déficit de las provincias, como el que presentó el diputado Jorge Sarghini, podar aportes a Aerolíneas Argentinas, al gasto político clientelar o modificar la coparticipación de impuestos nacionales que vencen a fin de año.

Con este marco, pierde relevancia el único dato concreto que surgió de la reunión con la Comisión de Enlace: la promesa oficial de un acuerdo con productores y exportadores para no volver a cerrar las exportaciones de maíz y de trigo, así como las medidas para alentar la producción exportable de carnes. Se trata de un pequeño avance, que difícilmente contribuya a despejar la desconfianza instalada desde que Moreno tuvo vía libre para intervenir en el sector. No es fácil vaticinar cuántos se arriesgarán a invertir para aumentar la producción, después de dos años en los que nadie supo a cuánto iba a vender, si podría exportar ni cuántas barreras burocráticas debería atravesar antes de cobrar. El enésimo acuerdo para garantizar un precio de un peso por litro de leche a los tamberos, rubricado por CFK con un sector de productores, también fue un ejemplo de que el Gobierno no cambió: el subsidio de 20 centavos se aplicará sobre los primeros 3000 litros que produzcan los tambos que no superen los 12.000 mensuales. Nadie se ocupa de mejorar la producción si su principal preocupación es llenar planillas y gestionar cobros, como si se tratara de contratistas del Estado. Lo mismo vale para la producción ganadera.

La paradoja es que el Gobierno insiste en una estrategia intervencionista y fiscalista que requiere un replanteo. No hay más que recorrer el interior para advertir la parálisis que provocó el cóctel sequía-altas retenciones-regulaciones-subsidios cruzados, y su correlato sobre la industria, el comercio y el empleo, así como sobre la recaudación nacional, provincial y municipal. Después de la puesta en escena de este fin de semana, se está lejos de repetir la experiencia de 2002/2003, cuando la reactivación hizo punta en las zonas rurales y luego se extendió a los centros urbanos.

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