Prisión domiciliaria para ciudadanos cercados por la inseguridad

El anuncio del intendente Buzzi para formular pedido de juicio político a tres jueces de Comodoro Rivadavia retrotrae el candente tema de la necesidad de modificar normas para hacerlas más estrictas y afines a una situación de inseguridad que desborda a la ciudadanía.
Aunque también es cierto que en no pocas ocasiones se cuestionó a los magistrados por no aplicar una dosis de sentido común a la fría letra de la ley. En el Poder Judicial hubo reacciones de mesura ante la novedad, ya que por un lado se valoró la posibilidad de que en la provincia exista un mecanismo que permita evaluar de modo directo la conducta de los jueces, al tiempo que hubo también menciones a la necesidad de restar margen de discrecionalidad a los jueces a la hora de resolver sobre la situación de sujetos particularmente peligrosos.

"No hay que provocar una reacción corporativa y menos en hechos que todavía no han sido determinados como tales, en todo caso lo saludable es que el sistema de evaluación y sanción de jueces en la provincia permita la revisión de las conductas de los magistrados en el ejercicio de sus cargos", ponderó una calificada fuente del Poder Judicial.

Desde la Asociación de Magistrados no hubo comentarios oficiales sobre el tema, si bien trascendió que estaba programada una reunión en la ciudad de Trelew, convocada desde antes de conocerse la novedad de ayer en Comodoro Rivadavia, aunque la misma podría haber sido tratada anoche.

Por su parte el Consejo de la Magistratura tiene previsto reunirse el lunes en Trelew, en el marco de sus actividades programadas, por lo que podría concretarse en esa oportunidad el ingreso de la denuncia anticipada por el jefe comunal.

Sólo Tasello es jueza penal efectiva

De las tres juezas mencionadas por Buzzi, sólo una podría afrontar el mecanismo de juicio por destitución, en caso de que la denuncia prospere. En efecto, sólo Raquel Tasello es jueza penal efectiva en el cargo y por lo tanto la ampara la inamovilidad del cargo, salvo que un jury de enjuiciamiento determine su remoción. Tanto las juezas Julia Lescano como Margarita Pfister (si es que tuvieron intervención en los hechos que cuestionó Buzzi) son juezas de Refuerzo, es decir que han sido nombradas para cubrir determinadas causas y por períodos acotados (si bien la segunda lleva varios años en la función, aun después de haber desaprobado el concurso para acceder al cargo de juez para el que rindió en el año 2005). Tal categoría permite que, en caso de que se verifique un incumplimiento en el ejercicio de sus funciones, podrían ser cesadas en el cargo sin enfrentar el mecanismo constitucional del jury.

Tasello es jueza penal concursada y por tanto, si se presenta una denuncia en su contra tal como anunció el intendente Buzzi, el Consejo de la Magistratura deberá designar un sumariante para que verifique el proceder por el que está acusada. Si se verifican hechos que permitan presumir incumplimiento de sus deberes, sólo en ese caso podría derivar en la formación de un tribunal de enjuiciamiento.

Las expresiones públicas del intendente sostienen que estas magistrados han beneficiado con penas de "prisión domiciliaria" (una penalización que en la práctica, por la falta de medios y personal policial suficiente para la custodia y verificación de ese "castigo", resulta poco menos que irrisorio) a Cristian "Chucky" Monsalvo, un joven de frondoso prontuario policial y cuya peligrosidad ha quedado expuesta en su tristemente célebre y corta historia de vida. No viene al caso, pero en tren de reflexiones se puede pensar cuántos de esos pequeños y potenciales "chucky" hay hoy en calles libradas a la ley del más fuerte, ganadas por la marginalidad creciente y una violencia urbana que se reproduce en diversos niveles.

Derecho penal y derecho ciudadano

El mandatario reconoció que las decisiones cuestionadas pueden estar ajustadas a derecho, pero no a lo que requiere la comunidad para obtener seguridad.

Algunas de las fuentes consultadas en la tarde de ayer dieron cuenta de que las decisiones judiciales están enmarcadas en leyes vigentes, por lo que coincidieron en la necesidad de modificar el marco normativo vigente, pero también en la posibilidad de que los propios jueces se pongan en el lugar de las "futuras víctimas" cuando deben resolver sobre la liberación de un sujeto sometido a proceso.

En ese marco, una de las opiniones escuchadas daba cuenta de la posibilidad de que la legislación sea modificada para reducir el marco de discrecionalidad de los jueces, es decir una determinación taxativa de qué hacer en ciertas circunstancias antes que dejarlo librado al entendimiento y conciencia de los magistrados.

El marco constitucional vigente privilegia la libertad de los individuos hasta que un juicio demuestre su responsabilidad en el hecho de que se los acusa, pero prevé que mientras ese juicio se concrete pueden permanecer detenidos, siempre que exista "peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación".

Cuando se trata de casos como el de referencia, resulta difícil entender qué parte de la discrecionalidad de un juez les lleva a creer que ciertos conocidos sujetos no van a incurrir en alguno de los causales que fundamenta privarlos de la libertad.

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