Ante los atrasos en los pagos que acumulan los organismos estatales y la presión gremial para frenar los despidos, las empresas constructoras han quedado inmersas en una atípica guerra interna de precios para ver quién se queda con las primeras adjudicaciones de obras de infraestructura del gobierno macrista.

La incipiente pelea entre las contratistas de obras públicas se puso en evidencia en las licitaciones que lanzó al ruedo la empresa estatal AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) para la ampliación de los servicios en el partido de Lomas de Zamora.

 

La fuerte competencia desatada entre las constructoras que buscan aferrarse a un contrato significativo en medio del actual parate económico derivó en que, por primera vez desde la década del 90, la mayoría de las ofertas en juego quedaran por debajo del presupuesto oficial y que las propuestas ganadoras hayan sido hasta un 22% más bajas que las sumas que habían calculado pagar como máximo los técnicos de AySA.

La empresa CN Sapag, de la familia del ex gobernador neuquino fue una de las ganadoras, con una oferta que fue 102 millones más barata que la de Carlos Wagner, el denunciado ex presidente de la Cámara de la Construcción.

 

Los dos casos que llamaron la atención tanto de los funcionarios, como de los propios empresarios de la construcción se registraron en las recientes licitaciones que apuntan a extender la cobertura de las redes cloacales en el Gran Buenos Aires.

 

En el primer caso, se trata de la obra para la “red secundaria cloacal de Fiorito” que AySA llamó a licitación pública nacional con un “presupuesto oficial de 220.434.319 pesos más IVA”.

 

Hubo cinco ofertas y todas se ubicaron por debajo del presupuesto oficial.

 

La ganadora de la obra fue la empresa IWBAIRES SA –que controla el actual vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss-- con una oferta de 173,8 millones de pesos, un 21% menos que lo previsto por AySA.

 

En tanto, en la licitación de la “red primaria cloacal de los colectores Budge y Cementerio del partido de Lomas de Zamora” también hubo grandes sorpresas a la hora de abrir las ofertas que tenían asignado un “presupuesto de 168.797.635 pesos más IVA”.

La disputa se dio entre 11 oferentes, de los cuales 5 presentaron cotizaciones de sus trabajos que no llegaron a alcanzar los precios que habían estimado los funcionarios.

 

La que festejó con la adjudicación de la obra fue la neuquina CN Sapag, la constructora de la familia Sapag que hasta ahora no había podido entrar en el círculo de los contratistas de AySA.

 

Ganó con una oferta de 131,8 millones de pesos, un 22% menos que el valor de referencia que se había estipulado en el presupuesto oficial.

 

Además, la oferta ganadora le sacó una diferencia de 102 millones de pesos a la cotización más elevada de 233 millones de pesos que presentó Esuco, la empresa de Carlos Wagner, el ex titular de cámara de constructores que fue recientemente señalado por el “arrepentido” Leonardo Fariña como uno de los artífices de los negociados y los “repartos” de las obras públicas que se registraron durante la administración kirchnerista.

 

Para los directivos de AySA y los funcionarios de Obras Públicas, los bajos valores que surgieron de las licitaciones responden al nuevo “clima de negocios y a las reglas de juego más transparentes” que se implementaron con el gobierno macrista.

 

Según la “idílica” evaluación oficial, las ofertas inferiores a los presupuestos oficiales también se explican por el hecho de que ahora las empresas no tienen que desembolsar los “peajes” que existían en el ex ministerio de Planificación de Julio De Vido cada vez que se licitaba una obra.

 

En cambio, desde las constructoras y los especialistas del sector señalan otra posible explicación a los sorpresivos montos de las ofertas.

 

Sostienen que hay muchas empresas que están casi en la lona y necesitan en forma urgente cazar alguna obra para tomar aire y poder cobrar los anticipos que le permitan atender sus obligaciones prioritarias.

 

Y advierte que el gran riesgo de las ofertas tan bajas es que a los tres o cuatro meses de iniciadas, las obras comiencen a pararse por no poder afrontar los costos y aparezcan los pedidos de redeterminación de precios que pueden llevar más de un año de trámites y negociaciones.