El proyecto lleva las firmas de los diputados Carlos Kunkel, Diana Conti, Andrea García, María Teresa García, Graciela Giannettasio, Gastón Harispe, Adriana Puiggros, Gloria Bidegain, Luis Cigogna y Dulce Granados.

En la oficina de Kunkel le confirmaron a LPO que el proyecto será ingresado al recinto en las próximas horas, aunque no tienen claro cómo ni cuando será el tratamiento.

Con este 24 por ciento de las acciones, el Estado lograría tener la mayoría accionaria de la empresa y le arrebataría el control al Grupo Clarín, que actualmente cuenta con el 49 por ciento de esas acciones. El Estado tiene hasta ahora el 27,46 por ciento más el 0,62 de la agencia Télam. Es decir, que si el proyecto avanaza logrará el control total de la empresa. La Nación tiene el otro 22,49 por ciento.

El segundo de los siete artículos del proyecto establece que “deberá dejarse constancia que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros”.

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El proyecto para expropiar Papel Prensa

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“Los procesos de expropiación estarán regidos por lo establecido en la Ley 21.499 y actuará como expropiante el Poder Ejecutivo Nacional”, indica el artículo 3. Más adelante se explica que “el precio de los bienes” a expropiar se determinará de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la mencionada ley. “La tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nació”, completa.

El proyecto también indica que la empresa Papel Prensa “continuará operando como sociedad anónima abierta” y no le será aplicable la “legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación”.

Por último, se establece que una vez promulgada la ley, la Comisión Nacional de Valores “convocará a una Asamblea de Accionistas a efectos de tratar (…) la remoción de la totalidad de los directores titulares y suplentes y de los síndicos titulares y suplentes y la designación de sus reemplazantes”.

En diciembre de 2011, el kirchnerismo ya había aprobado una ley con la que pretendió controlar la producción, distribución y comercialización del papel para diarios que se produce en esa empresa. Sin embargo, hasta ahora no hubo avances concretos sobre este asunto y los accionistas privados siguieron manejando la producción sin ningún control estatal.