Privados dispuestos a contribuir A la erradicación de la pobreza

El sector privado de Jujuy tomó con beneplácito las intenciones oficiales de desarrollar un plan estratégico de gestión que tenga como finalidad diseñar un perfil productivo local, dejando progresivamente el concepto de una provincia meramente estatal.
Pese a que de lleno se ingresó en el año del Bicentenario, hay quienes recuerdan aquel compromiso asumido en el año 2004 en San Miguel de Tucumán por parte de los gobernadores y actores privados del Noa para comenzar a instrumentar una Agenda de Desarrollo Sustentable 2016 en la región a través de la aplicación de medidas destinada a erradicar la pobreza, la desnutrición y el hambre.

Aquel impulso dado inicialmente por empresarios e industriales de la región, encontró la rápida adhesión de los respectivos gobiernos y particularmente de la Iglesia, cuyos principales referentes venían y aún vienen dando una mirada crítica hacia las políticas públicas para con este flagelo.

Si bien ya transcurrieron 6 años de aquella cita en la capital tucumana, hubo administraciones provinciales que avanzaron mucho en ese sentido como Salta o Catamarca, y otras que no tanto, como en el caso de Jujuy debido a las dificultades fiscales y financieras, la que se agravó con la protesta de empleados públicos y la noticia de que existe una altísimo déficit financiero por casi 800 millones de pesos para el presente ejercicio 2010.

Además, informes económicos daban cuenta de la ecuación 1 empleado público por cada empleo privado, cuando la ecuación normal y que presentan otras jurisdicciones, dan cuenta de un empleado público por cada 5 o 6 empleados privados.

A esa realidad llegó Jujuy y con el ranking promedio de mayor beneficiarios de planes sociales, lo cual denota el nivel de desempleo existente.

Más allá de las falencias de las políticas públicas desde que se restauró la democracia en la provincia y que contribuyeron a generar este presente, existe aún la voluntad oficial de cambiar el perfil de provincia, apostando una dinámica productiva. Las recientes expresiones del gobernador Barrionuevo despertaron ciertas esperanzas cuando apeló en oportunidad de la asunción del nuevo ministro de Hacienda, a trabajar en un plan estratégico de gestión que apuntale las inversiones del sector privado, creando por ende genuinas fuentes de trabajo para que de ese modo no sean las organizaciones sociales ni los empleados públicos quienes se conviertan inexorablemente en ejes temáticos de los medios de comunicación cada vez que protestan.

Como se redujo la recaudación nacional por efectos de la crisis internacional, se redujeron los fondos a las provincias lo cual se nota en la paralización de algunas obras, en la demora en el inicio de pago de sueldos y en el peregrinar por la Casa Rosada para que se adelanten recursos. Además, los gastos en Personal, o sea empleados públicos provinciales, representan casi el 70 % del Presupuesto aprobado recientemente por la Legislaturar.

Así con esos parámetros no se puede avanzar en ir cumpliendo parte de la Agenda de Desarrollo Sustentable 2016. Pasará el año del Bicentenario por el 1810, pero quedan por delante otros 6 años para ir planificando y aplicando medidas que den certeza a aquella acta de agosto del 2004 suscripta para erradicar la pobreza, la desnutrición y el hambre de la región, como así también para promover la educación primaria completa y el aumento de los años de escolarización, entre otros objetivos.

De manera que cobra relevancia aquellas expresiones de Barrionuevo cuando destacó la necesidad de avanzar en un Plan Estratégico de Gestión y que muchos lo relacionan con el Plan Estratégico Territorial pergeñado desde la Secretaría de Planificación del Ministerio de Infraestructura.

En la búsqueda de

la inversión genuina

El gerente de la Unión Industrial de Jujuy, Ernesto Altea, consideró que el anuncio del plan estratégico de gestión por parte del gobernador Walter Barrionuevo ‘abre una expectativa favorable en el sector productivo’ en la búsqueda de inversiones genuinas que posibiliten otro perfil de la provincia.

Altea fue en el año 2004 uno de los partícipes y promotores de aquella Agenda de Desarrollo Sustentable 2016 junto a otros sectores empresarios de la región del Noroeste, con la intención de involucrar a los respectivos gobiernos provinciales y del ámbito privado en una frontal lucha contra la pobreza, la desnutrición y el hambre, flagelos muy arraigados en las provincias del Noa.

A partir de allí cada jurisdicción se había trazado objetivos en ese sentido aplicando en algunos casos las medidas pertinentes.

Hoy a seis años de aquella acta suscripta en San Miguel de Tucumán y de la que fue parte también Jujuy, recuerda que Salta ‘hizo propia la idea fundacional y trabaja en eso, con programas para el sector productivo y para el sector público, como la mejora en la calidad del servicio público y el empleo. Catamarca también tiene planes a largo plazo, siendo el sector productivo el más involucrado con el impulso a la minería y el turismo’.

Y en el caso de Jujuy, ‘debemos decir que se adoptaron decisiones no a consecuencia de dicha acta, sino de planificaciones, como el caso del plan de turismo sustentable a cargo de la Secretaría de Turismo y el Plan Estratégico Territorial de la Secretaría de Planificación que prácticamente pone orden en la obra pública y en el ordernamiento de las tierras verdes o fértiles de la provincia’.

‘No son logros menores, al contrario, son la base para cualquier planificación, junto al último anuncio del Gobernador (en oportunidad de la asunción del nuevo titular de Hacienda) que indica la clara voluntad política del Ejecutivo de tener un plan estratégico de gestión para el desarrollo de su producción, como el definir qué tipo de minería se va a hacer o qué tipo de producción agropecuaria se alentará para los próximos años’.

De modo que ‘hay avances, que no lo adjudico al Plan para el Desarrollo Sustentable porque son cosas que se pueden relacionar, pero estamos avanzando en el camino correcto, en mayor o menor velocidad se lo puede ir haciendo’.

En relación a aquellas conversaciones de Barrionuevo con los sectores productivos a poco de asumir en sus funciones, Altea opinó que en aquella ocasión ‘no hubo conclusiones, lo que se hizo solamente fue una apertura del diálogo, con lo sectores productivos y sociales pero esto lo que anunció el gobernador recientemente desde el punto de vista el sector productivo, proponiendo un plan participativo a largo plazo es auspicioso’.

Cambiar el perfil de la provincia es una meta principal para este gobierno o el que vendrá, porque en la actualidad, ‘la desproporción entre el sector público y privado es importante, porque no es solamente un deseo del gobierno que sintamos la imperiosa necesidad de encontrar otro camino, otro perfil de provincia, que es la inversión y el trabajo genuino, y eso se hace con la participación del sector privado’.

Por lo tanto, ‘la iniciativa del gobernador es positiva, por lo menos para el sector productivo nos abre una expectativa optimista. Estamos dispuestos a contribuir con nuestra opinión y participación abierta, convencidos de que ese es el camino adecuado, dándole un perfil productivo a la provincia de Jujuy para generar 10 o 15 mil puestos de trabajo por año, de acuerdo al Plan Estratégico Territorial de la Secretaría de Planificación para ir resolviendo el problema de fondo que es la pobreza y el desempleo’.

Preocupación por mora en un recurso inconstitucional

Pasó el último mes del año y el Superior Tribunal de Justicia no se expidió aún en relación al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores radicales sobre un artículo del Presupuesto 2009 que limitaba solamente las rendiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda a la jurisdicción K.

Recordemos que los diputados del radicalismo solicitaron al Superior Tribunal de Justicia que declare inconstitucional el articulo 35, segundo párrafo de la ley 5608, en tanto que dispone la modificación del articulo 91 de la ley 4958 "De Administración Financiera y Sistemas de control para la Provincia de Jujuy".

Ingresado ahora en el terreno de la feria judicial de enero, lo que se preguntan legisladores es si habrá voluntad de expedirse una vez reanudado la actividad en febrero, toda vez que hace pocos días la Legislatura aprobó el Presupuesto 2010 y sobre el cual también rige la norma que permite al Ejecutivo solamente informar a la Comisión de Finanzas sobre dicha jurisdicción K, un breve detalle de números que no van al fondo del uso que hace el Ejecutivo sobre los recursos del Estado presupuestados.

A mediados de diciembre se cumplió una audiencia ‘conciliatoria’ en el Poder Judicial, a los fines solamente de que los diputados respondan las argumentaciones de Fiscalía de Estado que cuestionó la legitimización representatividad de los legisladores al sostener que no son afectados directos por la norma.

Tamaño argumento que se interpretó como una estrategia de dilación de la causa judicial por cuanto no se va al fondo de la cuestión que es la inconstitucionalidad de la ley. Ante el hecho de que antes de fin de año no hubiera ninguna resolución demuestra, se estima que el expediente tardará en definirse.

Apoderados del radicalismo expresaron que cualquier habitante de la provincia se encuentra legitimado para interponer acción de inconstitucionalidad, ya que la Carta Magna local contiene numerosos preceptos que avalan esta tentativa, además existe jurisprudencia provincial en este sentido.

A principios de octubre del 2009, diputados de la UCR presentaron ante el Superior Tribunal de Justicia un pedido de inconstitucionalidad del artículo 35 de la ley de Presupuesto 2009, que prevé que el Gobierno Provincial deberá presentar sólo la cuenta de inversión del Tesoro Provincial y no la ejecución del total de los recursos del Estado.

En el Presupuesto 2009 se incorporó el artículo 35 que prevé que el Ejecutivo Provincial deberá presentar como mínimo en lo que hace a la Cuenta de Inversión, solo la ejecución del Anexo K, siendo este anexo la jurisdicción del Tesoro Provincial, que representa solo un 20% del total del presupuesto. Es decir, hay un 80 % de información que se desconoce.

La Constitución Provincial obliga al Poder Ejecutivo a presentar el estado de ejecución de todos los recursos del Estado en forma trimestral a la Legislatura de la Provincia y al Tribunal de Cuentas. Pero, desde el año 2003 no se remitieron las cuentas de inversión a la Legislatura Provincial, pretendiéndose que con la sola presentación de la ejecución de la jurisdicción del Tesoro provincial, se dé por cumplimentada esta obligación, hecho que se cuestiona en los tribunales.

Comparado en números, la Jurisdicción K del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2009, autoriza como monto total de crédito la suma de $ 474.788.490 frente a un total de Presupuesto para la provincia de $ 3.358.850.344. De manera que limitar la obligación de rendir cuentas del Ejecutivo al primer monto antes mencionado significa lisa y llanamente, despojar al Poder Legislativo de la posibilidad de control respecto de gran parte del gasto que realiza la Provincia.

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