Problemas que no son menores

Las palabras hacen esclavo a quien las pronuncia, señala un viejo refrán popular. No se puede, luego, a través de aclaraciones de segundas líneas del gabinete, negar algo que realmente ocurrió. Algunos estudiosos de la memoria suelen indicar que hay casos de represión interna psicológica que impiden reconocer o verbalizar ciertos actos propios.
Se suele identificar en aquellas situaciones de víctimas de tormentos o persecuciones. Muchos memoriosos aluden a la experiencia de quienes pasaron por campos de concentración y que históricamente se conoce como la “shoah” o el holocausto.

Sucede entonces que, al no encontrarse un contexto de escucha para sus relatos, eligen el silencio. En el caso del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, ocurrió un proceso con etapas invertidas en ese sentido. O no encontró un contexto de escucha para sus declaraciones sobre imputabilidad o se transformó en un contexto de reproche o replica colectiva que, a la vez, reprimió toda posibilidad de aceptar el error.

En la reunión que distintas organizaciones sociales le arrancaron, marcha mediante, al jefe de Gabinete, Alberto Pérez, éste intentó aclarar que el gobernador no quiso decir lo que finalmente dijo o que quiso darle otro sentido. Sonó a subestimación de la inteligencia de cientos de representantes sociales, institucionales y políticos que replicaron a coro su disgusto por la victimización de los menores.

No fue el único episodio en una reunión por demás dura. Algunos dirigentes sociales presentes en esa reunión criticaron duramente por la ausencia de los ministro de Seguridad, Carlos Stornelli y de Salud, Claudio Zin. El primero por un aval implícito (para nada sorpresivo) a la política de baja de edad de imputabilidad y al segundo porque se veía venir, más que seguro, una andanada de protestas airadas por el incremento de la desnutrición en la Provincia, dato que no se puede sacar del contexto de esta asociación tan temida entre pobreza e inseguridad.

También hubo palos para otro ausente, como el jefe de Policía, Daniel Salcedo a quien se le recriminó haber obrado como fuente de datos estadísticos sobre delincuencia juvenil que, al decir de las organizaciones no tendría otro aval que la imaginación dado que no encontró aval en ningún estudio institucional serio. Ante esto, Pérez habría desautorizado el accionar “periodístico” de Salcedo, señalando que no hubo ningún encargue, al respecto, de esferas institucionales superiores.

La declaración de Scioli sufre altibajos y pasa por momentos de la agonía a la reanimación. Pero no parece haber voluntad de hacer prosperar un proyecto de esas características en el Congreso, donde, por otra parte, tendrían que denunciar el artículo 75 de la Constitución Nacional que, a través de la adhesión a la Convención de los Derechos del Niño, exige énfasis en la prevención más que en la represión.

La imputabilidad no alcanzó a ser el foco, como le hubiera gustado al oficialismo bonaerense, porque el verdadero eje de la polémica sigue siendo la inseguridad, que da lugar a reclamos, como ocurrió en algunos sectores del conurbano.

Tampoco se perciben las bondades de la nueva organización de la policía bonaerense y su subdivisión en cuatro áreas operativas, aunque bueno es señalar que el plazo de observación resulta aún prematuro para establecer conclusiones.

Scioli, mientras tanto, siguió hablando de la inseguridad y respecto de esa problemático siguió explayándose en México donde también tuvo oportunidad de dar clases sobre el curso histórico del capitalismo.

Historias repetidas

Pero bueno es también atender otras frases del mandatario. Porque otra las declaraciones admiradas por algunos, polémicas o poco felices para otros, fue la de identificar a las villas de emergencia como “aguantaderos” de delincuentes. Una nueva forma de estigmatizar a un sector social que siempre suele ser golpeado cuando se habla de inseguridad.

Cabe recordar, al respecto, uno de los más importantes debates televisivos que existieron desde el advenimiento de la democracia. Ocurrió en 1987 ante dos candidatos que venían sin darse ventajas antes de cruzar la recta final.

Uno de ellos el radical Juan Manuel Casella que, en las encuestas venía con presunta ventaja, se animó a relacionar la existencia de villas con la delincuencia. Aún no se sabe si ese fue el exacto sentido que él quiso darle, pero fue el interpretado por la opinión pública.

Con años en sus espaldas cargados de una gran experiencia, su rival de entonces, el justicialista Antonio Cafiero atrapó al vuelo esa frase para luego endilgarle a Casella “el viejo prejuicio gorila de los radicales de atacar a los pobres como si fueran delincuentes”.

Pudo sonar demagógica tal alusión, pero fue la primera experimentación clara de cómo aprovechar, con el efectista discurso televisivo, una supuesta debilidad del adversario que luego no supo como retrucar. Es hasta el día de hoy que muchos atribuyen a ese reflejo del ex gobernador y ex senador la recuperación de varios puntos porcentuales en la intención de voto.

El ejemplo anecdótico puede despertar alguna inquietud en quienes ya dieron vuelta la esquina de los cuarenta, pero viene al caso por dos cuestiones. La primera es que ya se hablaba de la pobreza como uno de los factores más influyentes en la inseguridad. Curiosamente un radical uso una frase tal vez inapropiada para un debate, pero lanzó una hipótesis descartada por su rival peronista que hasta sacó rédito político de la situación. La segunda cuestión se debe relacionar con el factor tiempo. Porque ese debate tiene 21 años y, salvo excepciones, no se puede describir una situación de caída de pobreza estructural. Hay que aclarar que, por entonces, no era muy de moda aquellos índices numéricos que establecen sólo en términos de poder adquisitivo cuando se es pobre o indigente.

Por un lado, Scioli estaría más cerca de Casella que de Cafiero con su comentario acerca de los aguantaderos y nuevamente reluce más el traspié. Sobre todo cuando se generaliza a los habitantes de esa zonas de emergencia. Posiblemente hay –como en aquellas zonas altamente urbanizadas donde también hay estafadores, por caso- mucha gente que desea un camino sin conflictos con la ley, pero que son víctimas del contexto delictivo. En conclusión, la declaración del mandatario es una clara confrontación con un sector social que siempre creyó en el partido político que llevó a Scioli al gobierno, pero recibió a cambio no sólo la indiferencia sino la frustración. (www.agencianova.com)

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